La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha subrayado que el Gobierno Vasco va a defender «ante la justicia y ante los tribunales» su actuación para impulsar el proyecto de denominación de origen ‘Viñedos de Álava’, solicitada por varias bodegas de Rioja Alavesa, porque es su «competencia», pero ha rechazado contestar a las críticas de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu (PSOE), al proyecto alavés. «No vamos a hacer de esto una lucha política», ha advertido.
En el pleno de control al Gobierno que está celebrando el Parlamento Vasco, la parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha preguntado al Ejecutivo sobre las críticas de la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, al proyecto ‘Viñedos de Álava’, una iniciativa que ha recibido el visto bueno del Gobierno Vasco pero cuyo reconocimiento definitivo depende de la Comisión Europea.
Andreu participó el pasado 10 de septiembre en la reunión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en la que se decidió interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el reconocimiento de ‘Viñedos de Álava’ como Denominación de Origen Protegida.
Tras el encuentro, la presidenta de La Rioja apoyó el recurso del Consejo Regulador y destacó «la inexistencia de factores naturales y humanos diferenciados que avalen una Denominación de Origen Protegida como ‘Viñedos de Álava'».
Tras afirmar que el diputado general de Álava, Ramiro González, ha sido «el único que ha salido para pedir respeto al proyecto y a su tramitación» calificando de «intromisión inaceptable» la actitud del Gobierno de La Rioja, la parlamentaria de EH Bildu ha acusado a Urkullu y a la consejera Tapia de «consentir» esta situación porque «nadie ha salido a defender ni los intereses legítimos de las empresas vascas que respaldan el proyecto, ni las decisiones tomadas democráticamente en una asociación de la Comunidad Autónoma Vasca, ni las que a ese respecto ha tomado el Gobierno Vasco en el ejercicio de sus competencias».
«La presidenta de La Rioja se ha apropiado de la representación de la Denominación de Origen, y de forma unilateral ha criticado la legítima decisión de ABRA y del Gobierno Vasco de tramitar la solicitud de viñedos de Álava. Y nadie, nadie, le ha marcado los límites. Inacción y dejación en la defensa de Rioja Alavesa, que ha sido una constante en los últimos años», ha insistido.
La consejera de Desarrollo Económico ha rechazado «intervenir de manera histriónica» en lo que «otra comunidad vaya a realizar» y ha subrayado que el Gobierno Vasco va a defender «ante la justicia y ante los tribunales» su actuación porque es su «competencia».
«Esa es la forma de actuar. Hemos tramitado lo que una serie de bodegas de Rioja Alavesa quieren llevar adelante, porque es su derecho y así lo hemos entendido, pero, desde luego, no vamos a hacer de esto una lucha política», ha advertido.
OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS
Tapia ha defendido que el Ejecutivo vasco ha actuado «con responsabilidad» para cumplir sus «obligaciones y competencias, y desde el respeto a las empresas que realizan la solicitud» de una denominación.
Según ha recordado, el 14 de enero de 2020 el Gobierno Vasco emitió una resolución favorable a la solicitud de ABRA y se publicó en el Boletín Oficial el 28 de enero de 2020, dándose dos meses para la presentación de oposiciones, periodo en el que se presentaron diversas oposiciones, entre ellas la del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
Asimismo, ha indicado que el 10 de marzo del 2021 se emitió la resolución del director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección de dicha denominación y contra esta decisión, el 23 de abril del 2021, el Consejo Regulador interpuso recurso de alzada.
Según ha explicado, es en este contexto cuando el 10 de septiembre se celebró en Logroño el pleno del Consejo Regulador para tomar en consideración uno de los puntos del orden del día, que es la interposición del recurso contencioso-administrativo.
«El Consejo, en aquella reunión, decidió autorizar al presidente para la interposición de dicho recurso. Nuestro representante, evidentemente, votó en contra, cada uno sabrá desde su responsabilidad qué votó», ha indicado.
