La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso ha dado luz verde este martes, con el voto favorable incluido del PP, a una proposición no de ley presentada por el PSOE por la que se busca equiparar a los cooperantes que trabajan en contextos bélicos con militares y otros miembros de la Administración a la hora de recibir ayudas o indemnizaciones.
El texto aprobado, presentado por el PSOE tras el asesinato en Etiopía el pasado junio de la española María Hernández, que trabajaba para Médicos Sin Fronteras (MSF), busca suplir el vacío existente a la espera de que el Gobierno presente la nueva Ley de Cooperación Internacional, que vendrá a reformar la actual.
Así, pide al Gobierno que mientras que «no se contemple aún de forma expresa» en dicha ley, las condiciones de los cooperantes españoles «inscritos en el correspondiente Consulado y que fallezcan o sufran daños físicos o psicólogos en el desarrollo de su actividad en conflictos bélicos, sean asimiladas a las contempladas para las y los militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal al servicio de las Administraciones públicas, a los efectos de posibles ayudas e indemnizaciones».
Además, se reclama que en el anteproyecto de la nueva ley –que se espera que el Gobierno presente antes de que termine este año– «se incluya el deber de cuidado para con las personas cooperantes de nacionalidad española inscritas como tal en los Consulados, cuyo desarrollo normativo se incorporará en el futuro Estatuto del y la Cooperante».
Durante el debate, la portavoz del PSOE, Marta Guijarro, ha defendido la necesidad de resolver la «laguna legislativa» actual, destacando el papel que desempeñan los cooperantes españoles en todo el mundo y su contribución a la «marca país» y recordando que desde 1990 un total de catorce de ellos han muerto en el ejercicio de su labor.
Guijarro ha incidido en la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos, más allá de lo que puedan hacer las organizaciones para las que trabajan los cooperantes, y ha planteado que de aceptarse esta asimilación exista una retroactividad de 10 años. «Es de justicia», ha defendido.
Por su parte, en nombre el PP, Gabriel Elorriaga ha dicho que su partido apoyaría la propuesta si bien considera que una proposición no de ley no es la mejor vía para resolver esta «laguna legal» y que el «deber de cuidado» que se atribuye al Gobierno en el texto corresponde en realidad en primer término a las organizaciones para las que trabajan los cooperantes.
El único grupo que ha votado en contra ha sido Vox, cuyo portavoz, Alberto Asarta, ha considerado un «error» querer equiparar a los militares y miembros de las fuerzas del Estado así como otros funcionarios con cooperantes que no siempre actúan bajo el paraguas del Estado.
VOX DEFIENDE QUE CONTRATEN UN SEGURO
«Los cooperantes asumen riesgos que deben evaluar, sin que el Estado tenga que ser subsidiario de las consecuencias», ha recalcado. En este sentido, ha planteado que lo que deberían hacer es «contratar un seguro» cuando vayan a trabajar a países en conflicto y solo «en casos excepcionales» sea el Estado el que tenga que intervenir.
Por otra parte, la comisión también ha aprobado otra proposición no de ley presentada por el PSOE, con el respaldo parcial del PP a uno de los dos puntos que la constituyen.
Así, todos los grupos, con la excepción de Vox, han instado al Gobierno a que en la actualización del Estatuto del Cooperante y en la revisión bianual del código ético de la AECID se incluyan «protocolos de información y respuesta con guías claras y códigos de conducta anexos que proporcionen estándares éticos explícitos y normas para prevenir, proteger y responder a la explotación sexual, el abuso y el acoso en sede y en terreno» por parte de los cooperantes.
En cuanto al segundo punto, que el PP no ha respaldado, se anima al Ejecutivo «impulsar en la futura Estrategia de Política Exterior Feminista medidas específicas que posibiliten erradicar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, y la discriminación y el acoso sexual del que pueda ser víctima el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».
RECHAZO A UN REGISTRO OBLIGATORIO DE COOPERANTES
Por último, y en lo relativo a la labor de los cooperantes, la comisión ha rechazado la propuesta formulada desde Vox para que se cree un «registro de cooperantes y voluntarios en el exterior de carácter obligatorio por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores» y que quienes figuren en el mismo reciban un carné que les acredite como cooperantes españoles, el cual será «imprescindible» para ejercer su labor.
Asimismo, Vox planteaba en su proposición no de ley que para recibir el carné los cooperantes tuvieran que «prometer o jurar que cumplirán sus funciones con lealtad a la Corona, guardando o haciendo guardar la Constitución» así como la legislación española y que aquellas ONG que no tuvieran a todos sus cooperantes registrados fueran sancionadas y no pudieran recibir fondos.
Durante su defensa del texto, el diputado de Vox Víctor Sánchez del Real ha afeado al Gobierno que no tenga ya algún tipo de registro de este tipo y no sepa cuántos cooperantes españoles hay en el mundo y dónde están. «Parece mentira», ha señalado.
Asimismo, ha aprovechado para criticar al PP por su previsto voto en contra, como finalmente ha sucedido, advirtiéndoles de que serán responsables «por omisión de lo que les pase a los cooperantes españoles».
En nombre del PP, Óscar Clavell ha dejado claro que su partido «siempre estará a favor y hará todo lo necesario para asegurar la seguridad jurídica y física de todos los cooperantes, allá donde estén» pero ha criticado que el texto formulado por Vox pone por adelantado «el dedo acusador o la duda sobre cualquier cooperante».
Aunque en la cooperación, como en otros sectores, «hay manzanas podridas, son las mínimas», ha defendido, rechazando también el carácter obligatorio del registro.
