El juicio por la adquisición presuntamente irregular de 80 facsímiles de grabados de Francisco de Goya con dinero público por parte de la exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) Josefa Cruz se celebra este martes, más de cinco años después de que la Fiscalía abriese investigación para averiguar el paradero de la colección que está aún «desaparecida» sin que se haya expuesto al público «jamás».
La vista oral, que se ha suspendido en varias ocasiones –la última en julio de 2021– se ha señalado por el Juzgado de lo Penal 3 de Almería a partir de las 10.00 horas, según han informado fuentes judiciales.
Cruz Orta, quien abandonó la política de forma activa en 2019 al no concurrir en la lista del PSOE, se enfrenta a penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El juzgado instructor de Vera ordenó abrir juicio oral en febrero de 2019 y requirió a la exconcejal socialista para que prestase una fianza de 5.933 euros.
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, se enfrenta a una multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios, y a la suspensión de empleo o cargo público por periodo de dos por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El Ministerio Público considera que Josefa Cruz incurrió al comprar la colección por 3.250 euros en un «gasto innecesario y superfluo para el erario público» y le reprocha la toma de una decisión que califica de «personal suya, arbitraria en su esencia y alejada del interés público».
El escrito de calificación provisional recoge que, como concejal de Cultura de Carboneras, tomó el acuerdo de adquirir para el Ayuntamiento «80 estampas de Francisco de Goya de una colección denominada ‘Los Desastres de la Guerra’ por importe de 3.250 euros».
Señala que el pago se hizo de forma «aplazada» en los meses siguientes y que «fueron abonados por el Ayuntamiento» según consta en la factura emitida por la editorial.
Si bien las referidas estampas fueron recepcionadas en el Ayuntamiento «en torno al 31 de agosto de 2009 por la acusada», el fiscal subraya que «jamás» fueron expuestas al público, «ni utilizadas ni visionadas por ninguna persona amén de la acusada, estando desaparecidas desde fecha indeterminada y sin que estén localizadas en ninguna dependencia municipal».
Sobre la decisión adoptada por la concejal, indica que no siguió «ningún criterio técnico, ni conveniencia ni utilidad para el Ayuntamiento» al tiempo que no se tramitó «mínimo expediente administrativo».
«Fue una decisión personal suya, arbitraria en su esencia y alejada del interés público, que supuso un gasto innecesario y superfluo para el erario público», concluye.
La investigación se inició tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el entonces equipo de gobierno de Gicar-PP que lideraba Salvador Hernández y en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad.
La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El consistorio carbonero estuvo casi tres años tras la pista de la colección, que valoró en 2019 en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de «forma casual» al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos.
De hecho, antes de interponer la denuncia, se solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera, si bien no lo hizo.
