La caja de solidaridad ha depositado 1 millón de euros para afrontar el pago de intereses que el Tribunal de Cuentas reclama sobre las multas de la causa sobre la consulta del 9N de 2014, pese a ya había consignado en su momento dichas fianzas.
«Ahora el Tribunal de Cuentas exige, además, el pago de intereses contraviniendo la ley, para provocar el máximo daño posible a las personas imputadas del Govern del presidente Artur Mas», ha lamentado en un comunicado.
También han explicado que han depositado este importe para levantar el embargo de propiedades que habían aportado algunos de los afectados, y que ahora, estas propiedades, que están tasadas con un importe superior, «si fuera necesario podrían servir de garantía para cubrir las nuevas fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat».
Ahora, los abogados de los afectados formularán recursos y alegaciones para intentar rebajar la cantidad de intereses y costes, que aún está pendiente de liquidación definitiva, y en caso de que el Tribunal Supremo confirme una sentencia definitiva por el 9N, se recurrirá «por violación de derechos fundamentales».
ICF
Después de que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) haya formalizado los avales de 29 exaltos cargos de la Generalitat que se han acogido al fondo complementario de riesgos, la caja de solidaridad considera que es un instrumento «clave para poder defender las competencias de la Generalitat y derechos fundamentales como la libertad de expresión».
«El Tribunal de Cuentas no tiene derecho a ejercer un control político sobre la actividad del Govern», ha sostenido, por lo que espera que se acepte el aval del ICF, dada su amparo legal, ha apuntado.
Además, reclaman al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que devuelva los casi 4 millones de euros que depositaron en relación a los gastos del referéndum del 1-O, que ya se consignaron por los mismos hecho en el Tribunal de Cuentas: «Es totalmente desproporcionado en una medida cautelar consignar cantidades duplicadas por unos mismos conceptos».
Si el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona devolviera este importe, la caja de solidaridad ha explicado que lo destinará a afrontar «los actuales embates de la represión del mismo Tribunal de Cuentas, si es necesario, y en otras causas de los centenares de represaliados» que atienden.
En paralelo, la caja de solidaridad ha llamado de nuevo a la ciudadanía a seguir colaborando con aportaciones para poder atender «las necesidades de las personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, en previsión de nuevos embargos, y las de centenares de encausados en diversos juzgados de Cataluña».
