Más de un millar de ayuntamientos se enfrentan a la reclamación de 12 millones de euros por parte del Ministerio de Igualdad tras detectar un mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La revisión del gasto correspondiente al periodo 2024-2025 ha revelado que parte del dinero se destinó a actividades como talleres de macramé o clases de zumba, muy alejadas de la lucha contra esta lacra social.
El departamento que lidera Ana Redondo ha intensificado este año el control sobre los 40 millones de euros que se repartieron entre los consistorios. Las pesquisas han llevado a iniciar los trámites para reclamar 12 millones de euros, una cifra muy superior a la de ejercicios anteriores, según confirman fuentes ministeriales.
Qué ha ocurrido con los fondos
Los fondos del Pacto de Estado están destinados a financiar programas de prevención y asistencia a víctimas, campañas de sensibilización y formación especializada. Sin embargo, la auditoría realizada por Igualdad ha desvelado que una parte sustancial de esos 40 millones se invirtió en actividades lúdicas sin relación alguna con el objetivo para el que fueron concedidas.
En concreto, entre los gastos inadecuados se han encontrado patrones como talleres de manualidades, sesiones de zumba o actividades festivas. Fuentes ministeriales subrayan que no se trata de casos aislados, sino de prácticas repetidas en cientos de entidades locales. El ministerio no ha hecho pública todavía la relación completa de los ayuntamientos afectados.
La ministra Ana Redondo ha sido clara: se reclamará hasta el último euro que no esté debidamente justificado. Su departamento ha reforzado los equipos de auditoría, lo que ha permitido sacar a la luz irregularidades que, en años pasados, podrían haber pasado inadvertidas. El resultado es una cifra récord de reintegro que supera con creces los importes recuperados anteriormente.
Cada euro desviado de su propósito original deja sin atención a mujeres que necesitan una red de protección que el Pacto de Estado se comprometió a garantizar.
A quién afecta y cómo
La reclamación de los 12 millones impacta de lleno en los ayuntamientos señalados, que deberán devolver el dinero en un plazo aún por concretar. Muchos de estos consistorios, sobre todo los de menor tamaño, pueden ver comprometida su liquidez al tener que reintegrar fondos que ya habían ejecutado, aunque fuera de forma inadecuada. El ministerio confía en que la medida sirva de advertencia para futuras convocatorias.
Pero la principal perjudicada es la red de atención a las víctimas. Los 12 millones desviados no llegaron a financiar servicios psicológicos, jurídicos o de acompañamiento que podrían haber salvado vidas. Cada euro mal empleado es una oportunidad perdida para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Quien necesite ayuda puede contactar con el 016, el teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura.
Un control más riguroso y las lecciones del pasado
El endurecimiento de los controles no es casual. El ministerio detectó un repunte de gastos poco claros en ediciones anteriores y decidió actuar. En el ejercicio 2023-2024, la cantidad reclamada fue notablemente inferior, lo que indica que la mejora en la fiscalización ha aflorado prácticas que ya existían pero que antes no se detectaban. La relajación en la justificación de los gastos se había convertido en una tónica en cientos de ayuntamientos, según fuentes del departamento.
De cara al futuro, Igualdad se plantea incluir cláusulas más estrictas en las próximas convocatorias del Pacto de Estado. Entre las opciones que se barajan está la de excluir de futuras ayudas a los ayuntamientos reincidentes o exigir una justificación previa más pormenorizada. Para el movimiento feminista, el caso pone de manifiesto la necesidad de blindar unos fondos que, año tras año, se revelan esenciales pero frágiles.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Igualdad reclama 12 millones de euros a más de 1.000 ayuntamientos por mal uso de los fondos contra la violencia machista.
- 👥 Quiénes son los afectados: Las mujeres víctimas de violencia de género y los consistorios que deberán reintegrar el dinero.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Se endurecerán los controles futuros y se perderán recursos preventivos inmediatos.
