El diputado de Compromís en el Congreso inscrito en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado que las futuras 43.000 nuevas viviendas para el parque público de alquiler tengan una renta de 400 euros mensuales y estén gestionadas completamente por la administración pública.
Esto se enmarca en el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, destinados a promotores públicos y privados, para impulsar la construcción de estas 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible, por un período mínimo de 50 años.
Ibáñez ha subrayado que comparten con el presidente la importancia de contar con 43.000 viviendas más que ayuden a pasar de un parque público del 2,4% de los inmuebles totales a conseguir alcanzar en el futuro el 9,5%, márgenes que sí presentan otros países europeos. No obstante, el también portavoz de vivienda del grupo plurinacional en el Congreso ha manifestado su preocupación de que este plan sea lo de "siempre", es decir, disponer suelo público a promotoras inmobiliarias para que construyan y gestionen esas viviendas.
La Propuesta de Sumar: Viviendas Públicas a Precios Realmente Asequibles
Por ello, Sumar propone que estos 43.000 pisos sean directamente gestionados por la administración, tanto por agencias de vivienda autonómicas o municipales que disponen de competencias para ello. Y sobre todo que se puedan hacer a precios "realmente asequibles", sobre los 400 euros mensuales de cara a garantizar que dichos pisos no sirven para "hinchar todavía más al mercado privado".
Recientemente, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, planteó la construcción de 500.000 viviendas públicas con un alquiler de 400 euros mensuales en zonas de mercado tensionado, donde no sea suficiente la movilización de inmuebles vacíos. Esta propuesta se alinea con la reclamación de Ibáñez de que las futuras 43.000 viviendas públicas sean gestionadas directamente por la administración y a precios asequibles.
El Papel de la Administración Pública en la Gestión de Vivienda Asequible
Sumar considera fundamental que la administración pública asuma un papel protagonista en la gestión de las viviendas asequibles, alejándose del modelo tradicional de ceder suelo público a promotoras privadas. Esto permitiría garantizar que los alquileres se mantengan en niveles realmente accesibles para la población, evitando que se convierta en un mecanismo para inflar aún más el mercado privado de la vivienda.
La propuesta de Ibáñez y Sumar de que las 43.000 viviendas públicas anunciadas por el Gobierno sean gestionadas directamente por las administraciones autonómicas y locales responde a la necesidad de generar un parque público de alquiler asequible que permita abordar de manera efectiva la crisis de acceso a la vivienda que sufren amplios sectores de la sociedad española.
Solo a través de un liderazgo claro de las administraciones públicas en esta materia se podrá garantizar que los recursos destinados a vivienda social tengan el impacto deseado en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.
