Las ponencias de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y Vox contra la reforma educativa conocida como la ‘Ley Celáá’ han recaído en manos de dos magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional (TC), Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.
Según ha adelantado ‘El Español’ y han confirmado fuentes del tribunal de garantías a Europa Press, estos dos magistrados, que integran la Sala Segunda del TC, serán los encargados de estudiar a fondo el asunto para redactar posibles sentencias al respecto.
Las fuentes consultadas informan de que en concreto, por el turno de reparto establecido en el TC, a Narváez le corresponderá la ponencia del recurso presentado por el PP, mientras que Enríquez analizará la impugnación a la ley presentada por Vox.
Asimismo, apuntan que está previsto que los recursos se incorporen al orden del día del Pleno que se celebrará en el mes de abril para debatir su admisión a trámite o no. En caso de ser así, se dará inicio al procedimiento con el traslado del asunto a las partes para que presenten alegaciones.
RECUSADO POR LOS CONDENADOS DEL ‘PROCÉS’
El magistrado Narváez tenía en sus manos otra de las sentencias más esperadas del TC, la relacionada con los recursos contra la sentencia del proceso independentista catalán, si bien, tras la recusación de varios de los condenados, decidió apartarse de este asunto.
Las recusaciones vinieron motivadas por unas declaraciones que realizó el magistrado en 2017, en el marco de una conferencia titulada ‘El problema catalán, perspectiva constitucional’, en las que calificó lo ocurrido en Cataluña como «golpe de Estado encubierto».
Asimismo, se encargó de la ponencia de la sentencia que determinó que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión. Una resolución por la que el tribunal se dividió en dos, ya que cuenta con los votos particulares de los magistrados Encarnación Roca Trías, Andrés Ollero Tasara, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón.
ESTUDIO DE LA LEY ‘MORDAZA’
El Pleno del TC también le encargó en junio del año pasado, junto a otros tres magistrados, el estudio en profundidad de los recursos contra la conocida como ‘Ley Mordaza’. Finalmente, la sentencia, de la que fue ponente el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, determinó que Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla –siempre que se respeten las garantías legales–, salvo en lo tocante a las grabaciones «no autorizadas» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, Enríquez, que fue otros de los magistrados que integró el grupo de estudio sobre la ‘Ley Mordaza’, ha sido el encargado de redactar los argumentos de la sentencia que se dio a conocer el pasado mes de enero por la que se estimó parcialmente el recurso del PP contra el decreto-ley del Gobierno de Cataluña sobre la mejora el acceso de la vivienda.
El TC anuló algunos artículos de esta norma al entender que no recoge los requisitos de «extraordinaria y urgencia necesidad» establecidos en la Constitución Española para legislar por esa vía.
RECURSOS DEL PP Y VOX
El PP presentó este lunes, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley educativa (LOMLOE) al entender que es «un atentado contra la libertad», según afirmó el presidente de los ‘populares’, Pablo Casado.
En un acto celebrado en un colegio concertado explicó que la ‘Ley Celaá’ conlleva una serie de «problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo», ya que pone trabas en la elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad.
Vox ha presentado su recurso el pasado jueves con unos argumentos similares, pues considera que «la parte más sectaria de la ley» es aquella que guarda relación con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
