Si eres mujer y resides en Andalucía, la decisión que acaba de tomar Juanma Moreno te afecta directamente. El Gobierno andaluz ha entregado a Vox las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, los equipos de psicólogos, forenses y trabajadores sociales que emiten informes periciales sobre mujeres maltratadas para los juzgados. La medida quedó plasmada en los decretos de estructura de la Consejería de Justicia, aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado jueves 30 de julio, y supone un salto cualitativo en el control ultra sobre la lucha contra la violencia machista.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a los procedimientos judiciales y a la protección de miles de mujeres víctimas de violencia de género, con un cambio directo en la orientación de los informes periciales y en la composición de los equipos que los elaboran.
Qué son estas unidades y por qué importa su traspaso
Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependen del Instituto de Medicina Legal y están formadas por personal público —psicólogos, forenses y trabajadores sociales—. Su función es elaborar informes psicosociales que los jueces utilizan para decidir sobre órdenes de protección, custodia de menores o concesión de ayudas. Ahora, toda esa maquinaria queda en manos de la Consejería de Justicia que pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, un dirigente que ha calificado estos servicios de “chiringuitos ideológicos”. La consejería también ha asumido la elaboración de protocolos de actuación en violencia de género y la gestión de los equipos psicosociales de menores.
La obsesión de Vox desde 2019: depurar el 'sesgo ideológico'
La toma de control no es casual. Ya en 2019, con sus primeros 12 diputados en el Parlamento andaluz, Vox pidió la lista nominal de los trabajadores de estas unidades y de los equipos de familia y menores. Su objetivo era identificar a los “profesionales no cualificados y altamente ideologizados”, como escribió entonces el juez y candidato ultra Francisco Serrano. Aquella solicitud chocó con la Ley de Protección de Datos y nunca se entregó. Siete años después, la formación de Santiago Abascal no solo conoce los nombres, sino que dirige el servicio.
El pacto de gobierno PP-Vox suscrito esta legislatura incluye el compromiso de “revisar y, en su caso, derogar” las leyes autonómicas con “sesgo ideológico”, un concepto que en boca de Vox abarca la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia de Género y la Ley Trans. De momento, la única derogación explícita es la de la Ley de Memoria Histórica, pero el control de las unidades de valoración abre la puerta a cambios orgánicos sin tocar la norma.
Vox gestiona desde ahora los informes que determinan si una mujer recibe protección judicial; en 2019 pidió los nombres de los funcionarios que los redactan.
Un margen estrecho pero una carga simbólica enorme
Jurídicamente, la capacidad de maniobra de Gavira es limitada. La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”: gestiona medios materiales y humanos, pero no puede dar órdenes a los funcionarios ni alterar las competencias que corresponden al Estado. No obstante, sí podría modificar o suprimir las unidades de valoración, reguladas por un decreto autonómico, lo que provocaría un choque con los sindicatos y, previsiblemente, con el propio PP.
Fuentes del PP andaluz han justificado la cesión argumentando que Justicia era el departamento que menos “despliegue ideológico” permitía a Vox. Sin embargo, la decisión tiene un indudable valor político: el partido que niega la violencia de género como concepto estructural controla los servicios que evalúan a sus víctimas. Además, el acuerdo incluye también la gestión de los centros de internamiento de menores infractores, lo que permitirá a Vox confrontar su discurso contra los menas con los datos reales.
La medida no es solo un movimiento administrativo; coloca a Vox en una trinchera desde la que puede influir en cómo se protege a las mujeres maltratadas. El próximo paso será ver si los nuevos responsables mantienen la estructura actual o impulsan cambios en los protocolos de actuación, en un contexto de tensión permanente con las políticas de igualdad.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha traspasado a Vox las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia.
- Por qué te importa: Los informes de estas unidades condicionan órdenes de protección, custodias y ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia machista.
- A quién afecta: A todas las mujeres andaluzas que recurren a la justicia tras sufrir malos tratos y a sus hijos, que dependen de evaluaciones ahora supervisadas por Vox.
- Hacia dónde vamos: Habrá que seguir la posible modificación de los decretos que regulan estas unidades y la reacción de los funcionarios y sindicatos ante cualquier intento de depuración.
