La cartera del contribuyente vuelve a estar en el punto de mira. El Tribunal Supremo ha dinamitado —por segunda vez— los cálculos del Gobierno sobre cuánto debe pagar a las empresas que construyeron las radiales de peaje R-3 y R-5, y le exige que recalcule ya la indemnización. La sentencia, que anula la liquidación aprobada por el Consejo de Ministros en 2023, deja en el aire una factura que ya iba por 570 millones de euros y que ahora puede engordar aún más.
El alto tribunal tumba la resolución que fijaba esa cifra y, apoyándose en la misma doctrina que ha utilizado en otros rescates de autopistas, urge al Ejecutivo a dictar la liquidación definitiva “sin necesidad de más demora”. La administración lleva más de diez años sin finiquitar el contrato, un retraso que el Supremo considera “más que prudente”.
Una sentencia que repite el guion
El fallo, fechado el 2 de junio, estima parcialmente el recurso de Sacyr contra aquel acuerdo del Consejo de Ministros de diciembre de 2023. Aquella decisión ya era una corrección al alza: añadía 451 millones al primer cálculo del Gobierno, que no se ajustaba a derecho según sentencias previas. Ahora el Supremo insiste en que la metodología sigue sin ser la correcta y que el Estado debe pagar “cuanto antes” a los concesionarios por las inversiones que hicieron y que hoy pertenecen a la sociedad pública SEITT.
Aunque Sacyr ya no gestiona la infraestructura y la deuda financiera está en manos de fondos de titulación, el tribunal reconoce que la constructora tiene un interés legítimo para impugnar el cálculo. El proceso no busca reclamar la deuda original, sino determinar legalmente cuánto vale la responsabilidad patrimonial de la Administración. El dinero, por tanto, no iría directamente a la caja de la empresa, sino a los fondos que compraron aquella deuda tras la quiebra.
Lo que este capítulo judicial le cuesta al Estado
La historia de estas autopistas se parece más a una serie de sobresaltos financieros que a una obra pública. La concesión de la R-3 y la R-5 se adjudicó en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC, entró en funcionamiento en 2004 y quebró en 2012. El rescate de las nueve autopistas en crisis ha supuesto 1.684 millones de euros de desembolso público hasta hoy, una cifra que todavía es provisional porque la mayoría de las vías siguen en plena batalla judicial sobre su liquidación definitiva.
Solo por la R-3 y la R-5 la indemnización puede dispararse si el nuevo cálculo del Gobierno —obligatorio tras la sentencia— se acerca a lo que reclama la concesionaria. Mientras tanto, el contribuyente observa cómo los peajes en sombra y este tipo de rescates siguen engordando el gasto público en un momento en que cada partida presupuestaria se mira con lupa.
El Supremo reprocha al Ejecutivo que el proceso para determinar la responsabilidad patrimonial ha sufrido ya una demora “más que prudente”.
Por qué el debate va más allá de una multinacional
El caso conecta con un precedente que arrastra décadas: las autopistas radiales de Madrid, concebidas en pleno ‘boom’ económico, se han convertido en un agujero que los sucesivos gobiernos han ido tapando con dinero público. El mismo Supremo ya anuló cálculos anteriores, y ahora repite el mensaje: la administración no puede dilatar sine die lo que debe. Cada retraso aumenta la incertidumbre sobre la factura final.
La situación reabre el debate sobre quién asume el riesgo de las grandes infraestructuras. Estas autopistas se planificaron con previsiones de tráfico que nunca se cumplieron, y su rescate ha terminado recayendo en el erario público. Mientras expertos señalan que los contratos de concesión blindaban a las empresas ante imprevistos, otros recuerdan que el Estado empujó este modelo con garantías que ahora se pagan. El Gobierno actual tiene ahora la última palabra: recalcular rápido o seguir sumando meses de litigio y costes.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Supremo anula la segunda liquidación que hizo el Gobierno para pagar el rescate de las radiales R-3 y R-5. Obliga a recalcular la indemnización.
- Por qué te importa: La factura, que ya iba por 570 millones, puede aumentar y se suma a los 1.684 millones ya gastados en el rescate de nueve autopistas.
- A quién afecta: Directamente, a las arcas públicas y al contribuyente; indirectamente, a las concesionarias y a los fondos que tienen la deuda.
- Hacia dónde vamos: El Gobierno debe dictar una nueva liquidación sin más demora. Si no, el litigio seguirá sumando intereses y costas.
