El sistema de vigilancia de la DGT en España ha experimentado una evolución constante desde que se iniciaron los registros oficiales en 1961. En aquel primer año de serie histórica, se impusieron poco más de un millón de denuncias en un contexto de apenas 1,2 millones de vehículos en circulación.
La progresión ha sido ascendente a lo largo de las décadas: se alcanzaron los cuatro millones de expedientes en 2008 y se superó la barrera de los cinco millones en 2022. Sin embargo, 2025 marca un nuevo hito al romper por primera vez el techo de los seis millones de sanciones anuales.
En concreto, la DGT de Pere Navarro registró 6.106.354 denuncias el pasado año. Esto se traduce en una media de 16.730 sanciones diarias o cerca de 700 cada hora.
RÉCORD HISTÓRICO DE LA DGT EN MULTAS DE TRÁFICO EN ESPAÑA CON MÁS DE 6 MILLONES EN UN AÑO
Es importante precisar que estos datos excluyen las estadísticas de Cataluña y el País Vasco, ya que ambas comunidades autónomas gestionan sus propias competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a través de sus respectivos cuerpos de seguridad.
El último cuatrienio, que comprende desde 2022 hasta 2025, concentra el mayor volumen de multas de la historia, consolidando una tendencia de alta actividad inspectora.
Aunque el anuario estadístico todavía no ha desglosado la totalidad de las categorías de las sanciones de 2025, la tendencia de años anteriores permite identificar el motivo principal de las multas. Tradicionalmente, casi dos tercios de las denuncias se deben a excesos de velocidad.
Estos son detectados mayoritariamente por dispositivos tecnológicos como los radares fijos, los radares de tramo y los dispositivos móviles. La velocidad sigue siendo el factor que genera un mayor número de expedientes sancionadores, por delante de otras infracciones como el uso del teléfono móvil al volante o la falta de uso del cinturón de seguridad.
Siete de cada diez sanciones se tramitan fuera de Cataluña y el País Vasco
La capacidad de vigilancia de la DGT se ha visto reforzada con la instalación de nuevos radares de punto y de tramo, así como con el uso de medios aéreos y cámaras de control.
Estos recursos permiten una monitorización constante de la red de carreteras del Estado. El incremento en el número de multas no solo responde al comportamiento de los usuarios en la vía, sino también a la mayor eficacia de los sistemas automáticos de detección de infracciones, que operan de forma ininterrumpida durante todo el año.
ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA LIDERAN EL VOLUMEN DE EXPEDIENTES POR REGIONES
El análisis geográfico de los datos revela diferencias notables entre las distintas regiones españolas. Andalucía es la comunidad autónoma donde la DGT interpuso un mayor número de denuncias el año pasado, con un total de 1.526.897 expedientes.
Le siguen la Comunidad Valenciana con 939.573 y la Comunidad de Madrid con 721.465. En cuarta posición se sitúa Castilla y León, que registró 601.184 sanciones. Estas cifras guardan una relación directa con el volumen de tráfico y la extensión de la red viaria gestionada por la administración central en cada territorio.
A nivel provincial, Madrid lidera el ranking nacional con las citadas 721.465 denuncias. Tras la capital, la provincia de Valencia ocupa el segundo lugar con 468.121, seguida de Cádiz con 369.586. Completan la lista de las zonas con más actividad sancionadora Alicante y Málaga. La concentración de sanciones en estas provincias responde, en gran medida, a la densidad de vehículos y a la presencia de vías de alta capacidad donde el control de velocidad es más estricto. La presión sancionadora se mantiene elevada en los grandes núcleos de población y en las rutas que conectan los principales centros económicos y turísticos del país.
La actividad sancionadora de la DGT tiene un reflejo directo en la recaudación por multas de tráfico, que en ejercicios recientes ha superado los 500 millones de euros. Este flujo de ingresos es objeto de análisis constante, tanto por su capacidad disuasoria como por la inversión necesaria para el mantenimiento de las carreteras. A pesar del récord de sanciones, las cifras de siniestralidad muestran un escenario complejo; mientras que en la Unión Europea las muertes en accidente han experimentado descensos leves, en España los datos de fallecidos muestran signos de estancamiento.
El objetivo declarado del organismo de tráfico es reducir la siniestralidad mediante el cumplimiento de la normativa. El incremento de las multas en 2025 se produce en un contexto de deterioro de algunas infraestructuras viarias y de un aumento en el número de desplazamientos tras la pandemia. Las autoridades insisten en que la mayoría de las denuncias formuladas por los radares fijos son evitables si se respetan los límites de velocidad señalizados. El equilibrio entre la vigilancia tecnológica, la inversión en seguridad y la responsabilidad individual de los conductores sigue siendo el reto principal para mejorar las estadísticas de las carreteras españolas en los próximos años.
