El PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 por las modificaciones incluidas en las cuentas vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio.
Concretamente, el recurso de los ‘populares’ busca tumbar la subida de este impuesto, que eleva del 2,5% al 3,5% el tipo marginal de este impuesto, así como la eliminación de su carácter temporal para establecerlo de forma indefinida.
Según explican desde el PP, su objetivo es eliminar este impuesto «de carácter confiscatorio», pues consideran que se trata de «un impuesto profundamente injusto y arcaico». «No tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se convierta en indefinido», aseguran.
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA
Para el PP, el aumento en la escala del impuesto a un tipo máximo del 3,5% «hace que en algunos casos y teniendo en cuenta la incapacidad de generar rendimientos de ciertos patrimonios, deba abonarse con una liquidación y reducción del patrimonio personal».
Esto, argumenta, vulnera el artículo 31 de la Constitución del principio de capacidad económica. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional considera que un tributo también es individualmente confiscatorio cuando somete a gravamen una riqueza irreal, inexistente o ficticia.
DICE QUE, AL ELIMINAR SU CARÁCTER TEMPORAL, SE CREA UN IMPUESTO
Por otro lado, también ven inconstitucional la eliminación del carácter temporal de este impuesto –calificado como tal desde su recuperación en 2011–, argumentando que la Ley de Presupuestos no puede crear impuestos y, convirtiendo ‘de facto’ en indefinido, está creando un nuevo tributo.
Finalmente, el PP sostiene que «España es el único país que mantiene el Impuesto de patrimonio en la Unión Europea, y el único de la OCDE en el que convive con otras cargas que inciden sobre el ahorro».
«Noruega, Suiza y Holanda también lo mantienen, pero cumple una función de sustitución frente a otros tributos o se integra en el IRPF», añaden los ‘populares’, que aseguran que su recurso responde a las demandas trasladadas por organizaciones como Foment del Treball, Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y otras organizaciones empresariales.
