Las ONG están preocupadas por la posibilidad de que jóvenes extutelados por el Estado queden fuera de las ayudas previstas por el Ejecutivo para apoyar a la juventud en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Así lo han manifestado algunas de ellas, como Aldeas Infantiles SOS, que ha reclamado este viernes que se tenga en cuenta a los jóvenes extutelados en las ayudas a la juventud previstas en los presupuestos generales para 2022. La organización ha recordado que estos jóvenes son «altamente vulnerables» y pide que se garantice su acceso a la vivienda, la educación y el empleo digno. En 2019, último año del que existen datos oficiales, 6.222 jóvenes tutelados cumplieron 18 años y tuvieron que hacer frente a una emancipación temprana.
«Obligados a emanciparse de facto a los 18 años, sin redes de apoyo familiares o sociales sólidas, los jóvenes que han crecido en el sistema de protección se enfrentan a numerosas dificultades que a menudo se traducen en su distanciamiento del sistema educativo y del mercado laboral», ha recordado la organización.
Aldeas Infantiles SOS celebra que los Presupuestos Generales del Estado 2022 pongan el foco en los jóvenes, «reconociendo los obstáculos que afrontan para emprender una vida autónoma, acceder a un empleo digno, vivienda asequible y educación, y proponiendo medidas para generar oportunidades que promuevan la plena inclusión intergeneracional».
Unos desafíos, recuerda la organización, que son infinitamente superiores para los jóvenes que salen del sistema de protección y, con 18 años, «pierden abruptamente los apoyos con los que han contado durante el acogimiento, poniendo en riesgo, cuando no deshaciendo, todo lo avanzado hasta ese momento». Por ello, Aldeas Infantiles SOS considera esencial garantizar que las ayudas anunciadas alcancen a este colectivo.
«En España, la media de edad de emancipación está en torno a los 29 años, entonces, ¿cómo se pretende que jóvenes con 18 años, sin una red familiar sólida que les dé apoyo, se emancipen con muy poca ayuda por parte de la Administración?», se pregunta Javier Saiz, de 25 años, que creció en la Aldea Infantil SOS de Cuenca y hoy forma parte del Programa de Jóvenes de Aldeas, que le apoya con la vivienda y le ha permitido estudiar Derecho en la Universidad de Granada y preparar oposiciones.
Desde la organización de atención directa a la infancia aseguran que las consecuencias de poner fin a la tutela de manera tan abrupta son traumáticas para quienes ya han vivido experiencias negativas en su infancia y abocan a estos jóvenes a la exclusión social.
«No basta con alimentar, educar y proteger al niño o la niña durante su acogimiento, es necesario no perder de vista que el objetivo es su plena integración en la sociedad. En consecuencia, la transición a la vida independiente y los apoyos posteriores deben entenderse como una fase más de la protección, solo así esta será realmente integral», explican.
MAPA DE RECURSOS PARA LA JUVENTUD EXTUTELADA
Aldeas Infantiles SOS también da la bienvenida al anuncio, en los Presupuestos Generales del Estado 2022, de un mapa de recursos para la juventud extutelada que deberá materializarse en medidas concretas y que, según el Gobierno, dará a conocer «una cartera de servicios que sea común, estatal y de continuidad en todo el territorio, garantizando el derecho efectivo a la plena inclusión y a la emancipación de los jóvenes tutelados y extutelados independientemente de su origen y del territorio en que se encuentren».
En ese sentido, Aldeas ha reconocido la importancia de comenzar la preparación para la vida independiente de los jóvenes tutelados como mínimo dos años antes de alcanzar la mayoría de edad, así como de ofrecerles oportunidades de educación y formación profesional, acceso a servicios sociales, jurídicos y de salud, y una asistencia financiera adecuada, entre otras medidas.
Entre estos jovenes extutelados, se encuentran también menores migrantes que llegaron solos a España y que pueden perder su residencia legal al cumplir la mayoría de edad.
MIGRANTES JÓVENES Y EL BONO CULTURAL
La ONG Voluntarios por otro Mundo también ha pedido que el bono cultural joven llegue a todos a todos estos jóvenes en 2022 porque considera que les «ayudaría mucho a su integración» ya que podrían ir al cine, al teatro, a un museo o a un concierto de música, actividades que actualmente son «impensables» para ellos por falta de recursos económicos.
«Es algo que ayudaría mucho a la integración porque uno de los problemas que he ido viendo en España y otros países es el gran reto de integrar a los migrantes. Y poder acudir a historias culturales, al cine, a un concierto de música o a una exposición, todo eso les hace salir de los guetos que se suelen hacer», ha subrayado el delegado de Voluntarios por otro Mundo en la provincia de Cádiz, Michel Bustillo.
A Bustillo le parece una medida que «favorecería que la juventud migrante se integre» porque, por ejemplo, «si un joven migrante va a un museo, a través de ese museo va conociendo la historia de España».
Según explica, a veces se acerca a la ONG gente que pregunta cómo puede ayudar y él les dice que comida ya tienen, que se lleven a los chavales «al cine o a ver un concierto», algo que de otra forma «es impensable para ellos» y que, a la vez, les permite «salir, disfrutar, socializar e integrarse». «Es salir del gueto a la inclusión«, ha remarcado.
«Uno de los grandes problemas de los jóvenes migrantes es el desarraigo, y un país que necesita migrantes y, en concreto, jóvenes migrantes tienen que integrarlos, y este bono lo veo muy positivo de cara a ellos porque la cultura es integración», ha afirmado.
El delegado de Voluntarios por otro Mundo entiende que con tener el Número de Identidad de Extranjero (NIE), los chicos y chicas que cumplan 18 años podrán beneficiarse del bono cultural joven, aunque el Gobierno aún no ha especificado nada al respecto.
Si bien, Bustillo ha advertido de que hay unos 8.000 migrantes solos que al llegar a la mayoría de edad se han quedado sin papeles y teme que los que se vean en esta situación el año que viene no puedan acceder a este cheque de 400 euros.
Estos jóvenes a los que les ha caducado la tarjeta de residencia, que no la pueden renovar y, por tanto, tampoco pueden trabajar, están a la espera de que el Gobierno apruebe la reforma del Reglamento de Extranjería para poder poner «sus papeles en regla», tal y como señala Bustillo.
En este sentido, detalla que, aunque ellos están «ansiosos» por trabajar y a pesar de que hay nichos de empleo necesitados de personal, por ejemplo, el campo o la pesca, no pueden acceder a estos trabajos.
«Es algo descabellado. Tengo un montón de chavales a los que les ha caducado la tarjeta en septiembre y no pueden ir a trabajar y como ellos, hay una bolsa brutal de chavales que quieren trabajar», ha subrayado Bustillo, que ha escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para trasladarle la situación. Según avisa, dejar a estos chicos sin papeles es «fomentar la ilegalidad«.
