El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha dado a conocer una denuncia administrativa por daños y perjuicios a la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de gestionar el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca, Zaragoza. Esta UTE, formada por Lagunduz y Fundación Salud y Comunidad, enfrenta graves acusaciones, ya que su director y cuatro trabajadores han sido encarcelados preventivamente por presunto maltrato a dos internos.
Ante esta situación, el Gobierno regional ha emprendido una serie de acciones para esclarecer lo sucedido y garantizar el bienestar de los menores bajo su tutela. La consejera del área, Carmen Susín, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha detallado las medidas que se están llevando a cabo.
Respuesta Contundente del Gobierno de Aragón
El Departamento de Bienestar Social y Familia ha presentado una reclamación administrativa "por incumplimiento de la Ley de Contratos Públicos" contra la UTE responsable de la gestión del CAM de Ateca. Susín ha dejado claro que esta reclamación "podrá dar lugar a acciones judiciales" y que el Gobierno ha decidido rescindir la relación contractual con esta UTE, tanto en el presente como en el futuro.
Además, se ha iniciado una investigación interna para la que se ha nombrado a un instructor. También se ha abierto un expediente disciplinario a la persona responsable del Servicio Provincial de Tutelas y Protección a la Infancia. El Gobierno se ha personado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud.
Según la consejera, se han detectado "deficiencias en los canales de información y comunicación" y se tomarán "todas las decisiones que haya que tomar" para remediar la situación. Susín ha enfatizado que "existía la orden de que cualquier incidencia tiene que ser comunicada" y que se reunirá a todos los directores de centros para transmitirles "el plan de observancia".
Medidas para Garantizar el Bienestar de los Menores
El Gobierno de Aragón ha implementado una serie de medidas adicionales para proteger a los menores bajo su tutela. Entre ellas se encuentra el refuerzo del personal para llevar a cabo estas actuaciones, la elaboración de un "protocolo de malas prácticas" y la creación de una comisión de seguimiento.
Además, se está analizando la posibilidad de realizar una auditoría de todos los contratos vigentes para centros similares al de Ateca, con el objetivo de verificar si se cumplen "como está establecido" y si han existido casos similares al denunciado. Asimismo, se revisará la titulación de todos los trabajadores en los centros de menores.
La consejera ha sido enfática al señalar que "hay centros que trabajan muy bien" y que ahora se están viendo "cuestionados por esta situación", por lo que es importante "defender su buen nombre".
En resumen, el Gobierno de Aragón ha respondido de manera contundente ante las acusaciones de maltrato en el CAM de Ateca. Ha emprendido una investigación exhaustiva, tomado medidas disciplinarias y organizativas, y se ha comprometido a garantizar el bienestar y la seguridad de los menores bajo su tutela. La prioridad es esclarecer lo sucedido y, en caso de comprobarse delitos, asegurar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
