Teresa tiene 94 años, alzheimer y una vida construida en la residencia Domusvi Albufera. El 1 de julio deberá irse porque el nuevo acuerdo marco de la Comunidad de Madrid elimina la plaza concertada que ocupaba desde hace cinco años. No es un caso aislado. Al menos otras 116 personas mayores se enfrentan a la misma decisión forzosa en centros de la región.
La media docena de centros afectados han visto cómo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reducido o suprimido sus plazas concertadas. La alternativa para los ancianos es tan simple como dramática: aceptar un traslado a otra residencia, con los riesgos de salud que eso conlleva, o quedarse pagando una plaza privada con un cheque público de apenas 740 euros al mes.
Indignómetro
Nivel de impacto social: 9/10. La decisión afecta a más de un centenar de familias que en solo un mes deben elegir entre mudar a su familiar mayor con posibles consecuencias graves o afrontar un sobrecoste inasumible. El trasfondo es económico: las residencias prefieren plazas privadas más rentables y la Administración reduce su gasto.
Qué ha cambiado en las residencias madrileñas
El 17 de junio, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales autorizó un nuevo acuerdo marco con residencias privadas para repartir las plazas concertadas. El anterior acuerdo, de 2022, dejaba de estar en vigor y el nuevo texto reasigna las plazas en función de las necesidades que estima la Administración y de la rentabilidad que cada centro privado considera aceptable. La consecuencia: muchas plazas ya ocupadas desaparecen.
Según la Consejería, la medida afecta a 95 residentes, de los cuales 81 han solicitado traslado y 14 permanecen con plaza privada. Sin embargo, este medio ha podido constatar que la cifra real supera el centenar. Suman 117 los ancianos expulsados contando los centros Domusvi Albufera (17), Solsalud (35), Rafael Alberti (35) y Sanitas La Florida (30). La discrepancia se explica porque, según denuncian las familias, varias residencias avisaron a los afectados semanas antes de la firma oficial, dejándolos fuera del cómputo final.
Una elección imposible: 740 euros frente a 3.100
La Comunidad ofrece a cada afectado dos caminos. El primero, mudarse a otra residencia con plaza concertada disponible. El segundo, quedarse pagando la plaza privada con el llamado cheque residencia. Ese cheque asciende a 740 euros mensuales, menos de la cuarta parte del coste real de la plaza, que en el caso de la Albufera ronda los 3.100 euros con IVA.
Mari Tere, hija de Teresa, explica a medios que su madre lleva diez años en el centro y padece alzheimer. Un informe médico desaconseja expresamente el traslado por el grave deterioro cognitivo. Aun así, la familia no ha tenido más opción que aceptar el cambio de residencia. “Con la pensión no cubriríamos ni la mitad de la diferencia”, lamenta. La plataforma Marea de Residencias califica el cheque de “chantaje”, porque quien lo acepta pierde la condición de plaza concertada y pasa a ser cliente privado.
La historia se repite en otros centros. María José, cuya madre de 93 años sufre múltiples patologías, también se ha visto forzada al traslado. “Mi madre dice que si la sacan de aquí se tira por una ventana. No sé si lo dice en serio, pero me aterra”, cuenta. La falta de tiempo, la ausencia de una valoración individualizada y la presión emocional son la constante.
Por qué un traslado así puede ser devastador
Diversos estudios científicos advierten del llamado “trauma por transferencia” en personas mayores institucionalizadas. Una investigación de la Universidad de Michigan encontró criterios de trauma en el 30 % de los residentes trasladados de manera involuntaria. Además, una revisión de 28 estudios publicada en revistas internacionales señala que la falta de preparación, la escasa información y la comunicación deficiente con las familias empeoran la adaptación y multiplican la ansiedad, la depresión y el deterioro funcional.
En este caso, las familias denuncian que ni la Comunidad ni las gestoras de los centros tuvieron en cuenta los informes médicos ni el arraigo de los residentes. “El único criterio para echarnos fue la antigüedad de la plaza concertada”, critica una hija. La decisión se aplica con un mes de margen, sin que los afectados puedan planificar ni recibir un acompañamiento adecuado.
Los expertos alertan de que un cambio de residencia mal gestionado puede provocar ansiedad, depresión y pérdida de capacidades en personas mayores con demencia.
El debate va más allá de este acuerdo. En 2022 ya ocurrió algo similar con otra renovación. Cada vez que un concierto caduca, las plazas se reasignan sin blindar la continuidad de quienes ya ocupan esa cama. Mientras tanto, el Gobierno regional defiende que el nuevo marco incrementa el total de plazas concertadas. Pero la realidad es que el sistema permite desalojar a los más vulnerables sin que su opinión cuente. El próximo acuerdo marco se negociará en unos tres años; para entonces, muchas familias piden que se garantice la estabilidad de los residentes actuales.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comunidad de Madrid renueva el acuerdo marco de residencias y elimina plazas concertadas en varios centros, expulsando a más de un centenar de mayores.
- Por qué te importa: La medida obliga a familias vulnerables a elegir entre un traslado con riesgos de salud o pagar un sobrecoste de hasta 2.800 euros al mes que la mayoría no puede asumir.
- A quién afecta: Al menos 117 ancianos con patologías como alzheimer o movilidad reducida, y sus familias, que ven desatendidas sus necesidades médicas y emocionales.
- Hacia dónde vamos: El próximo acuerdo marco se negociará en unos tres años; las asociaciones exigen que se blinden las plazas de los residentes actuales para evitar nuevas expulsiones.
