El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dado cuenta casi 5 años después de llegar al Palacio de la Moncloa que el acceso a la vivienda para los españoles tanto para la adquisición como para alquilar un piso, se ha convertido en uno de los principales problemas de este país. Desde que ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, apenas ha tomado decisiones con respecto a que los ciudadanos puedan tener un techo donde vivir dignamente como dicta el artículo 47 de la Constitución.
Pequeñas iniciativas del consejo de ministros como limitar las subidas a los precios de los alquileres al 2% o la prórroga extraordinaria de 6 meses, a petición del arrendatario, de la vigencia de los contratos de arrendamiento que finalicen antes del 30 de junio de 2023, es lo único que se ha hecho hasta ahora en esta materia. Pero de promover la construcción de vivienda pública o habilitar pisos de la Sareb hasta ahora nada.
Cuando falta mes y medio para las elecciones autonómicas y municipales y poco más de 6 meses para las generales, parece que el tema de poder acceder a un techo donde vivir se ha convertido en algo prioritario. El reloj electoral ha empezado a hacer tic tac y a los políticos del Gobierno les han entrado las prisas por tomar medidas en ese aspecto. Hemos de tener en cuenta que únicamente el 3% del parqué de vivienda en España es de carácter público, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con el 9% que existe en la Unión Europea y el problema de la vivienda viene de atrás.
EL ACCESO DE LA VIVIENDA PARA JÓVENES ES IMPOSIBLE
Un gobierno que se denomina de «corte socialista» debería haber afrontado este tema desde el primer día que tomaron las riendas de nuestro país. Si tenemos en cuenta que los jóvenes tienen que destinar un 71% de su salario al alquiler, según datos del INE. En ciudades como Madrid o Barcelona, ese acceso se hace imposible, ya que el precio medio de arrendar un piso es de 1.941 euros y 2.468 euros respectivamente, según el portal enalquiler.com.
La semana pasada el ejecutivo de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo que había alcanzado un acuerdo para poner en marcha la llamada Ley de Vivienda con sus socios parlamentarios. En ella se pretende que 50.000 viviendas de la SAREB se conviertan de titularidad pública y puedan alquilarse a familias necesitadas, aunque solo el 15 % está situadas en capitales de provincia. Otra de las iniciativas es la regulación de los precios en las zonas tensionadas.
Asimismo las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Si un inmueble consta de 100 viviendas, deberá destinar 30 a este fin de las cuales 15 serán de alquiler social.
EL GOBIERNO SE DEFIENDE
El Gobierno se ha defendido muchas veces con el argumento de que la competencia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas. Desde que se formó un nuevo ejecutivo debería haberse nombrado un ministro del ramo para que llevara las negociaciones con los consejeros y presidentes autonómicos para tratar este tema de vital importancia. Si tenemos en cuenta que la deuda en nuestro país en estos casi tres años y medio ha aumentado en 269 ml millones de euros según datos del Banco de España, ¿qué importe ha ido destinado de esa ingente cantidad a construir vivienda pública?, poco o nada.
Otro de los errores del gobierno ha sido no haber hecho un estudio de las necesidades reales de vivienda en nuestro país por comunidades autónomas y por municipios, para una vez cuantificado el problema haber tomado decisiones y poner a disposición tanto suelo como la financiación para la construcción de vivienda protegida. Hemos de tener en cuenta que ese proceso lleva años, pero si no se inicia nunca, el tiempo hará que cada vez las familias españolas de clase media y baja estén más ahogadas.
LA VIVIENDA, ORIGEN DEL FOCO DE OTROS PROBLEMAS
El tema de la vivienda a un precio asequible tanto de alquiler como de compra es esencial, ya que supone el inicio de una cadena que arrastra irremediablemente a otros que están por solucionarse hoy en día. Como el hecho de que España tenga una de las tasas más bajas de natalidad del mundo, precisamente porque los jóvenes no pueden independizarse ni ahorrar debido a los elevados precios de los pisos, que hacen imposible formar una familia.
Otro de los efectos negativos es el índice de pobreza en nuestro país se situó en un 27,8% en 2022 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y ese dato tiene su origen en gran medida en el tema de la vivienda. A su vez el 25% de las familias declaran que no pueden ahorrar nada con su sueldo a final de mes. Por ese mismo motivo cada vez más personas han de compartir piso porque ni pueden alquilar ni comprar a un precio razonable.
