El Gobierno ha autorizado este martes en Consejo de Ministros los criterios de distribución territorial y reparto de las actuaciones previstas en el Marco del Componente 20, el Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, por un importe de 87,7 millones de euros.
Con esta dotación, las comunidades autónomas deberán desarrollar acciones formativas que atenderán prioritariamente a la formación en competencias emergentes, de rápida evolución y con prospectiva en la generación de empleo.
Asimismo, atenderán también a la formación en aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo.Estos fondos se orientan preferentemente, y sin exclusividad, a 11 sectores estratégicos, contemplados en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, como son la hostelería y turismo, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia o servicios de atención a personas, entre otros.
Además, las acciones formativas tendrán en cuenta una orientación específica hacia aquellos sectores con mayor número de personas en situación de regulación temporal de empleo (ERTE), hacia el sector del cuidado de las personas y hacia las acciones de cualificación y recualificación que se desarrollen en zonas en riesgo de despoblación o de reto demográfico.
Las comunidades autónomas, a través de las administraciones competentes en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, programarán ofertas formativas en módulos de entre 30 y 60 horas de formación, de carácter no formal, pero referenciados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y susceptibles de ser acreditados posteriormente en el marco de la normativa reguladora de la acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y vías no formales de formación.
Según explica el Ministerio de Educación y FP, los fondos destinados a despoblación y cuidado de personas (24,5 millones de euros) permitirán la formación de 44.662 trabajadores o personas en búsqueda de empleo y los 63,2 millones destinados a Sectores Estratégicos permitirán la formación de 160.000 trabajadores o personas en búsqueda de empleo.
ACCIONES A REALIZAR EN 2022
Con respecto a 2022, las comunidades autónomas tendrán que posibilitar, desde la recepción efectiva de los fondos y hasta el 31 de diciembre de 2022, que un trabajador que se haya quedado sin empleo pueda acceder fácilmente a una formación que le capacite para conseguir rápidamente otro empleo, continuando en el mismo sector en el que ha trabajado hasta ese momento, o cambiando de sector productivo si la coyuntura económica o sus propias expectativas laborales así lo indican.
También tendrán que favorecer que un profesional que lleva años trabajando en una empresa, pueda acceder fácilmente a esa formación que necesita en un momento dado, para adaptarse a los cambios que los procesos de digitalización o las nuevas tecnologías están imprimiendo en todos los sectores.
Y, además, que cualquier trabajador con experiencia, pero sin una titulación que acredite lo que sabe hacer, pueda disponer de una acreditación de sus competencias profesionales.
