Sánchez promete meter el aborto en la Constitución después de que Feijóo haya puesto en duda el derecho de las menores de 16 y 17 años.
La secuencia es rápida y muy política. El líder del PP cuestionó hace una semana, según recogió infoLibre, ese derecho en plena cuenta atrás hacia las urnas; el presidente del Gobierno respondió con un compromiso de máximos: elevar la interrupción del embarazo a la Carta Magna. Y aquí viene el detalle que casi nadie cuenta: los socialistas llevan un año dando forma a esa promesa y todavía no han registrado un texto articulado.
Qué significa blindar el aborto en la Constitución
Hoy el aborto se regula con una ley orgánica que cualquier Parlamento puede cambiar por mayoría simple. Llevarlo a la Constitución lo saca de esa zona de riesgo. Si el derecho se coloca entre los fundamentales, se activa el artículo 168, el procedimiento agravado: dos tercios de cada Cámara, disolución de las Cortes, nuevas cámaras que lo ratifiquen y referéndum final, tal y como recoge el texto publicado en el BOE. No es un real decreto. Es un proceso de meses o de años.
Ese es el motivo por el que la promesa suena más contundente de lo que es. Meter el aborto en la Constitución exige dos tercios y un referéndum, es decir, un acuerdo que hoy no existe: el PP no solo no lo respalda, sino que discute una parte del derecho vigente.
Lo que sí está claro es el calendario político. Sánchez fija el marco del debate antes de que lo haga el PP, y lo hace con una medida que su partido puede defender ante su electorado sin necesidad de aprobarla de inmediato. La reforma queda como bandera, sin fecha y sin borrador.
La promesa existe desde hace un año; el texto que debería convertirla en ley, todavía no.
Qué cambia para una joven de 16 o 17 años
En la práctica, la ley vigente permite a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin autorización de sus tutores. Ese criterio se recuperó en 2023, después de que la reforma de 2015 lo hubiera restringido. Cuando Feijóo pone el foco en ese tramo de edad, el debate deja de ser abstracto: afecta a esas adolescentes y a los profesionales que las atienden.
El PP no ha presentado una propuesta legislativa concreta sobre este punto. Su planteamiento, tal y como se ha conocido, se limita a poner en cuestión el derecho de las menores, sin precisar si la idea es volver a exigir el permiso de los progenitores. Esa exigencia estuvo en vigor entre 2015 y 2023 y fue uno de los puntos más contestados de la norma.
Para el resto de mujeres, una protección constitucional no altera el día a día de forma inmediata: no cambia plazos, ni la sanidad pública, ni quién practica la interrupción. Lo que cambia es la resistencia de la norma ante futuras mayorías parlamentarias. Blindar un derecho lo hace más difícil de retirar, no más accesible.
Un año de promesa y ningún texto: por qué el escepticismo tiene precedente
La reforma constitucional no es un imposible. Cuando ha habido acuerdo, ha ido rápido. La del artículo 135, que fijó el límite de déficit en la Constitución, se cerró en menos de un mes en el verano de 2011 con el PP y el PSOE de la mano. La del artículo 49, sobre los derechos de las personas con discapacidad, salió adelante en 2024 con un apoyo casi unánime. El cuello de botella no es el procedimiento, es la mayoría.
El contexto internacional tampoco invita al optimismo. La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revocó Roe contra Wade en 2022 abrió la puerta a leyes restrictivas en varios estados. En Polonia, organizaciones feministas han ayudado a abortar a más de 200.000 personas, según sus propios datos. Y el pasado febrero la Comisión Europea rechazó crear un fondo específico para garantizar el acceso, aunque admitió que los Estados pueden usar fondos europeos ya existentes con ese fin.
En España, el debate sobre el acceso real sigue abierto. En 2022 el Tribunal Supremo avaló que una web que informa sobre aborto farmacológico estaba protegida por la libertad de expresión, salvo la parte referida a los medicamentos, y ordenó desbloquearla en parte. España es el único país europeo que mantiene ese bloqueo, según recogió infoLibre.
Lo que viene depende de dos cosas: que el PSOE registre por fin un texto y que el PP concrete qué quiere cambiar. Mientras no haya papeles, el debate se moverá en el terreno de las declaraciones y de la campaña electoral.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Feijóo puso en duda el derecho al aborto de las menores de 16 y 17 años y Sánchez respondió prometiendo incluirlo en la Constitución.
- Por qué te importa: El aborto está en una ley orgánica que se cambia por mayoría simple; llevarlo a la Constitución exigiría dos tercios y un referéndum.
- A quién afecta: A las jóvenes de 16 y 17 años, que desde 2023 abortan sin permiso de sus tutores, y al conjunto de mujeres que usan la sanidad pública.
- Hacia dónde vamos: El PSOE no ha registrado el texto y el PP no ha concretado su propuesta; el debate crecerá o se diluirá según el calendario electoral.
