Junts ha tumbado el decreto que prorrogaba los alquileres y miles de inquilinos se han quedado mirando el techo. La votación en el Congreso ha dejado fuera de juego una medida que llevaba meses funcionando como salvavidas. Y el calendario aprieta.
El decreto que ahora se cae incluía la prórroga automática de contratos de alquiler que vencían en zonas tensionadas, además de topes a las subidas. Era el último parche heredado del paquete antiinflación, ese al que se acogieron miles de hogares cuando la cosa se puso fea de verdad. Sin esa cobertura, los contratos vuelven al régimen general: si el casero no quiere renovar, no renueva.
Miles de inquilinos pierden la prórroga que les sostenía el contrato, y el cálculo no es pequeño. Los colectivos de afectados llevan días repitiendo la misma frase: 'teníamos la soga al cuello, esto era un balón de oxígeno'. Lo cuentan en los datos del INE sobre vivienda en alquiler, donde la tasa de esfuerzo de los hogares jóvenes lleva meses en niveles de récord.
El golpe llega además en el peor momento del año: primavera-verano es cuando más contratos se renuevan y cuando los caseros aprovechan para repreciar. Tela.
Por qué Junts se ha plantado pese a la oferta de Sumar
Aquí viene lo bueno. Sumar había abierto la puerta a meter bonificaciones fiscales para los caseros, incluido un IVA franquiciado (un régimen reducido pensado para pequeños propietarios) y deducciones para quien alquilara por debajo del precio de referencia. La oferta era clarísima: te ayudo si tú ayudas. Junts dijo no.
El argumento de los de Puigdemont va por otro lado: competencias autonómicas. Sostienen que Cataluña tiene su propia regulación de zonas tensionadas y que el decreto estatal pisaba terreno que no le toca. El no de Junts ha sido más político que técnico, y eso se ha notado en los pasillos del Congreso. La negociación, según se ha filtrado, se rompió por márgenes muy finos.
El Gobierno ya ha anunciado que tratará de sacar adelante una nueva versión del decreto en las próximas semanas, aunque sin garantías de aritmética. Mientras tanto, los inquilinos en zona tensionada se quedan colgados del calendario.
Qué dice esto de la vivienda en España (y por qué se va a repetir)
Esta película ya la hemos visto. Cada vez que un decreto de vivienda llega al Congreso pasa lo mismo: aritmética imposible, socios que negocian al milímetro, y un tema que afecta a millones acaba decidido por cuatro escaños. Pasó con la primera Ley de Vivienda en 2023, pasó con la prórroga de 2024 y ahora vuelve a pasar. La diferencia es que cada vez que se cae un parche, el problema de fondo sigue creciendo: el alquiler medio en Madrid y Barcelona supera los 1.450 euros mensuales, un 12% más que hace un año, y la tasa de emancipación juvenil está en mínimos históricos.
Mi lectura es la siguiente: ningún partido quiere cargar con el coste político de bloquear la vivienda, pero tampoco quiere ceder palancas competenciales. El resultado es que las medidas de urgencia se aprueban, expiran, se intentan prorrogar y caen. Y el inquilino, mientras, juega al limbo cada doce meses. La pregunta interesante no es si habrá nuevo decreto, sino cuántas semanas de incertidumbre va a vivir la gente entre uno y otro. Para seguir el detalle parlamentario, conviene mirar la web del Congreso de los Diputados: cada votación se publica con su desglose. Caos, pero caos del bueno.
