El Gobierno ha indicado que no hay «ningún tipo de conversaciones» en la tramitación de los indultos solicitados a favor de los condenados por el ‘procés’, «pues todas las actuaciones son escritas y documentadas», conforme a la ley sobre este derecho de gracia, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la que planteaba si el Ejecutivo estaba manteniendo conversaciones sobre dichos indultos.
Moncloa, en una respuesta escrita del 24 de noviembre, ha señalado que «en el procedimiento reglado de la tramitación de la solicitud de indulto solo se incluyen los trámites específicamente previstos en la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, entre los cuales no se incluyen ningún tipo de conversaciones, pues todas las actuaciones son escritas y documentadas».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado así a una pregunta formulada por Vox el pasado 21 de octubre en la que se hacía eco de informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de conversaciones entre el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y el director del gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, para «llevar a efecto la solicitud de indulto».
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció el pasado 23 de septiembre el inicio de la tramitación de las peticiones de indulto realizadas a favor de los condenados por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, un trámite que suele superar los seis meses. En estos momentos, el asunto se encuentra en el Supremo que, como tribunal sentenciador, debe recabar los informes preceptivos antes de elaborar el suyo y dar traslado de todo al Ministerio.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, urgió la semana pasada al Gobierno a liberar a los presos independentistas antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, para garantizar que se celebran con «normalidad», ya sea mediante la concesión de los indultos solicitados o mediante la reforma del delito de sedición.
Sin embargo, fuentes del alto tribunal han señalado a Europa Press que la realización del preceptivo informe de la Sala enjuiciadora, para el que se requiere recabar antes el criterio de la Fiscalía, tiene sus propios tiempos, «que no son los de la política». El Supremo ya ha dado traslado del expediente de los indultos a la Fiscalía. Además, se podría reclamar la valoración de la Abogacía del Estado, que acusó durante el juicio, ya que la Ley del Jurado prevé pedir valoración a la parte perjudicada.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los ‘Jordis’ –Jordi Cuixart y Jordi Sànchez–; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
La petición de indulto puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
