Lo que empezó como una orden de oficina ha terminado en una denuncia policial que agrava el caso Begoña Gómez. Una contable de Red.es denunció el 16 de julio ante la Policía que su superior le ordenó eliminar los registros contables de un contrato vinculado a Juan Carlos Barrabés, amigo de la esposa del presidente Pedro Sánchez. La UCO y la Fiscalía Europea investigan ya el expediente.
La orden: "sin hacer referencia al expediente, pon solo YA ESTÁ"
Según la denuncia, la instrucción fue tajante: eliminar todos los datos del expediente sin dejar ninguna mención y sustituirlo con el mensaje "YA ESTÁ". La trabajadora, Claudia C., explicó que el subdirector adjunto de Administración y Finanzas, Guillermo Tapia Poza, le envió un correo el 14 de julio pidiéndole que eliminara "toda" la información contable del expediente 044/20-ED. Aunque ella cumplió la orden, antes guardó los archivos originales y los entregó a los agentes.
Lo más grave llegó al día siguiente. A las 9.37 horas del 16 de julio, Tapia le exigió compartir pantalla a través de una videollamada y borrar el correo que ella le había enviado para informarle de los cambios. Tres horas después, volvió a llamarla para que eliminase también el mensaje de la carpeta de elementos suprimidos, impidiendo cualquier posibilidad de recuperación. “Era una orden directa de su superior jerárquico”, recoge la denuncia.
Convencida de que la operación podía constituir una irregularidad, Claudia C. recuperó el e-mail suprimido e hizo una captura. Además, ha aportado medio centenar de facturas de pagos a la UTE formada por Innova Next y KPMG, que suman 863.000 euros entre 2021 y 2023. L
El expediente bajo sospecha: 863.000 euros y una recomendación firmada por Begoña Gómez
El contrato investigado es uno de los tres que la UCO analiza en Red.es. Begoña Gómez escribió cartas de recomendación para Barrabés, y los informes de la Guardia Civil apuntan a que las puntuaciones se adaptaron de forma artificial para que sus ofertas ganaran. Antes de esas cartas, ninguna empresa del empresario había logrado un contrato con la entidad pública.
La orden fue tajante: eliminar todos los datos del expediente sin dejar mención y escribir solo "YA ESTÁ". La contable optó por preservar las facturas originales y denunciar.
Barrabés admitió ante el juez que ayudó a Gómez a diseñar el máster de la Universidad Complutense, y que proporcionó a su propio equipo como profesores. A la vez, su grupo empresarial comenzó a recibir adjudicaciones millonarias del Gobierno. La Fiscalía Europea asumió en junio de este año la investigación de este expediente, que se suma a otros dos que ya estaban en manos de la autoridad comunitaria desde 2024.
Lo que está en juego: transparencia y responsabilidad en la contratación pública
La denuncia de una trabajadora interna añade un nuevo foco de presión al entorno de Moncloa, justo cuando Begoña Gómez se prepara para su juicio. La Fiscalía Europea ya tiene los documentos originales sin alterar, lo que permite reconstruir con exactitud qué se quiso borrar y quién dio la orden. Este tipo de maniobras internas, cuando son denunciadas a tiempo, refuerzan la trazabilidad y dificultan que se oculten irregularidades.
En los últimos años, otros casos de manipulación en licitaciones públicas han demostrado que las alertas de empleados son clave para destapar malas prácticas. La colaboración con las autoridades y la preservación de los registros originales, como hizo la contable, son el mejor antídoto contra la opacidad. La investigación está aún en fase preliminar, pero la documentación intacta permitirá a la justicia determinar si hubo delito y quiénes eran responsables.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Una contable de Red.es ha denunciado que su jefe le ordenó eliminar datos contables de un contrato investigado, vinculado al amigo de Begoña Gómez.
- Por qué te importa: Afecta a la credibilidad de la contratación pública y añade presión al entorno del presidente del Gobierno, en un momento de máximo escrutinio judicial.
- A quién afecta: A la empresa pública Red.es, a los investigados (Barrabés y responsables de la contratación) y, políticamente, al Gobierno de Sánchez.
- Hacia dónde vamos: La Fiscalía Europea analizará los documentos intactos para determinar si existió prevaricación y si el intento de borrado obedeció a ocultar un delito.
