La crisis de los menores migrantes no acompañados es un desafío que enfrentan algunas comunidades autónomas españolas, como Ceuta, Melilla y Canarias, que experimentan una mayor presión migratoria en comparación con otras regiones. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha abordado recientemente esta problemática durante su visita a Melilla, subrayando la necesidad de solidaridad entre todas las comunidades autónomas para encontrar una solución efectiva.
En este contexto, el ministro ha destacado la importancia de modificar la legislación actual, específicamente el artículo 35, con el objetivo de establecer un marco jurídico regulado que permita resolver esta situación en el futuro. Esta propuesta legislativa se encuentra en la fase de negociación y debate, y se espera que sea aprobada en el Congreso y el Senado durante el mes de julio.
La Solidaridad, Pilar Fundamental para Abordar la Crisis
Torres ha explicado que la solidaridad es absolutamente imprescindible para abordar la crisis de los menores migrantes no acompañados. Hasta el momento, los intentos a través de reglas diferentes y sectoriales no han funcionado de manera efectiva. Por lo tanto, la modificación de la legislación se presenta como la única solución posible para resolver esta situación en el futuro.
El ministro ha detallado que el acuerdo sobre el borrador entre el Gobierno canario y el central establece una ficha financiera que permite la neutralización sectorial. Esta medida es una petición prioritaria, ya que, según Torres, en agosto no hay sesiones del Congreso, lo que podría retrasar la aprobación de la propuesta.
Además, Torres ha recordado que en 2018, el gobierno de España aprobó un decreto ante una presión migratoria significativa. Sin embargo, ha señalado que los migrantes modifican su ruta, lo que significa que el problema puede surgir en un territorio y luego trasladarse a otro.
La Necesidad de Solidaridad en Comunidades con Mayor Presión Migratoria
Ceuta, Melilla y Canarias son las comunidades autónomas que enfrentan una mayor presión migratoria, llegando a superar un 150% de plazas ocupadas en algunos casos. Según Torres, estas regiones necesitan de la solidaridad de las demás autonomías para hacer frente a esta crisis.
Por su parte, Miguel Marín, vicepresidente primero de Melilla, ha confirmado que en su ciudad siempre han apelado a la solidaridad de las comunidades autónomas en relación con el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. De hecho, en 2018, Melilla acogía a 2.075 menores extranjeros no acompañados.
Marín ha enfatizado la importancia de apelar a la solidaridad de todas las comunidades autónomas, sin excepción. Además, ha subrayado la necesidad de estar pendientes del texto normativo que se quiere aprobar y de las condiciones en las que se recoge, con el objetivo de garantizar que la solidaridad sea efectivamente materializada.
En conclusión, la crisis de los menores migrantes no acompañados es un desafío complejo que requiere de la solidaridad y coordinación entre todas las comunidades autónomas españolas. La modificación de la legislación actual y la implementación de medidas financieras y sectoriales son fundamentales para abordar esta problemática de manera integral y garantizar el bienestar de estos menores.
