Más de 1.500 menores llegaron a Ceuta en apenas una semana, y la ciudad autónoma exige al Gobierno central más recursos para verificar sus edades.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. La avalancha de llegadas del 30 de julio ha saturado los servicios de protección de menores y generado un riesgo real de que adultos se cuelen entre los niños, lo que complica la respuesta humanitaria y de seguridad.
Por qué Ceuta exige más medios para las pruebas de edad
El Instituto de Medicina Legal de Ceuta cuenta con siete profesionales habilitados para estas pruebas, de los cuales solo tres son médicos forenses. Estos funcionarios no solo realizan las determinaciones de edad; también se ocupan de valoraciones judiciales, autopsias y otras pericias médicas. Con 1.500 nuevos casos en una semana, el sistema está al límite. Las pruebas no pueden esperar: distinguir entre un menor y un adulto es clave para asignar los recursos adecuados y proteger a los menores. Estas pruebas, que incluyen exámenes óseos y revisiones médicas, pueden demorarse días con la plantilla actual.
Un colapso que amenaza la protección de los menores
La avalancha de llegadas del 30 de julio ha desbordado los servicios asistenciales. Los servicios de medicna legal apenas cuentan con tres forenses y el resto de profesionales no pueden asumir todas las pruebas. El temor de las autoridades ceutíes es que adultos se hagan pasar por niños y accedan a centros de acogida, lo que pondría en riesgo la seguridad de los menores y la credibilidad del sistema de protección. Ceuta ha comenzado a trasladar a algunos menores a la península para aliviar la presión, según fuentes locales, pero el problema de fondo sigue sin resolverse.
Mientras tanto, la presión sobre los centros de acogida es insostenible. La normativa impide que un menor pase más de 72 horas en dependencias policiales, lo que añade urgencia a las pruebas. Si no se actúa con celeridad, el sistema colapsa y los niños quedan desprotegidos, advierten fuentes judiciales. La falta de forenses retrasa las determinaciones de edad y bloquea cualquier otra diligencia legal, agravando la situación.
Los servicios médicos apenas disponen de tres forenses para examinar a 1.500 recién llegados y evitar que adultos se cuelen entre los menores.
Lecciones de otras crisis migratorias que Ceuta no quiere repetir
No es la primera vez que una comunidad autónoma se ve desbordada por la llegada de menores no acompañados. En 2020, Canarias vivió una situación similar con miles de menores tutelados que obligaron al Gobierno a improvisar soluciones de reparto entre regiones. Aquella experiencia demostró que la falta de agilidad en las pruebas de edad y en la distribución territorial agrava el problema y genera tensiones políticas.
Ahora Ceuta pide que no se repitan los mismos errores y reclama fondos extraordinarios para contratar más forenses y agilizar los exámenes. El Gobierno central, por su parte, aún no ha concretado una respuesta más allá de las transferencias puntuales. El artículo 35 de la Ley de Extranjería, complementado por la definición de menor no acompañado, establece la obligación de proteger a estos chicos, pero no detalla mecanismos de financiación ni de reparto en situaciones de emergencia. Ese vacío legal sigue sin resolverse tras años de crisis intermitentes. Además, la falta de un protocolo nacional unificado para las pruebas de edad complica aún más la situación, ya que cada comunidad tiene sus propios criterios y eso ralentiza los procesos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Ceuta exige más recursos al Gobierno para agilizar las pruebas de determinación de edad tras la llegada de 1.500 menores en una semana.
- Por qué te importa: La saturación del sistema pone en riesgo la protección de los menores y facilita que adultos se cuelen, desbordando los servicios y generando un problema de seguridad.
- A quién afecta: A los menores tutelados, a los trabajadores de los servicios sociales y a la credibilidad del sistema de protección de menores en toda España.
- Hacia dónde vamos: El Gobierno deberá decidir si moviliza fondos extra o si la situación se enquista, con el riesgo de repetir los errores de la crisis canaria de 2020.
