Valencia acaba de dar un paso que ha encendido todas las alarmas: la gestión de los centros de protección animal pasa a manos privadas. El Ayuntamiento adjudicó el contrato de recogida, acogida, atención veterinaria y mantenimiento de los refugios de Benimàmet y Natzaret a una UTE formada por ADDA Ops y Athisa Medio Ambiente. El importe supera los 5 millones de euros (IVA incluido) para los próximos tres años, y todo apunta a que el cambio no será solo económico.
La protectora Modepran, que durante 15 años había asumido esta labor sin ánimo de lucro, perdió el contrato tras un proceso de licitación. Su recurso inicial fue desestimado, y ahora el consistorio confirmó que en pocos días los trabajadores de Modepran dejarán paso a los empleados de las empresas adjudicatarias.
Una adjudicación millonaria y la sombra del maltrato
El nombre de Athisa resuena con fuerza entre los defensores de los animales. Según el comunicado de Modepran, la empresa afronta en estos momentos ocho procesos activos por maltrato animal en centros que gestiona o ha gestionado en distintos puntos de España, como Cádiz o Granada. La abogada Dulce Aguilera, especializada en derecho animal, recordó que mientras no haya condenas firmes, una empresa puede seguir presentándose a concursos públicos.
La adjudicación ha caído como un jarro de agua fría en la protectora. "Ni en nuestras peores pesadillas imaginábamos este escenario", señalaron en un extenso comunicado. La entidad advierte que los animales pasarán a estar bajo la responsabilidad de empresas "desratizadoras sin ningún afán de protección", y denuncia que no se subrogará a los trabajadores actuales, pese a que, según Modepran, era obligatorio por ley.
Voluntarios fuera y la lucha judicial
Los voluntarios, que durante años han donado su tiempo para que los perros y gatos tuvieran la mejor vida posible, también se quedan fuera. La entrada de gestores privados suele implicar la desaparición de los programas de voluntariado, y en este caso la mayoría de los voluntarios ha recibido la orden de abandonar su labor solidaria. "Los animales se quedan en manos de empresas privadas", lamentan desde Modepran, con el corazón roto.
Ahora mismo, la única vía que le queda a la entidad es la judicial. Modepran ha anunciado que luchará por ellos hasta el final, y mientras tanto sigue cuidando a los perros y gatos en su refugio de Carlet, donde la historia es otra. A la vez, la recogida de firmas lanzada para exigir la revisión del proceso sigue en marcha, y las redes sociales bullen con el caso.
La protección animal no puede ser un negocio donde los intereses económicos pesen más que la vida de los animales.
Y en medio de toda esta tormenta, hay una historia que resume el sentido de todo esto: Ayala, un perro que sigue en Modepran esperando una familia, es la imagen con la que la protectora ha ilustrado su desesperado comunicado. Un recordatorio de que, al final, lo que está en juego son vidas.
El debate de fondo: ¿quién cuida mejor a los animales?
El caso de Valencia no es aislado. En toda España, numerosos ayuntamientos han optado por externalizar la gestión de sus refugios, y casi siempre ha surgido la misma polémica. Las empresas suelen ofrecer mejores ratios económicos, pero las protectoras llevan años denunciando que las condiciones de bienestar se resienten cuando los números mandan. La Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en 2023, exige estándares muy altos, pero su aplicación en centros privados suele ser más laxa que en los gestionados directamente por la administración o por asociaciones sin ánimo de lucro.
🐾 Huella animal
- ❤️ Por qué es importante para un amante de los animales: Porque refleja cómo las decisiones políticas pueden afectar directamente la calidad de vida de los animales abandonados.
- 📌 De qué no tienes que olvidarte: De seguir de cerca la evolución judicial del caso y apoyar la recogida de firmas si estás en contra de la privatización.
- ⚠️ Cosas a tener en cuenta para el futuro: La batalla judicial puede prolongarse, y mientras tanto los perros y gatos estarán bajo la responsabilidad de la UTE, que nunca ha sido condenada por maltrato.
