Si vives de alquiler en Barcelona o en cualquier zona tensionada de Cataluña, la decisión que tomó ayer el Parlament te toca de lleno. Bloqueó la propuesta de Junts que pretendía devolver a los ayuntamientos el control sobre los pisos turísticos y mantiene así la regulación que limita este tipo de alojamientos en más de 260 municipios.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 8/10. Afecta directamente a la oferta de vivienda en alquiler de más de 260 municipios, donde la presión turística ha disparado los precios y complica el acceso a la vivienda de miles de jóvenes.
Qué votó (y qué no) el Parlament
La proposición de ley de Junts pedía derogar el decreto ley de 2023 del Govern de Pere Aragonès, que congeló las licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas y fijó su extinción progresiva hasta 2028. El texto de los posconvergentes daba a cada consistorio la última palabra sobre las autorizaciones.
La Cámara catalana rechazó la iniciativa este martes. El PSC, ERC, los Comuns y la CUP sumaron sus votos en contra, mientras que el PP y Aliança Catalana la apoyaron. Vox se abstuvo. La mayoría de izquierdas tumbó así la propuesta, que ya no seguirá su trámite parlamentario.
Lo que está en juego: alquileres más caros o calles sin vecinos
La norma que se mantiene afecta a 262 municipios donde el mercado de la vivienda está especialmente tenso. En esas zonas no se pueden abrir nuevos pisos turísticos sin que el propietario demuestre que el inmueble es su residencia habitual, y los existentes deberán desaparecer antes de 2028.
Para los jóvenes que buscan piso, la medida es un alivio a medio plazo: menos viviendas dedicadas al turismo significa más oferta residencial y, potencialmente, precios más bajos. En cambio, los autónomos y trabajadores del sector turístico ven peligrar su empleo. Unas 250 personas se concentraron ayer frente al Parlament para protestar por la posible pérdida de puestos de trabajo.
La fecha límite de 2028 promete más batallas políticas y un calendario que obliga a miles de propietarios a reconvertir sus inmuebles.
El fantasma de la 'barra libre' de Artur Mas
Durante el debate, la republicana Ester Capella recordó que el decreto de 2023 puso fin a la "barra libre" de licencias turísticas que, según los Comuns, arrancó con el Gobierno de Artur Mas. La diputada Susana Segovia aportó datos: las plazas en alojamientos turísticos han crecido un 123% en diez años y en 112 municipios catalanes ya hay más camas para turistas que para residentes.
Junts defendió su ley con un argumento municipalista. La diputada Maite Selva tildó de "demagogia" acusar a los pisos turísticos de la crisis y advirtió que suprimir el sector no es la solución más eficáz. A su juicio, la Generalitat impone un "café para todos" que ignora la realidad de cada pueblo.
El Tribunal Constitucional ya avaló el decreto en 2023, algo que subrayó el PSC para justificar su rechazo. La decisión de ayer cierra, por ahora, la puerta a una flexibilización de las restricciones, pero la tensión entre vivienda y turismo sigue viva y se trasladará, previsiblemente, a los tribunales y a las próximas elecciones municipales.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Parlament ha tumbado la propuesta de Junts que quería devolver a los ayuntamientos la potestad sobre las licencias de pisos turísticos, manteniendo así el decreto del Govern de Aragonès de 2023.
- Por qué te importa: La regulación limita los pisos turísticos en 262 municipios, lo que puede aumentar la oferta de alquiler residencial y ayudar a frenar los precios, mientras los críticos avisan del impacto en el empleo.
- A quién afecta: Jóvenes que buscan vivienda en zonas tensionadas, propietarios que alquilan a turistas, trabajadores del sector y ayuntamientos que pierden capacidad de decisión.
- Hacia dónde vamos: El plazo de extinción de los pisos turísticos llega en 2028; antes habrá batallas legales y el debate volverá con fuerza en las elecciones municipales.
