Plus Ultra se ha quedado sin timón. Su presidente, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, han presentado la dimisión este jueves mientras siguen investigados por el rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea recibió en la pandemia. Ambos están citados a declarar ante el juez en septiembre por presunto tráfico de influencias y blanqueo.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La salida de los dos máximos responsables de Plus Ultra reabre el debate sobre el uso de fondos públicos en rescates empresariales. El caso arrastra a figuras políticas y pone el foco sobre los controles de la SEPI, el brazo financiero del Estado.
Un rescate bajo sospecha desde hace más de un año
La trama se remonta a 2025, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvo a Martínez Sola y Roselli en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces, la investigación ha tratado de aclarar si la obtención del préstamo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) —unos 53 millones de euros aprobados para evitar la quiebra de la compañía— estuvo condicionada por pagos ilegales.
Según los escritos que los directivos remitieron a la Audiencia Nacional, la aerolínea contrató a una empresa de Julio Martínez Martínez —padre del dimitido presidente— para labores de “acompañamiento” en la negociación con la SEPI. El contrato fijaba una comisión del 1 % del importe finalmente concedido, que se tradujo en un pago de 530.000 euros repartidos entre tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez.
De la dimisión a la presidencia de Hugo Castaño
Apenas 24 horas después de trascender las renuncias, el accionista minoritario Hugo Castaño asumirá la presidencia ejecutiva de la aerolínea, unificando los puestos de presidente y consejero delegado. Castaño, comandante de vuelo e instructor del A330, es consejero de Plus Ultra desde 2014 y tendrá que recibir el visto bueno de la SEPI para formalizar su nombramiento, ya que la empresa sigue bajo supervisión pública.
La sustitución no cierra el caso. El juez que instruye las diligencias ya había citado a Martínez Sola y Roselli para el próximo mes de septiembre, y la investigación continúa abierta para determinar si existió tráfico de influencias real o si los pagos se limitaron a una intermediación legítima.
Zapatero, los vuelos en ‘business’ y la llamada de abril
Uno de los datos más llamativos de la instrucción es la supuesta intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez Sola declara haber recibido una llamada suya en abril de 2020, cuando la empresa buscaba financiación desesperadamente. Según su versión, Zapatero le indicó que a partir de entonces las gestiones las llevaría Julio Martínez Martínez, sin hablar de honorarios ni de contraprestación alguna.
Además de la comisión, los directivos reconocen haber entregado pagos en especie: 46 vuelos en clase business solicitados por Martínez Martínez y nunca abonados, que completan la cifra de 530.000 euros equivalente al 1 % del rescate.
El pago de 530.000 euros a tres sociedades de Martínez Martínez se corresponde con el 1 % exacto de los 53 millones del préstamo público.
Qué lecciones deja el caso para la transparencia en los rescates
El episodio recuerda a otros rescates públicos que terminaron en los tribunales, como el de Abengoa o el fallido de Duro Felguera. En todos ellos, la falta de claridad sobre los criterios de adjudicación y de control posterior ha alimentado la desconfianza ciudadana. En el entorno de la SEPI se defiende que el análisis técnico fue riguroso, pero la oposición exige que se publiquen las actas completas de la comisión que concedió el dinero.
Hacia adelante, el relevo en Plus Ultra y la cita judicial de septiembre mantendrán el foco mediático en un caso que ya ha salpicado a altas esferas políticas. Mientras, la SEPI deberá decidir si refuerza las condiciones de supervisión de la aerolínea o si, con la nueva cúpula, considera que el expediente queda saneado. El contribuyente, de momento, no ha recuperado un euro.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El presidente y el CEO de Plus Ultra han dimitido tras más de un año de investigación por el rescate público de 53 millones.
- Por qué te importa: Es dinero público concedido durante la pandemia y con sospechas de comisiones ilegales que aún no se han aclarado.
- A quién afecta: A la credibilidad de los controles de la SEPI, a la confianza en la gestión de fondos públicos y a los trabajadores de la aerolínea.
- Hacia dónde vamos: Ambos directivos declararán ante el juez en septiembre; el nuevo presidente, Hugo Castaño, necesita el visto bueno de la SEPI.
