El pasado viernes 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un conjunto de normas aprobado por la Unión Europea que endurece los controles en las fronteras exteriores y acelera los procedimientos de expulsión para quienes no tengan derecho a la protección internacional. La medida, que llevaba años negociándose, cambia de forma sustancial la política migratoria comunitaria y tendrá un impacto directo en España, uno de los países que más presión recibe en su frontera sur.
¿Qué es el Pacto Europeo de Migración y Asilo?
El Pacto introduce un sistema de cribado obligatorio en las fronteras externas para todas las personas que lleguen de forma irregular. En la práctica, esto significa que los migrantes serán registrados, identificados y sometidos a un examen médico y de seguridad antes de que se resuelva su situación. Además, se agilizan los procedimientos de asilo con plazos más cortos y se facilita la devolución de quienes no puedan acogerse a la protección internacional.
Una de las claves es el mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros. Hasta ahora, los países del norte de Europa podían negarse a recibir a solicitantes de asilo procedentes de los puntos más tensionados, como Grecia, Italia o España. Con el nuevo reglamento, quien no quiera acoger a refugiados tendrá que aportar una compensación económica —se habla de al menos 20.000 euros por cada reubicación rechazada— o desplegar medios técnicos y humanos en las fronteras.
Así afecta a España y a los migrantes que llegan
Para España, que ya gestiona miles de llegadas anuales a través de las costas andaluzas y canarias, el cambio es significativo. Las autoridades deberán adaptar los centros de internamiento y los operativos de identificación para cumplir con los nuevos plazos, que son mucho más ajustados. Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por RTVE, se prevé un refuerzo de los efectivos destinados a las tareas de registro en las zonas de mayor tránsito.
La principal novedad es que los países que no deseen acoger a solicitantes de asilo deberán, a cambio, contribuir con fondos o con personal a los estados que soportan una mayor presión. Esa obligación, que antes era voluntaria, podría aliviar la carga que soportan las comunidades autónomas españolas con más llegadas. Las personas migrantes notarán las consecuencias desde el primer momento, ya que el cribado inicial será más exhaustivo y las decisiones sobre su futuro se adoptarán en semanas, no en meses.
Un largo camino: el contexto y las críticas
El Pacto Migratorio fue presentado por la Comisión Europea en 2020, tras el colapso del anterior sistema de asilo durante la crisis de 2015. Han sido necesarios más de seis años de duras negociaciones para alcanzar un acuerdo que contentara tanto a los estados ribereños —partidarios de mayor control— como a los países del norte, reacios a la acogida. La entrada en vigor llega en un momento en que la ruta atlántica hacia Canarias sigue activa y el debate político sobre inmigración está muy presente en España.
La solidaridad entre socios de la UE ya no es voluntaria: ahora es una obligación que se traduce en reubicaciones o en compensaciones económicas.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y CEAR han criticado que el nuevo marco prioriza las devoluciones sobre la protección de las personas, y advierten del riesgo de que se reduzca la calidad del asilo. Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos de Interior ha defendido que se trata de un equilibrio justo y realista que acaba con el principio de que «el que llega primero se queda con todo».
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Europa activa un sistema de cribado obligatorio en fronteras y acelera las expulsiones.
- 👥 Quiénes son los afectados: Miles de migrantes que llegan a España y los países con mayor presión fronteriza.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Procedimientos más rápidos, mayor control y una solidaridad obligatoria entre Estados.
