Ante el escrito de la Fiscalía de Sevilla que pide excluir de la investigación del brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento hispalense imputada en la causa, dada la «falta de medios del servicio de inspección» municipal y la «sobrecarga de trabajo por la escasa dotación de personal», el PP ha manifestado que dicho documento corrobora sus advertencias sobre «el agujero en el control alimentario» que padece el Consistorio.
En el mencionado escrito de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, el Ministerio Público expone que la actuación del servicio en el que trabaja la inspectora veterinaria del Ayuntamiento «fue sin duda deficiente» a la hora de supervisar a esta empresa, precisando en ese sentido que la exención de responsabilidad que se solicita para la trabajadora «deriva de una falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de sólo nueve veterinarios oficiales para todo el distrito de Sevilla».
«Con la frecuencia de las inspecciones con los referidos medios, es evidente que nunca podrá hacerse según las exigencias de la normativa sanitaria», indica la Fiscalía, que además de pedir que sigan las actuaciones contra los responsables de Magrudis y sus familiares investigados en la causa, apuesta por continuar el procedimiento para determinar la responsabilidad civil» contra estas personas, sus empresas y compañías aseguradoras de las mismas y contra el Ayuntamiento hispalense, «por responsabilidad patrimonial derivada de funcionamiento normal o anormal del servicio público», dado el «deficiente control sanitario y de la licencia de actividad».
Ante ello, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, defiende que este escrito confirma las denuncias políticas de su grupo respecto al «agujero en el control alimentario» revelado por este caso, tras lo cual ha asegurado que el Gobierno local del PSOE no ha «hecho nada para solucionarlo».
«Desde el Partido Popular hemos alertado en reiteradas ocasiones los incumplimientos normativos que Magrudis ha cometido ante la pasividad de los controles del Ayuntamiento», rememora, exponiendo la Fiscalía que los responsables de Magrudis investigados «no pusieron los hechos (del brote) en conocimiento de las autoridades sanitarias ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía, desprendiéndose que lo ocultaron de forma deliberada».
LA REGULARIZACIÓN
Así, mientras la empresa habría comenzado a funcionar en 2013, dándose no obstante de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin autorización hasta presentar en diciembre de 2018 una declaración responsable en la que se ha detectado un delito de falsedad documental, Beltrán Pérez avisa de que «el Gobierno municipal estuvo tres años sin detectar la ausencia de licencia de actividad». Ni siquiera durante la inspección de 2016 que aseguran haber realizado», ha enfatizado.
Respecto a la mencionada declaración responsable, por la cual está investigado el arquitecto autor de la misma, el portavoz del PP insiste en que «Magrudis no cumplía los requisitos» para acudir a dicha vía de legalización sin control previo, es decir que «no estaba entre los supuestos que permiten la actividad por declaración responsable, sino por calificación ambiental». «La prueba es que mucho después, al saltar el caso, se anuló por defectos de forma y fondo», ha enfatizado, pues en efecto dicha declaración responsable fue anulada después de ser atribuido a Magrudis el brote.
Esta situación, según avisa el portavoz del PP, «ha puesto en entredicho a los funcionarios de los servicios de consumo y control a posteriori». «Sus profesionales están desbordados y en muchos casos no pueden dar respuesta al volumen de trabajo al que están sometidos por la incapacidad de este alcalde de dotar de medios a estas áreas».
«EL AGUJERO SIGUE ABIERTO»
En paralelo, ha alertado de que «el agujero por el que se coló Magrudis sigue abierto y se suma a la larga lista de asuntos no resueltos por el alcalde en los seis años que lleva al frente del gobierno municipal».
Es más, según alerta, «las últimas modificaciones en el anexo de la ordenanza no acompañan en este sentido, ya que de un plumazo han eliminado la presentación del cumplimiento de la legalización de las instalaciones que acompañan una actividad». Por ejemplo, «una empresa cárnica podría estar sacando productos al mercado sin la legalización de sus instalaciones en materia de vertidos, contra incendios, entre otros extremos», advierte.
«Esto ahondará en la dificultad que tendrá el área medioambiental para llegar el control posterior de las mismas, volviendo a aumentar la inseguridad jurídica para el usuario final de estas instalaciones», concluye el PP.
