Transparencia salarial: las empresas deberán revelar cómo fijan los sueldos

El Gobierno aprueba por decreto la transposición de la directiva europea y obliga a las empresas a detallar cómo fijan los salarios. El texto permitirá compartir el sueldo sin represalias y fija un plazo de dos meses para corregir diferencias.

Si trabajas en una empresa de más de 50 personas, tu jefe tendrá que explicarte por qué ganas lo que ganas. Y no podrá prohibirte que lo cuentes. El Gobierno ultima un decreto que refuerza la transparencia salarial y acaba con el secretismo en las nóminas, con el objetivo de reducir la brecha entre hombres y mujeres.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, prepara la transposición urgente de la Directiva europea 2023/970, cuyo plazo de adaptación venció el pasado 7 de junio de 2026. Bruselas ya ha iniciado procedimientos de infracción contra varios países, y España busca evitar sanciones con una aprobación exprés prevista, como muy tarde, en septiembre.

La fórmula elegida es el real decreto, que permite al Ejecutivo sortear el trámite parlamentario. Se apoya en el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, que ya establecía obligaciones de registro salarial pero que ahora se endurece de forma considerable.

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Lo que tu empresa estará obligada a contarte

El borrador al que ha tenido acceso EXPANSIÓN detalla tres cambios de calado. El primero: las compañías deberán poner a disposición de su plantilla los criterios objetivos y neutros que usan para fijar los sueldos y los niveles retributivos. Para las empresas con 50 o mas trabajadores, además, tendrán que desglosar los criterios de progresión, es decir, qué hace falta para que te suban el sueldo.

El segundo: se declaran nulas todas las cláusulas contractuales que prohíban al empleado revelar o divulgar su salario. En la práctica, supone el fin de la confidencialidad retributiva que muchas compañías imponían de forma sistemática. Los trabajadores podrán hablar de su nómina sin miedo a represalias.

El tercer gran cambio es la agilidad. Cuando un empleado solicite información sobre su nivel retributivo o los sueldos medios de su grupo profesional por sexo, la empresa tendrá un plazo máximo de dos meses para contestar por escrito. Ese mismo margen de dos meses se aplica para que las compañías que detecten brechas salariales injustificadas diseñen y ejecuten un plan de corrección.

Además, las empresas seguirán obligadas a mantener un registro retributivo completo — incluyendo personal directivo y altos cargos —, desagregado por sexo y con salario base, complementos y percepciones extrasalariales. Deberán informar al menos una vez al año a toda la plantilla sobre el derecho a pedir estos datos.

Cómo afecta a tu día a día: el fin del secretismo salarial

La medida busca que cualquier trabajador pueda saber si cobra menos que sus compañeros por un trabajo igual o equivalente. Si se detecta una brecha superior al 5% sin justificación, la empresa tendrá que corregirla en un plazo de dos meses. Y si no lo hace, se expone a las sanciones ya previstas en la legislación actual, aunque los sindicatos exigen un endurecimiento de las multas.

En paralelo, se refuerza el papel de los representantes legales de los trabajadores, que podrán acceder a información salarial incluso cuando la identificación de una persona concreta pueda ser indirecta. Eso sí, con garantías de protección de datos.

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La norma prohíbe cualquier cláusula de confidencialidad que impida a un empleado compartir cuánto gana.

Para los trabajadores de empresas pequeñas — menos de 50 empleados — las obligaciones de transparencia son más limitadas, aunque también deberán explicar cómo fijan los sueldos. El foco principal está en las compañías medianas y grandes, donde la opacidad salarial ha sido más señalada.

¿Servirá para cerrar la brecha? Lo que dicen los expertos

La transposición llega cuatro años después del Real Decreto 902/2020, que ya obligaba a auditorías retributivas en empresas de más de 50 trabajadores pero que, según los sindicatos, no ha logrado erradicar las diferencias. UGT y CCOO reclaman ahora ir más allá: piden que se modifiquen leyes como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Contratos del Sector Público, para que las empresas con brechas superiores al 5% queden excluidas de licitaciones oficiales.

Esas demandas, de aceptarse, obligarían al Gobierno a tramitar la norma como proyecto de ley, con el consiguiente paso por el Congreso. La vicepresidenta Díaz defiende el decreto como herramienta rápida, pero las centrales sindicales insisten en que sin cambios legislativos de calado, la transparencia será insuficiente para atajar la desigualdad salarial que, según la última EPA, sitúa el salario medio de las mujeres un 18% por debajo del de los hombres.

En las próximas semanas, Trabajo entregará un nuevo borrador con posibles ampliaciones. El calendario aprieta: Bruselas ya ha abierto expediente a varios Estados miembro y la multa podría llegar si España no completa la transposición con celeridad. La pelota está ahora en el tejado del diálogo social.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: El Ministerio de Trabajo prepara un decreto para transponer la directiva europea de transparencia retributiva y acabar con las cláusulas de confidencialidad salarial.
  • Por qué te importa: A partir de ahora, tu empresa deberá explicarte cómo fija tu sueldo y no podrá prohibirte que lo compartas con tus compañeros.
  • A quién afecta: A todas las empresas, pero especialmente a las de 50 o más trabajadores, que tendrán que detallar los criterios de progresión salarial.
  • Hacia dónde vamos: El Gobierno quiere aprobarlo en septiembre; los sindicatos piden que vaya al Congreso para endurecer sanciones y excluir de contratos públicos a las empresas que no corrijan brechas superiores al 5%.