La cámara baja del Parlamento ruso, la Duma, ha aprobado este viernes un proyecto de ley de amnistía para la regularización de aquellos capitales no declarados en el extranjero que estará en vigor desde el próximo 14 de marzo y hasta el 28 de febrero de 2023.
Se trata de la cuarta fase de amnistía fiscal en el país, después de las amnistías implementadas entre julio de 2015 y junio de 2016; desde marzo de 2018 a febrero de 2019; y desde junio de 2019 a febrero de 2020, según informa Interfax.
La amnistía, que será aplicable a actos cometidos con anterioridad al 1 de enero de 2022, permitirá durante su vigencia a las personas físicas presentar ante el Servicio de Impuestos Federales una declaración que con información sobre propiedades, incluyendo (terrenos, otros inmuebles, vehículos, valores y activos financieros).
Asimismo, el texto contempla también la regularización de dinero en efectivo, tanto en rublos como en moneda extranjera, para su transferencia a depósitos en bancos de la Federación de Rusia.
En virtud de esta nueva amnistía, aquellas personas que decidan acogerse a la misma gozarán de la exención de responsabilidad penal, fiscal y administrativa por determinados actos ilícitos. De este modo, el declarante está exento de responsabilidad penal por evasión de pagos aduaneros, derechos especiales, antidumping y evasión de impuestos o tasas.
MEDIDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA.
Asimismo, la Duma ha aprobado en primera lectura un nuevo proyecto de ley presupuestaria así como un paquete de asistencia de emergencia para garantizar la estabilidad económica del país y sostener a los ciudadanos y entidades específicamente afectados por la batería de sanciones internacionales promulgadas por la invasión de Ucrania.
En el ámbito presupuestario, el proyecto de ley contempla la posibilidad de utilizar ingresos adicionales de petróleo y gas en 2022 para pagar la deuda estatal de la Federación Rusa, así como para brindar apoyo financiero para otras medidas prioritarias.
Asimismo, el proyecto de ley amplía el derecho de las regiones rusas, en caso de que no quieran endeudarse, a decidir sobre la reducción de las asignaciones presupuestarias para el servicio de la deuda pública y destinarlas a otros gastos prioritarios.
Las regiones también podrán dirigir fondos de préstamos presupuestarios a actividades relacionadas con el apoyo a la economía frente a las sanciones, según el texto del proyecto de ley, recogido por la agencia de noticias TASS.
Además, la Duma también ha aprobado una ley que contiene un conjunto de medidas socioeconómicas para apoyar a los ciudadanos y empresas bajo sanciones.
La ley está específicamente diseñada para facilitar el desarrollo del negocio de las personas y entidades afectadas al definir nuevos mecanismos para simplificar la adquisición de bienes, obras, servicios así como los detalles de la regulación de las relaciones jurídicas en el campo de las actividades de seguros en la Federación Rusa.
Rusia lleva siendo toda esta semana objeto de nuevas sanciones internacionales tras la expulsión el pasado fin de semana de algunos de sus bancos del mecanismo financiero SWIFT así como de la paralización de activos de su Banco Central.
Entre las últimas destacan las impartidas a última hora del jueves por la Casa Blanca contra oligarcas rusos y sus familias por el apoyo que le estarían brindando al presidente ruso, Vladimir Putin, a pesar de su «brutal» agresión sobre Ucrania.
