El PP quiere dejar fuera del censo del 29-N a los inscritos por la 'ley de nietos' que suspendió el Supremo. La petición, dirigida a la Junta Electoral Central, lleva plazo: un máximo de 18 días desde la convocatoria formal de los comicios.
Qué pide el PP a la Junta Electoral
La formación de Núñez Feijóo ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central (JEC), el organismo que vela por la limpieza de los procesos electorales, para que excluya del censo todas las inscripciones realizadas al amparo de la llamada 'ley de nietos'. El argumento es nítido: la suspensión del Supremo debe aplicarse ya al censo del 29-N, cerrado a 1 de agosto.
Vamos por partes. La 'ley de nietos' es la vía que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados. Se trata de un procedimiento que se tramita, en buena parte, a través de los consulados, y cuyos efectos dejó en suspenso el Tribunal Supremo el 10 de septiembre. Eso es justo lo que el PP quiere trasladar ahora al censo electoral del 29-N.
Traducido: si la JEC acepta la petición, esas personas —ya nacionalizadas por esta vía— quedarían sin derechos electorales en los comicios del 29-N, salvo que cuenten con la certificación consular de exilio. El efecto sería perder la posibilidad de votar.
El censo del 1 de agosto, la pieza que lo decide todo
El censo electoral no es una foto del momento: es una lista que se cierra meses antes de la cita con las urnas. Para el 29-N, el listado de referencia es el que estaba cerrado a 1 de agosto. Por eso el PP insiste en que la cautelar del Supremo se aplique ya a ese censo y no en una actualización posterior.
Y aquí viene el detalle que casi nadie cuenta. Una medida cautelar no es una sentencia firme: suspende un efecto mientras el tribunal decide el fondo del asunto. Borrar a alguien del censo es difícil de revertir una vez que arranca el proceso electoral.
La suspensión del Supremo dejó en el aire los efectos de la ley de nietos, pero el fondo del asunto sigue pendiente en los tribunales.
El calendario aprieta. El PP reclama que la JEC resuelva en un máximo de 18 días desde la convocatoria formal, prevista para mañana. Si el organismo acepta, la exclusión llegaría con el censo ya cerrado y el proceso en marcha.
El voto exterior, un pulso que viene de lejos
No es la primera vez que el censo de los españoles en el exterior se convierte en campo de batalla. El voto emigrante acumula años de disputas y recursos: desde las quejas por las trabas para votar hasta las impugnaciones sobre quién tiene derecho a hacerlo. La reforma que eliminó el llamado voto rogado —el trámite por el que los residentes en el extranjero debían pedir el voto antes de ejercerlo— buscó precisamente facilitar ese derecho.
El otro flanco del debate es jurídico: si una suspensión provisional basta para excluir del censo a personas ya inscritas. El Supremo frenó los efectos de la 'ley de nietos', pero no anuló la norma. La JEC, mientras, es un órgano administrativo, no un tribunal: su decisión puede ser recurrida.
Los precedentes no ayudan a cerrar el debate. En procesos anteriores, las revisiones del censo exterior han generado recursos y recuentos ajustados, y los partidos han mirado con lupa cada lista. Con el 29-N en el calendario, el pulso por quién puede votar llega a los tribunales y a las urnas.
Con la convocatoria formal a la vuelta de la esquina, la pelota está en el tejado de la Junta Electoral. Su decisión marcará si las personas afectadas aparecen o no en el censo del 29-N. Y el reloj que exige el PP ya corre: 18 días como máximo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP ha pedido a la Junta Electoral Central que excluya del censo del 29-N las inscripciones de la 'ley de nietos' suspendidas por el Supremo.
- Por qué te importa: Si la JEC acepta, esas personas perderían su derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre salvo que tengan la certificación consular de exilio.
- A quién afecta: A los descendientes de exiliados nacionalizados por esta vía y, por extensión, al censo electoral del voto exterior.
- Hacia dónde vamos: La JEC debe responder en un máximo de 18 días desde la convocatoria formal, prevista para esta semana.
