El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado el «papel determinante» de la sociedad civil representada por la discapacidad como «agentes de vigilancia» del cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos.
Pérez Bueno ha asegurado que va a estar «muy pendiente» de que «a nadie, por ninguna razón, se le impida el pleno acceso al ejercicio regular de todos los Derechos Humanos en España. «Un país que cuenta con unos poderes públicos que entienden y comparten esta cultura, pero que todavía debe extender su campo de actuación en este sentido», ha declarado.
Así lo ha manifestado en el marco del Seminario de estudio y análisis para una propuesta de modificación normativa para otorgar efectividad en el derecho interno a las decisiones de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos.
A este encuentro virtual también ha acudido el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno Blanco, quien ha puesto en valor la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 7 de julio.
Para él, esta nueva regulación está inspirada en el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos fundamentales y supone «un cambio de sistema».
LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN ESPAÑA
Por su parte, el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, Antonio-Luis Martínez Pujalte, ha introducido un panel que ha profundizado sobre la efectividad de la aplicación del seguimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en España.
En este sentido, expertos juristas han coincidido en cierta insatisfacción con respecto a la penetración de tratados internacionales como la Convención de la ONU en nuestro ordenamiento jurídico, así como a la escasa implicación de los órganos jurídicos.
Asimismo, han llamado la atención sobre «las vulneraciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en la sociedad y la necesidad de introducir normas en este sentido y evitar así recurrir a la ONU». A su juicio, esto «supondría que esta vulneración no está reparada».
En esta línea, Martínez Pujalte ha concluido con la necesidad de una reforma normativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a la tutela judicial de los derechos fundamentales. Así, ha destacado que, a la obligación de los jueces de tener en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos, habría que añadir la interpretación de tales tratados por los órganos de supervisión, así como extender la vía de recurso a la decisión de los órganos de los tratados internacionales de los derechos de las Naciones Unidas, entre otras observaciones.
La jornada ha sido clausurada por el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, y por la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero. Ambos han subrayado el compromiso «firme» del CERMI en la reivindicación de los derechos humanos, al tiempo que ha llamado la atención sobre la obligación de los Estados para hacerlos cumplir.
