Las aventuras de Maduro siguen generando impacto. En el complejo escenario político venezolano, María Corina Machado ha emergido como una fuerza indiscutible, consolidando su liderazgo a través de una victoria contundente en las recientes primarias. Con un impresionante respaldo del 93% de los 2.5 millones de votos emitidos el pasado 22 de octubre, Machado no solo se ha convertido en la figura central de la oposición, sino que también ha capturado la atención nacional con un respaldo del 70% según las encuestas más recientes.
Este fenómeno representa un claro desafío para el chavismo-madurismo, cuyo régimen enfrenta una creciente impopularidad y una ciudadanía que, a pesar de las amenazas, ha expresado su rechazo participando masivamente en unas primarias que desafiaron el control del Consejo Nacional Electoral, vinculado estrechamente a Maduro durante las últimas dos décadas.
El proceso electoral, organizado de manera independiente por la sociedad civil, marcó un hito al prescindir de la tutela del Consejo Nacional Electoral y optar por un recuento manual de votos. Este acto de desafío simboliza la determinación de los ciudadanos de rebelarse contra el régimen actual, evidenciando un rechazo palpable que ha resonado incluso entre los venezolanos en el extranjero.
Machado, quien ha liderado un discurso frontal contra la autocracia, emerge como la voz de la oposición, generando un tono de rebeldía que no ha pasado desapercibido en los corredores de Miraflores. Maduro y su círculo comprenden que la creciente impopularidad no puede ser sofocada únicamente con represión, y se vislumbra un cambio en la estrategia gubernamental para enfrentar la nueva realidad política que se gesta en el país.
La estrategia “El Esequibo es de Venezuela” de Nicolás Maduro para silenciar a Machado
El gobierno madurista, en un intento por contrarrestar el rechazo interno, ha recurrido a una estrategia común entre dictaduras: impulsar un referéndum sobre la soberanía del territorio al oeste del río Esequibo, una disputa histórica que Venezuela mantiene desde hace casi dos siglos, primero con Gran Bretaña y luego con la República Cooperativa de Guyana.
Este territorio, de aproximadamente 160,000 kilómetros cuadrados, se corresponde con la antigua Capitanía General establecida por la monarquía española en 1777, donde el río Esequibo siempre fue considerado la frontera oriental. La reclamación venezolana se remonta a 1841, cuando el buque Restaurador avistó la bandera británica en Punta Playa, desencadenando una disputa que llevó a la ruptura de relaciones con Londres en 1876 y posteriormente a un laudo arbitral en 1899, cuyos resultados fueron rechazados por Venezuela.
Ante el deterioro continuo de la situación, Venezuela llevó el caso a la ONU en 1962, alegando nulidades en el laudo arbitral de París. Se estableció el Acuerdo de Ginebra en 1966 con Gran Bretaña, reconociendo el reclamo venezolano sobre el Esequibo y sentando las bases para una negociación bilateral. Sin embargo, la ocupación del territorio por parte de Guyana persistió.
Desde entonces, Venezuela ha buscado una resolución negociada, mientras que Guyana propuso la intervención de entidades como la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia. Este conflicto territorial sigue siendo un tema sensible que el gobierno de Maduro busca utilizar para desviar la atención de la creciente impopularidad interna.
Los antecedentes del “chavismo” en el conflicto con Guyana
Desde 1999, el chavismo en Venezuela adoptó una postura inusual al permitir que Guyana operara en el territorio en disputa del Esequibo, bajo la influencia de la Cuba castrista. Esta actitud, destinada a ganarse el respaldo del CARICOM en la OEA, llevó a concesiones de explotación maderera, petrolera y gasífera por parte de Guyana en áreas disputadas.
Después de incidentes fronterizos en 2015, Venezuela solicitó la intervención de la ONU. A pesar de la recomendación de la ONU de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, el gobierno de Maduro, enfrentando crecientes desafíos internos, ha convocado un controvertido referéndum para desconocer la jurisdicción de la Corte y proponer la «creación del estado Guayana Esequiba».
Este audaz pero inconsistente movimiento de Maduro, buscando cohesionar al país bajo una atmósfera de emergencia nacionalista, ha generado tensiones con Guyana y motivado una apelación ante la Corte Internacional de Justicia. La estrategia refleja la preocupación del régimen por su declive interno y su intento de mantener el respaldo bajo un contexto de crisis.
La decisión de desafiar la jurisdicción internacional revela la fragilidad de una autocracia que, sintiéndose amenazada, recurre a tácticas arriesgadas y muestra niveles preocupantes de irresponsabilidad. La situación plantea incertidumbres sobre el futuro de Venezuela y su posición en el escenario internacional.
Desafiando la tormenta política: Una apuesta audaz para revitalizar a Venezuela en tiempos de crisis profunda
Nicolás Maduro, enfrentando la presión política de María Corina Machado y el resurgimiento de la oposición, ha optado por una estrategia de despertar nacionalista en Venezuela. Acusando a la Plataforma Unitaria y a Machado de violar los acuerdos de Barbados y traicionar a la nación, Maduro ha centrado su atención en el territorio fronterizo del Esequibo, objeto de disputa con Guyana durante dos siglos.
A pesar de haber sido previamente descuidada por Chávez y Maduro, la región se ha vuelto crucial tras los millonarios descubrimientos energéticos. En un intento de inyectar esteroides nacionalistas a su campaña, Maduro convocó un referéndum para el 3 de diciembre, proponiendo preguntas controversiales, incluida la creación del estado Guayana Esequiba.
Analistas sostienen que Maduro busca polarizar la opinión pública en torno al conflicto fronterizo para consolidar su apoyo, aprovechando el sentimiento nacionalista. La estrategia podría distraer de la creciente impopularidad del régimen y de la derrota sufrida en las primarias, donde 2.4 millones de venezolanos votaron.
Sin embargo, la movida ha generado tensiones con Guyana, que ha apelado a la Corte Internacional de Justicia, y Estados Unidos respalda a Georgetown. La consulta popular, criticada por su potencial para incitar a la violencia, se presenta como un riesgoso movimiento de Maduro para mantener el control en medio de la agitación interna y la pérdida de respaldo popular.
