Ni un solo euro, ni una sola presión. Begoña Gómez no obtuvo beneficio económico de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió en la Universidad Complutense, no presionó a las empresas patrocinadoras y la asesora que supuestamente malversó fondos públicos realizó tareas propias de su puesto. Es la conclusión de la Fiscalía Provincial de Madrid, que ha presentado su escrito de conclusiones y pide la libre absolución para Gómez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. La instrucción del juez Peinado no encuentra sustento penal, según el Ministerio Público.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. El caso ha polarizado el debate político durante meses y la petición fiscal marca un punto de inflexión justo antes del juicio. Millones de ciudadanos han seguido cada episodio judicial y la decisión afecta directamente a la credibilidad de las acusaciones populares que pedían hasta 24 años de cárcel.
¿Qué dice el fiscal en su escrito de conclusiones?
Las 26 páginas del fiscal contienen un análisis detallado que contradice cada uno de los delitos imputados. No hubo beneficio directo ni indirecto derivado de la cátedra. Las empresas que aportaron dinero —Indra (128.000 euros), Google (180.000) y Telefónica (55.000)— lo hicieron en el marco de sus propios programas de patrocinio y responsabilidad corporativa, según consta en el documento. El software que se creó para ayudar a pymes, uno de los objetivos del convenio con la Complutense, no llegó a registrarse como propiedad intelectual de la universidad, pero el fiscal sostiene que esa omisión no es delito porque no causó perjuicio patrimonial ni hubo apropiación indebida.
El fiscal remarca que "sin delito no hay autor" y que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal. La esposa del presidente cobró alrededor de 40.000 euros por su participación en el máster, pero ni un solo euro por la cátedra. Y Barrabés, a quien las acusaciones populares vinculaban a la financiación irregular, "no ha colaborado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM ni ha sido patrocinador", subraya el escrito.
El papel de la asesora y el polémico software
Uno de los puntos centrales era si Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, utilizó medios públicos para tareas de la cátedra. El fiscal detalla que la contratación de Álvarez como personal eventual se realizó "por los cauces legalmente previstos" y que sus funciones —gestión de agenda, acompañamiento, coordinación— incluyen el apoyo a la esposa del presidente en actos, incluidos los relacionados con la universidad. Los correos electrónicos que la acusación popular presentó como prueba de malversación no fueron más que gestiones puntuales propias de su puesto.
El nombramiento de Álvarez fue acordado el 16 de julio de 2018 por subsecretario de Presidencia, a propuesta del vicesecretario general, y se ampara en el Estatuto Básico del Empleado Público y un real decreto posterior. La Fiscalía recuerda que este tipo de asistencia al cónyuge del presidente ha existido en todos los gobiernos democráticos desde 1978.
En el caso del empresario Barrabés, el fiscal insiste en que su única vinculación fue docente en el máster, donde cobró las tarifas regladas por la Complutense. No financió ningún proyecto de la cátedra.
Ni un solo euro por la cátedra, ni un solo indicio de presión. La Fiscalía desmonta punto por punto la instrucción del juez Peinado.
Precedentes judiciales: cuando la Fiscalía pide archivar antes del juicio
No es la primera vez que el Ministerio Público solicita la absolución antes de que se abra la fase de juicio oral. En casos recientes como el de la presunta financiación irregular de un partido o en macrocausas de corrupción, cuando la Fiscalía no ve delito suele anticipar su posición final. Si el juez acepta el criterio fiscal, podría dictar auto de sobreseimiento libre y evitar la exposición mediática del juicio. Sin embargo, la decisión última corresponde al instructor, que ya ha mostrado discrepancias con el fiscal durante la instrucción. El contexto político añade presión: una absolución judicial no borraría el desgaste que la investigación ha causado a la imagen del Gobierno, pero eliminaría las consecuencias penales. Las acusaciones populares —Vox, Manos Limpias y otras— pueden recurrir y forzar la celebración del juicio si el juez no archiva, aunque con escaso margen si la Fiscalía se opone.
Para entender el conflicto, basta con comparar la versión de las acusaciones, que hablaban de un entramado de tráfico de influencias y malversación, con la del fiscal, que considera que no hubo conducta ilícita. El escrito del fiscal convierte en irrelevantes penalmente las mismas conductas que la acusación popular presentaba como graves delitos. En ese escenario, el juicio se celebraría sin la petición de condena del Ministerio Público, algo excepcional pero posible. Más información sobre la trayectoria de Begoña Gómez en Wikipedia.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado su escrito de conclusiones y pide la absolución de Begoña Gómez, su exasesora y Barrabés.
- Por qué te importa: La decisión puede cerrar judicialmente un caso que ha estado en el centro del debate político durante meses.
- A quién afecta: A los tres investigados, que se exponían a penas de hasta 24 años de cárcel, y a la imagen del Gobierno.
- Hacia dónde vamos: El juez Peinado debe decidir si archiva la causa o abre juicio oral, aunque sin el respaldo de la Fiscalía.
