60 de los 350 diputados del Congreso declaran ingresos por alquilar propiedades; es decir, uno de cada seis. Son datos obtenidos de un análisis de las declaraciones de bienes que ha publicado infoLibre, y llegan justo a las puertas de la votación de los decretos de vivienda.
El 17,14% de la Cámara cobra rentas de arrendamiento. Y puede haber más, porque muchos rellenan la declaración de cualquier manera y el Congreso no la revisa ni la corrige, así que el porcentaje real es una incógnita. Las declaraciones son públicas y se presentan ante el Congreso, por eso se puede obtener esta información.
Para entender la magnitud de esto, si esos 60 se juntasen en un grupo parlamentario propio, serían el tercero de la Cámara. Superarían a Vox y a Sumar juntos, que tienen 32 y 26 diputados en sus grupos, respectivamente.
Por partidos, el reparto es desigual, pero con un patrón claro: el PP lidera con el 19,71% de sus diputados rentistas, seguido de Vox (18,75%) y el PSOE (15,70%). La excepción es Sumar, con un 3,85%: un único diputado, Vicenç Vidal, que llegó con Més per Mallorca y declara 8.400 euros al año por una vivienda.
De Sánchez y Feijóo a los 36.000 euros de Cobo
Entre los que cobran alquileres hay caras conocidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara 8.400 euros anuales por arrendamientos; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo más de 5.500. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también declaró ingresos por alquilar una vivienda cuando era diputada.
Uno de cada seis diputados cobra alquileres y la Cámara que decide las reglas de la vivienda no parece que revise ni una de esas declaraciones
Y no todo lo que se alquila son pisos. Hay locales, oficinas y plazas de aparcamiento en las declaraciones: Josep Maria Cervera (Junts) ingresa 12.000 euros al año por un local comercial; Fernando de Rosa (PP), 15.500 por oficinas; Carlos Alberto Sánchez (PP), 15.000 por plazas de garaje. Juan Antonio Rojas (PP) declara algo más de 3.700 euros por un alquiler que él mismo describe como 'vacacional'.
El que más ingresa es Manuel Cobo (PP), con más de 36.000 euros anuales por varias propiedades de las que posee el 25%. Le siguen dos compañeros de partido: Isabel María Borrego, con 28.300 euros, y Carlos Rojas, con 24.390.
Las declaraciones también dejan ver movimientos dentro de la legislatura. Guillermo Mariscal y Ester Muñoz, ambos del PP, se han convertido en rentistas sobre la marcha. Él compró un piso en Telde (Gran Canaria) en 2024 y declara 13.500 euros al año, y ella una vivienda en Badajoz en 2025 por la que dice ingresar 6.600.
En el lado contrario, el ministro Óscar Puente dejó de declarar 2.600 euros anuales que sí anotó en 2023 por un apartamento. Tampoco está claro el caso de Francesc-Marc Álvaro (ERC), que declara 1.056 euros por su único piso... pero su grupo no ha aclarado si la cifra es anual o mensual.
Los diputados votan los decretos de vivienda
Es más que curioso poner en contexto estos datos dada la situación actual de tensión tras el desahucio de Maricarmen del barrio madrileño de Retiro el pasado 23 de septiembre, que desató protestas en varias ciudades y desde el 26 de septiembre hay una acampada en la Puerta del Sol que se mira en el 15-M.
Ante ese escenario, el Gobierno ha respondido con dos decretos de vivienda que incluyen la prórroga automática y el tope a los desahucios y que el Congreso vota este viernes, con Podemos y Junts como socios imprescindibles y el resultado todavía abierto.
PSOE y Sumar cerraron este martes al filo de las 11:00 horas un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda en la reunión del Consejo de Ministros, que tuvo que arrancar con retraso por las diferencias entre ambos socios, pero existe otro pacto con Junts y se entiende que es probable que uno tenga más dificultades que el otro para salir adelante. El resultante del pacto entre PSOE y Sumar, que incluye medidas más progresistas, tendrá complicada la convalidación a priori.
En cualquier caso, no consta ni un caso de diputado sancionado por rellenar mal su declaración, pese a que los fallos son habituales en este sentido. La obligación de actualizarlas cuando cambia el patrimonio existe, pero nadie comprueba después que se cumpla, algo que puede indignar a la ciudadanía en pleno debate sobre el conflicto de intereses de la clase política con el tema de la vivienda en nuestro país.
