La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la gestión de las ayudas económicas destinadas a jóvenes extutelados en Cataluña. El movimiento llega después de meses de denuncias que apuntaban a pagos indebidos y a un control insuficiente por parte de la administración autonómica.
El fiscal encargado del caso ha solicitado a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le remita todas las actuaciones relacionadas con dos polémicas: la concesión de prestaciones a estos jóvenes y la gestión de unas viviendas en Girona donde se habrían pagado plazas vacías. La petición busca aclarar si los fallos detectados fueron simples deficiencias administrativas o si existió una conducta delictiva.
¿Qué ha encontrado Antifrau hasta ahora?
La OAC ya ha enviado a la Fiscalía el expediente sobre las ayudas a los jóvenes extutelados. Su investigación, que se dio por finalizada recientemente, concluye que no se ha acreditado la existencia de un fraude, pero sí se han detectado incumplimientos y una falta de seguimiento en el control de las prestaciones.
Ahora corresponde al ministerio público determinar si esas deficiencias pueden llegar a constituir un delito y, en caso afirmativo, identificar a los responsables. La Fiscalía podría presentar una denuncia o querella si encuentra indicios penales sólidos.
Las primeras alertas saltaron en 2025, cuando un extrabajador del tercer sector denunció irregularidades. Entre ellas, se comprobó que un joven recibía dos prestaciones simultáneas pese a vivir y trabajar en Valencia desde hacía meses. Otros empleados añadieron quejas sobre entidades de Girona que facturaban como ocupadas habitaciones que estaban realmente vacías.
La Sindicatura de Comptes ya había advertido en un informe anterior sobre pagos indebidos a jóvenes tutelados, lo que sitúa el debate sobre la externalización de estos servicios en el centro de la polémica.
Antifrau no acreditó fraude, pero sí detectó incumplimientos en el seguimiento de las prestaciones a los jóvenes extutelados.
Las 'plazas fantasma' y el cambio de modelo
El segundo foco de la investigación son las llamadas "plazas fantasma" en pisos de la provincia de Girona. Se trata de contratos adjudicados a dos entidades sociales —Mercè Fontanillas y Resilis— que habrían recibido dinero público por alojamientos con habitaciones sin uso real.
Antifrau aún no ha remitido esta documentación porque su análisis no ha concluido. Los técnicos están revisando una ingente cantidad de papeles contractuales para determinar si hubo un simple descontrol o una gestión irregular deliberada.
Como medida preventiva, el Departament de Drets Socials anunció hace unos meses que no renovará los contratos con esas dos entidades y que pasará a gestionar los pisos de forma directa. El cambio pretende cortar de raíz cualquier opacidad y servirá de experiencia piloto para otras zonas.
El debate político: lo que el Parlament dejó fuera
La investigación judicial coincide con el cierre de la comisión parlamentaria sobre la actividad de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ahora reconvertida en DGPPIA. El dictamen final, aprobado con los votos de PSC, ERC y Comuns, reconoció una "falta de control" vinculada a la elevada externalización de los servicios de protección.
Sin embargo, la Cámara rechazó por unanimidad la propuesta de mejora número 7. Ese punto pedía separar de forma estricta las funciones de acompañamiento de las de supervisión financiera para eliminar el "margen de lucro opaco" de las entidades. La negativa deja sin atar un cabo que muchos consideraban clave para restaurar la confianza en el sistema.
La comisión se había puesto en marcha tras el escándalo de una red de pederastia que afectó a una menor bajo tutela de la DGAIA y las primeras advertencias de la Sindicatura de Comptes. Un año después, las conclusiones políticas no han satisfecho a todos los grupos.
¿Qué consecuencias puede tener para los jóvenes y para el sistema?
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, el caso evidencia grietas en la arquitectura de protección a la infancia en Cataluña. Cada euro mal gestionado o no controlado es un recurso que no llega a los jóvenes que salen del sistema y necesitan apoyo para empezar una vida autónoma.
La externalización masiva de servicios, sin mecanismos de fiscalización robustos, ha generado espacios de riesgo. La decisión de la Generalitat de asumir directamente la gestión de los pisos en Girona es un paso que puede extenderse si los resultados acompañan.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la vía penal. En las próximas semanas se sabrá si el caso se archiva o si se dirige contra personas concretas. El foco social está puesto en que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan y en que los responsables de posibles irregularidades rindan cuentas.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La Fiscalía investiga si se cometió un delito en la gestión de ayudas a jóvenes extutelados.
- 👥 Quiénes son los afectados: Jóvenes que salen del sistema de protección y la ciudadanía que financia estas prestaciones.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Posibles causas penales, cambios en el modelo de gestión y un mayor escrutinio público sobre el sistema.
