El jurado popular que juzgará de nuevo a los acusados de acabar con la vida de un joven que medió en una pelea en el centro de la capital malagueña en abril del año 2017 ha quedado constituido este lunes. La vista oral se desarrollará a lo largo de las próximas dos semanas.
Tras prolongarse durante toda la mañana la elección de los miembros que conformarán el Tribunal popular, está previsto que este martes la sesión empiece con las exposiciones previas de las acusaciones y defensas, tras lo que comenzarán las declaraciones de los procesados.
Este juicio se vuelve a celebrar tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia que condenó a dos acusados de acabar con la vida del joven y también la resolución que absolvió a otros dos procesados en este caso, ordenando celebrar una nueva vista oral.
Hay un quinto acusado que la primera vez no fue juzgado al estar en busca y captura y que en esta ocasión también se encuentra en paradero desconocido, asegurando la letrada que lo defiende que es «tremendamente inestable» y tiene, según informe psicológico, «un trastorno que le genera ideas persecutorias» ante el «miedo a que lo detengan», lo que provoca su incomparecencia.
La magistrada-presidenta ha señalado que al tener conocimiento de que no iba a acudir al juicio, ha dado orden a la Guardia Civil de que lo detuviera, pero no ha podido ser localizado. En principio, ha dicho la jueza, se esperará a este martes para ver si puede ser arrestado y si no, se decidirá sobre la celebración del juicio respecto a los demás y que se posponga en el caso de este procesado.
La Audiencia de Málaga condenó a tres años y dos meses de prisión a los dos acusados por la muerte del joven, siguiendo el veredicto del jurado, que consideró a ambos jóvenes culpables de un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente. Otros dos procesados fueron absueltos de encubrimiento sin que fueran sometidos sus casos a deliberación del tribunal popular.
Posteriormente, el TSJA anuló las dos sentencias, tanto la condenatoria como la absolutoria, al estimar los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación particular en representación de la familia del fallecido, que siempre han considerado que se trató de un asesinato y que alegaron falta de motivación y contradicciones en la sentencia y el veredicto.
Los hechos sucedieron en abril de 2017. La víctima, Pablo Podadera, salió con unos amigos para celebrar sus 22 años y fueron a un local, donde estaban los acusados. Cuando el joven salió con un amigo, vio una fuerte discusión en la que estaban los acusados, por lo que medió, poniendo una mano en el torso de un joven, recibiendo golpes supuestamente por parte de algunos de los procesados, mientras que los otros presuntamente ayudaron a encubrir.
La Fiscalía solicita inicialmente 18 años de prisión para dos de los acusados de un delito de asesinato y dos años de cárcel para otros dos jóvenes por encubrimiento; mientras que la acusación particular eleva a 20 años de prisión la petición de pena para los dos principales procesados y solicitó también dos años de cárcel para los otros dos.
En el primer juicio, los dos acusados del delito de asesinato reconocieron que le golpearon, pero uno dijo que solo dio un puñetazo y el otro que fue una vez con la mano abierta en el cuello y una patada; asegurando ambos que no fue por detrás e insistiendo en que esa noche tomaron mucho alcohol y cocaína y en que no hubo intencionalidad.
Respecto a los otros dos jóvenes acusados por un delito de encubrimiento, las acusaciones consideran que ayudaron a los primeros procesados a esconderse; aunque para ellos se dictó una sentencia absolutoria, sin someter a deliberación del jurado este delito al considerar que no se daban los requisitos del mismo.
En la sesión de este lunes, uno de los abogados defensores ha pedido que el juicio no se celebre con la asistencia de público, debido a la pandemia, pero tras ser consultado el jurado se ha decidido que sea en audiencia pública, explicando la magistrada que en todo momento se seguirá el protocolo existente en la Ciudad de la Justicia en cuanto a los aforos y demás medidas de seguridad.
