Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan los puentes entre la justicia y los negocios en España, el caso Plus Ultra te lo muestra sin filtros. Los mensajes intervenidos por la Policía a Julio Martinez Sola, presidente de la aerolínea, destapan que en plena investigación por el rescate público de 53 millones de euros de la SEPI, el directivo pidió al máximo accionista que agradeciera al entonces juez Manuel García-Castellón unas gestiones con Bankinter. El magistrado había ayudado a desbloquear 3,7 millones de euros para la compañía, según esos mismos chats. Una amistad de tres décadas que, con el tiempo, terminó con el juez jubilado y el empresario compartiendo sede profesional.
El WhatsApp que lo desnuda todo
El 18 de noviembre de 2022 a las once de la mañana, Martínez Sola escribió a Rodolfo Reyes Rojas (hoy en busca y captura internacional): “Hola. No estaría de más. Escribe a Manolo y ponle ‘Gracias por tus gestiones en Bankinter’, solo eso. Nos han liberado 3,7 millones”. La respuesta del empresario venezolano fue un escueto “Coño Julio que bueno”, seguido de la confirmación de que guardaba el contacto del juez en su agenda como “Manolo privé”.
Ese mismo año, entre abril y mayo, las conversaciones ya reflejaban que el presidente de la aerolínea acudía a García-Castellón para solucionar problemas con la entidad financiera. El 26 de mayo, en un chat grupal del que también formaba parte el consejero delegado, Martínez Sola contó que había hablado “con Manolo por si conocía a alguien importante de Bankinter”. A continuación añadió que el magistrado había contactado con la entonces consejera delegada, Dolores Dancausa, y que poco después un directivo de la asesoría jurídica del banco les había llamado para reunirse.
Bankinter, consultada por este medio, subraya que no comenta la operativa de sus clientes y que cualquier liberación o desbloqueo de fondos se rige exclusivamente por criterios técnicos y protocolos internos de control. Sin embargo, los mensajes ponen de manifiesto una relación informal entre el juez encargado de investigaciones muy relevantes y los directivos de una empresa bajo el foco judicial.
De juez a compañero de oficina: la jubilación que no despeja dudas
Manuel García-Castellón se jubiló forzosamente en septiembre de 2024, tras cumplir 72 años. Apenas tres semanas después, se dio de alta como abogado en el colegio de Madrid y fijó su dirección profesional en un complejo de oficinas de Alcobendas. Curiosamente, en la tercera planta de ese mismo edificio está el domicilio social de Plus Ultra. Más contexto sobre su trayectoria en su entrada de Wikipedia.
La amistad entre el presidente de Plus Ultra y el juez era tan estrecha que, tras la jubilación, ambos acabaron compartiendo la misma dirección profesional.
El exmagistrado explicó a este diario que no quería poner su domicilio personal y que aceptó la oferta de Julio Martínez Sola, amigo desde hace décadas, para usar esa dirección. La cercanía es tal que, cuando Martínez Sola fue detenido en diciembre de 2024, pidió a los agentes que avisaran personalmente a García-Castellón de su arresto.
El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que un juez en activo tiene totalmente prohibido cualquier tipo de asesoramiento jurídico, retribuido o no. La infracción de esta incompatibilidad es una falta muy grave que puede acarrear la expulsión. Al producirse la colegiación cuando ya estaba jubilado, no hay infracción formal, pero la secuencia alimenta las sospechas sobre la profundidad de los vínculos.
Por qué este caso importa (más allá del cotilleo)
La trama conecta con el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021, una operación que fue muy cuestionada en su momento. Parte del argumento para la ayuda era que la aerolínea resultaba estratégica, pese a que apenas movía un 0,5% de los pasajeros en España. Aquella decisión política, impulsada por el entonces ministro José Luis Ábalos, acabó siendo investigada por la Audiencia Nacional y ahora vuelve a estar en el foco.
Casos como el del juez García-Castellón y Plus Ultra no son los únicos que sacuden la confianza en la independencia judicial. La Audiencia Nacional ha visto otros episodios de magistrados con relaciones estrechas con partes investigadas. La diferencia aquí es que los agradecimientos y las gestiones quedaron por escrito y en la agenda de un teléfono intervenido. La mera apariencia de favoritismo daña la credibilidad del sistema.
Con los informes policiales ya en manos del juzgado que instruye el caso Plus Ultra, los próximos pasos pasan por ver si estas comunicaciones se traducen en nuevas imputaciones o en un juicio que aclare responsabilidades. Mientras tanto, el exjuez sigue ejerciendo la abogacía en la misma sede que la empresa a la que presuntamente benefició.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Los mensajes intervenidos revelan que el presidente de Plus Ultra pidió al accionista que agradeciera al juez García-Castellón el desbloqueo de 3,7 millones de euros de Bankinter en 2022.
- Por qué te importa: Se trata de un caso que pone en cuestión la independencia judicial y afecta a la confianza en las instituciones, además de implicar dinero público del rescate de la SEPI.
- A quién afecta: A los contribuyentes, porque el rescate se financió con fondos públicos, y a la credibilidad del sistema judicial.
- Hacia dónde vamos: El juzgado instructor valorará si estas pruebas derivan en nuevas acusaciones. El exjuez sigue como abogado en la misma sede que la aerolínea.
