La Audiencia Nacional celebra este lunes el juicio a Francisco C. y Mohamed B., que están acusados, el primero, de consumir propaganda de Estado Islámico (DAESH) y, el segundo, de difundir contenidos yihadistas en redes sociales, tras una investigación surgida en Colombia por la detención de una persona que pensaba atentar contra personal de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y que había tenido contacto con ellos.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para Francisco C. por el presunto delito de auto adoctrinamiento terrorista y cuatro años de libertad vigilada.
Para Mohamed B., el Ministerio Público reclama siete años y medio de cárcel por el supuesto delito de captación y adoctrinamiento terrorista, así como otros siete más de libertad vigilada, a fin de conseguir «una reeducación y alejamiento de posiciones extremistas que evite una reiteración delictiva», algo que también aplica al primer acusado. De igual modo pide una multa de 3.780 euros.
La investigación tuvo su punto de partida en 2018 al detectar la Policía Nacional un grupo denominado «El Califato permanecerá» en la aplicación de mensajería Telegram. La Comisaría General de Información descubrió que estaba enfocado a la difusión de propaganda en castellano sobre la organización terrorista DAESH.
En dicho grupo de Telegram, los agentes de la Policía se percataron de que uno de los usuarios, con pasaporte cubano, planeaba, según el escrito fiscal, atentar contra una cafetería en Bogotá, la capital colombiana, entre cuya clientela estaba el personal de la Embajada de Estados Unidos en el país sudamericano.
La Policía dio aviso tanto a Colombia como a Estados Unidos y, en una operación a tres bandas, se efectuó el arresto de esta persona en Bogotá. A partir de ahí es cuando la Fiscalía General de Colombia comunicó a España la existencia de una célula vinculada a DAESH que estaría coordinada para llevar a cabo atentados en suelo español.
CONTACTO DESDE COLOMBIA
El análisis de los efectos incautados al detenido en Colombia reveló que había pedido por Telegram colaboración para sus planes y que mantuvo contactos con Mohamed B y Francisco C., con quien se habría mensajeado por primera vez el 19 de febrero de 2018, cuando Francisco C. le contó «de forma espontánea» que vivía en España.
Un año después, el 30 de abril de 2019, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional dio su autorización para que un policía, operando de forma encubierta, se registrara en Telegram para conversar con Francisco C. y descubrió que éste estaba suscrito a un grupo, con nombre en árabe y más de 4.000 miembros, dedicado a la compraventa de armas y material militar, además de teléfonos, coches, motocicletas, muebles, ordenadores o tabletas.
Días después, el 9 de mayo, el policía encubierto entabló una conversación con el acusado «acerca del Islam en general y de temas intrascendentales en un inicio«. En el intercambio de mensajes, Francisco C. aseguró «ser converso» al credo musulmán desde «hace un año» y dijo que prefería no tener una estética salafista «para poder pasar desapercibido entre sus conocidos», describe la Fiscalía.
En el transcurso de las conversaciones, el agente encubierto le preguntó si había pensado alguna vez en pasar a la acción, a lo que Francisco C. respondió que quería «acabar con católicos y judíos» e invitaba «abiertamente» a atentar contra una sede del colectivo LGTBI en Las Palmas, para lo cual solicitaba «ayuda material».
Las pesquisas llevaron a la entrada y registro en la vivienda del acusado, donde la Policía intervino su teléfono móvil, en el que se encontraron una serie de audios e imágenes sobre ejecuciones del DAESH, juramentos de lealtad a la organización terrorista o sobre armas, material de guerra o accesorios de la «yihad virtual». Todo giraba en torno a una «visión radical» de la religión islámica.
Por su parte, Mohamed B. fue localizado en 2019 y posteriormente detenido a raíz, también, de la infiltración de un policía en las redes. Una vez registrado su teléfono móvil, se descubrió que consumía «regularmente abundante material adoctrinador» disponible en una página web de tintes yihadistas que después el acusado difundía «de manera masiva» por sus perfiles en Facebook y WhatsApp.
«DEJAR EL ISLAM ES LA MUERTE»
Lo hizo, según el escrito del Ministerio Público, «tras haber filtrado, seleccionado y traducido al español los fragmentos que aquel considera idóneos dentro del equilibrio entre material radical para adoctrinar en la yihad y cumplir con las medidas de seguridad que eviten su detección».
Además, la Fiscalía considera «constatado» que Mohamed B., como seguidor de la ideología ‘takfirí’, «la rama más radical del yihadismo», realizó desde las redes sociales y en grupos privados «reiterados llamamientos» a unirse al DAESH y a la yihad, «llegando incluso a justificar las ejecuciones y atentados terroristas».
Entre las publicaciones de Mohamed B., el escrito fiscal incluye algunas como: «El castigo por dejar el Islam es la muerte»; «Los lazos del Islam y las bases son tres (…): Quien abandone a uno de ellos se convierte en un ‘kaffir’ y está permitido su sangre», o: «El terrorista es el luchador por la libertad de otro hombre».
