Ignacio Pardo, uno de los coordinadores del equipo que supervisaba al Banco Popular en el Banco Central Europeo (BCE), ha explicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la entidad tenía problemas estructurales que venían de mucho antes del proceso que llevó a su resolución y que ha fechado en 2008, tras el estallido de la crisis económica.
Fuentes jurídicas han confirmado que la declaración de Pardo, que comenzó este martes y se ha extendido hasta este jueves, ha servido para aportar luz sobre la situación contable de la entidad. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 también ha tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Giorgis, compañero de Pardo en el BCE.
En la misma, Pardo ha señalado que el Popular contaba con una alta cantidad de activos inmobiliarios y no productivos, a lo que se añadía un bajo nivel de cobertura. En esta línea, han incidido en que el modelo de negocio de la entidad tenía una baja rentabilidad, en parte, por los bajos intereses bancarios.
Fue la crisis, según ha explicado, lo que provocó que el banco pasase de una época de bonanza a entrar en colapso. Y lo hizo, en parte, porque tampoco generaba el suficiente negocio como para poder atender las coberturas con las que contaban el resto de entidades del sector.
ANÁLISIS SOBRE LOS ACTIVOS Y TEST DE ESTRÉS
A pesar de eso, explican las mismas fuentes, Pardo ha apuntado que el Popular consiguió pasar una serie de AQR que, en sus siglas en inglés, se refiere a un proceso de análisis de la calidad de los activos. En concreto, los supervisores se encargan en este punto de indagar en la contabilidad y asegurarse de que los propios activos y estén bien registrados.
Además de estos exámenes, la entidad también se enfrentó de forma positiva a sendos test de estrés, con los que se trata de determinar si un banco cuenta con la estabilidad financiera y la capacidad reacción necesaria ante una situación adversa. Ambos procesos, tanto las AQR como los test, se realizaron en 2012 y en 2014 respectivamente.
Fue después de acometer esas acciones cuando se sometió a una inspección a la cartera de riesgos del Popular, en especial de las operaciones refinanciadas, lo que permitió concluir que la entidad no contaba con un mal sistema o malas normas contables, sino que la ejecución práctica no se estaba realizando de forma eficaz.
Eso llevó al banco a la necesidad de aprovisionar un total de 1.824 millones de euros a instancias del BCE, que se lo comunicó en noviembre de 2016. Una cifra que se sumó a las elevadas pérdidas con las que cerró ese ejercicio.
LABOR LIMITADA A LA SOLVENCIA PRUDENCIAL
Con todo, Pardo ha sido tajante en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, al que ha explicado que el BCE no contaba con competencias en materias contables, y que su labor se limitaba a un nivel prudencial. Concretamente, ellos hacían provisiones sobre las que establecer la solvencia prudencial del banco.
La declaración de Pardo, que ha tenido que continuar este jueves, ha sido especialmente extensa después de que el magistrado decidiese leer las actas de la comisión del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera. Por el contrario, la de Carlo Giorgis ha sido, en comparación, más escueta.
Concretamente porque Giorgis se hizo cargo de la supervisión del Banco Popular en marzo de 2017, tan solo unos meses antes de su resolución en el mes de junio. Así, y tras la venta al Banco Santander, Giorgis pasó a formar parte del equipo de la entidad que actualmente preside Ana Patricia Botín.
El magistrado también habría abordado a Pardo y Giorgis acerca de las filtraciones a la prensa por las que ya interrogó a la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, aunque ambos habrían descartado tener conocimiento acerca de las mismas.
EL JUEZ CRITICÓ LA TARDANZA DEL BCE
Fue el pasado mes de junio cuando el juez solicitó al BCE información, por un lado, de los equipos de supervisión permanente y, por otro, de los equipos asignados a las inspecciones ‘in situ’ con el objetivo de llamarles a declarar sobre las revisiones o inspecciones que realizaron en el banco español.
Calama criticó la tardanza del BCE porque, a su juicio, estaba generando un «evidente retraso» en la instrucción de la presente causa y, para remediarlo, explicaba, optó por «citar directamente a quienes fueron los responsables de dichos equipos».
El magistrado creía entonces que Pardo y Giorgis podrían aportar datos esenciales dado el conocimiento exhaustivo que tenían sobre la situación del balance del Banco Popular, su modelo de negocio y gobernanza, como finalmente han hecho.
En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
