Varias asociaciones de Baleares defensoras del castellano han registrado este viernes una petición a los Grupos Parlamentarios del Senado en la que les urgen a enmendar un artículo de la ley Celaá sobre la vehicularidad del castellano y las lenguas cooficiales porque reivindican que la educación debe impartirse en castellano porque «permite que se llegue a la cultura general» y no en una «lengua doméstica que por muy respetable y muy estupenda que sea la habla poca gente».
La iniciativa ha sido promovida por ‘PLIS. Educación, por favor’, ‘Societat Civil Balear’, ‘Mos Moevem’, ‘Foro de Baleares de la Solidaridad y Progreso’ y ‘PROU-No vaig de vaga’, quienes, en concreto, piden que se enmiende la disposición adicional trigésima octava de la LOMLOE. Ha sido firmada por el diplomático Inocencio Arias, la empresaria Úrsula Mascaró y el presidente de ‘España Cívica’, Mariano Gomà.
En declaraciones a Europa Press, Gomà ha calificado de «nefasto» el tema de la vehicularización de las lenguas para aquellas comunidades que cuentan con lenguas cooficiales porque, según ha explicado, los niños y adolescentes necesitan tener el «vehículo» de la lengua española, «que es la que hablan 600 millones de personas».
En esta línea, ha insistido en que la vehicularización de la lengua quiere decir que la educación general básica de los niños y de los adolescentes tiene que hacerse en una lengua en la realmente se llegue a la cultura general.
Así, ha llamado a todos los Grupos Parlamentarios para que «el español siga siendo la lengua vehicular que dé el derecho a los niños a tener la cultura realmente española, independientemente de que luego en su territorio puedan tener la lengua propia». Asimismo, ha matizado que las lenguas cooficiales «son minoritarias».
Entre los argumentos pedagógicos que sostienen esta iniciativa, han remarcado que el objetivo de una lengua vehicular es aprender materias no lingüísticas y que, para ello, la lengua idónea es la materna. Asimismo, han mencionado también que la lengua materna en la enseñanza es la lengua vehicular idónea para el aprendizaje y para la personalización de la enseñanza alumnos con necesidades educativas especiales.
Por otra parte, han expresado los motivos jurídicos que les han llevado a emprender la iniciativa. Entre ellos, han subrayado el carácter vehicular del castellano que queda sostenido en la Constitución Española y, por extensión, «los sistemas de inmersión obligatoria balear y catalán son ilegales, pues no permiten la vehicularidad del castellano, tal y como se demuestra en numerosas sentencias».
El texto que han dirigido a los senadores, además les solicita que la enmienda también contemple otras cuestiones como la realización de pruebas de evaluación comunes para toda España para identificar el grado de conocimiento de las diferentes lenguas por los estudiantes, así como que la norma asegure que los alumnos con necesidades espaciales o de apoyo educativo reciban «prioritariamente» la educación en su lengua materna.
RESPALDO DE VOX, Cs y PP
Por su parte, el portavoz de ‘PLIS. Educación Por Favor’, Julián Ruiz Bravo, ha avanzado que ya han mantenido conversaciones telemáticas con varios senadores. En concreto, ha asegurado que la parlamentaria de Cs Lorena Roldán les ha trasladado su acuerdo con la petición y se ha prestado a trasladarla a algún eurodiputado para que la lleve al Parlamento Europeo.
Ha deslizado que la próxima semana tienen previsto reunirse con el senador ‘popular’ Pablo Ruz Villanueva y, durante las próximas horas con el parlamentario de Vox José Manuel Marín Gascón, quien les ha acompañado en el Senado durante el registro de la petición.
Por su parte, Marín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado su respaldo a estas asociaciones por ser el «cauce de las preocupaciones de los españoles por la educación de sus hijos». Ha lamentado que en los próximos días vayan a asistir al «paripé» del debate de la nueva ley de educación que viene «sin opción a debate».
«Estamos viendo cómo el Gobierno socialcomunista busca erradicar el castellano en las escuelas para adoctrinar a los alumnos a través de un proceso de inmersión lingüístico ilegal y antipedagógico inconcebible en cualquier democracia desarrollada», ha zanjado.
