El PSOE ha replicado a Podemos que su defensa de compensar a grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma responde a la necesidad de contar «toda la seguridad jurídica posible» para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables.
Según han informado fuentes de la parte socialista del Gobierno a Europa Press, las negociaciones para la aprobación del decreto «están avanzando» para tenerlo aprobado «lo antes posible», aunque han insistido en la complejidad del texto y en que se está intentando elaborar una norma que no sea recurrible desde el punto de vista constitucional, ya que los que pueden salir «perdiendo» son las personas afectadas por la vulnerabilidad económica.
Esta réplica se produce después de que Unidas Podemos haya acusado al PSOE de retrasar la aprobación del real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma, al insistir durante la negociación que se compense «con dinero público» a los grandes tenedores de vivienda.
«Tras varias semanas de negociación y un acuerdo inicial que parecía definitivo, el PSOE continúa retrasando la aprobación del decreto de paralización de los desahucios propuesto por Unidas Podemos», apuntaron a Europa Press fuentes próximas a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, que lidera Pablo Iglesias.
El principal motivo de discrepancia radica, según estas fuentes, en la exigencia por parte de los ministerios de Economía y Justicia de desplegar una «compensación» a los grandes tenedores de vivienda para que «no vean reducidos sus beneficios por esta medida».
La decisión de compensar a grandes propietarios afectaría tanto a los contratos de arrendamiento como a las viviendas okupadas. En este último caso, se establecerá un plazo de tres meses para que Servicios Sociales busquen un nuevo alojamiento a las personas que acrediten una situación de vulnerabilidad.
LA TENSIÓN SE REAVIVA
La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios ya generó una fuerte tensión entre los socios de Gobierno durante semanas, que se ha vuelto a reavivar pese a que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntaba recientemente que se podía abordar en el próximo Consejo de Ministros dado que se trabajaba en ajustar aspectos jurídicos.
Actualmente la paralización de lanzamientos está vigente hasta el 31 de enero de 2021 y se ciñe al impago del alquiler en situaciones generadas por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, Unidas Podemos volvió a plantear a finales de octubre, en el seno del Gobierno, ampliar el plazo temporal de la prohibición y que abarcaran tanto a los casos previas a la crisis sanitaria y al impago hipotecario.
Los contactos no fructificaron y, como medida de presión, el grupo parlamentario de la formación morada presentó junto a ERC y EH Bildu una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin el PSOE, que planteaba la imposibilidad de desahucios hasta finales de 2022. Una maniobra que provocó malestar y críticas públicas de algunos ministros socialistas. En el lado morado, recalcaban que era un asunto prioritario, como medida sanitaria y desde el plano de protección social.
A finales de noviembre Iglesias y Sánchez recondujeron esas discrepancias y se alcanzó el compromiso de avanzar en la prohibición de los desahucios, algo que llevó al vicepresidente a anunciar que el decreto se aprobaría antes de finales de año.
El 2 de diciembre se alcanzó un principio de acuerdo para desplegar el decreto antidesahucios con vistas a que, tras su aprobación, se mantuviera en vigor hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma.
Ese consenso pautaba abarcar a todas las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y encargaba a las comunidades autónomas ofrecer la opción de realojo en forma de vivienda digna, cerrando la puerta a derivar a las familias en albergues o centros de acogida.
