Bajo el lema «Feministas en lucha por los derechos de las mujeres» marcharán en Madrid el próximo 8M los colectivos críticos con la Ley Trans que ha entrado en vigor el pasado jueves.
Agrupadas en el Movimiento Feminista de Madrid, las organizaciones convocantes de una de las dos manifestaciones de la capital centrarán sus reivindicaciones en denunciar «la pésima gestión de las políticas de igualdad” por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid.
Un movimiento del que, si bien siempre se le ha visto inclusivo con todos los frentes abiertos, en el Gobierno están experimentando cómo son varios los ministros que han llegado a centrar su foco en el feminismo… a pesar de que no son sus competencias (o al menos, directamente).
La parte socialista evita acudir a la Marcha Feminista alternativa
En concreto, y como mencionamos con las marchas feministas, acudirán a la manifestación organizada en Madrid por la Comisión 8M. Apoyarán, por tanto, la movilización que se postula a favor de las políticas adoptadas por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero.
La parte socialista del Ejecutivo evita así acudir a la marcha alternativa, planificada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM, entre otras agrupaciones), crítica con la ministra de Unidas Podemos, y a favor de reformar la ley del ‘solo sí es sí’. La gran discrepancia que separa a los dos partidos que conforman la coalición.
Y es que la situación actual del Ejecutivo se ha tensionado debido a diferentes frentes abiertos, a los que este fin de semana se ha sumado el anuncio de Pedro Sánchez de la aprobación de una ley para garantizar la paridad de género tanto en ámbito público como privado, iniciativa que no ha terminado de convencer a la oposición pero tampoco a sus socios de gobierno.
Un anuncio, otra ley, que solo sirve para alejar aún más y tensionar el discurso, cada vez más de confrontación, entre Unidas Podemos y PSOE.
Marlaska, el último en sumarse a un área feminista que no es el suyo
Lo cierto es que la guerra de relatos está abierta a cuenta de la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
El PSOE, seguro de que está conectando con una mayoría que quiere que se deje atrás la norma, busca cerrar el grifo de la crisis y que deje de gotear de cara a este día del feminismo, el 8M.
De hecho, a lo largo de la legislatura, se ha observado a algún que otro ministro que ha acudido a algún, acto, evento o compromiso que poco o nada tenía que ver con su departamento o sus competencias. Así, como inmiscuirse en medidas que no se enmarcan en las funciones de su cargo.
Marlaska, otro ministro que se suma a eventos feministas que no le competen
El problema es que ahora este baile de competencias se ha hecho aún más evidente. Así, se puede observar como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acudido a un acto feminista, también con la ministra de Defensa, Margarita Robles o, por ejemplo, el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha acudido a un foro económico…
O el propio Marlaska, el ministro del Interior, que también se ha rodeado de este entorno que no es tan cercano a su puesto. Y es que, hay todo un caos de competencias entre los ministros, dado que ya no importa el área al que pertenezca el evento al que acuden.
Pedro Sánchez ve un «suicidio» terminar la coalición con Podemos antes de las elecciones
De todos modos, cabe mencionar que Yolanda Díaz, ejerciendo de moderadora y cuidadora de la coalición, está bastante más lejos de las posturas de Unidas Podemos, y podemos decir que algo más cerca que la postura socialista.
Y es que la proposición de ley del PSOE, calificada por la Mesa de la Cámara «siguiendo el procedimiento habitual», ven esta crisis como la primera entre ambos socios con capacidad para dejar a la coalición seriamente tocada, casi en parada irreversible.
Ahora bien; Pedro Sánchez no lo ve de igual manera, pues asume que es un suicidio terminar la coalición antes de las elecciones del 28-M y también acepta aunque a regañadientes, su incapacidad para echar del Ejecutivo a Montero pese a haberla desautorizado. El Ejecutivo no tiene previsto asumir responsabilidades políticas por el lío…
