El Síndic de Greuges ha abierto una queja de oficio para investigar la situación de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia ante la tardanza en la tramitación de la dependencia y la Renta Valenciana de Inclusión y el «alarmante bloqueo» de los servicios sociales, según ha asegruado la portavoz del grupo municipal del PP, María José Catalá.
Catalá ha recordado en un comunicado que este mismo lunes ya advirtió que entre el equipo de Gobierno municipal dirigido por Joan Ribó y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a cargo de Mónica Oltra, «tienen un colapso en la ciudad que llega a 7.825 expedientes en la tramitación de la dependencia y Renta Valenciana de Inclusión (RVI)».
La portavoz del PP pidió, ante el grave contexto de crisis económica por la Covid-19, «redoblar el personal municipal de los Servicios Sociales y un plan de choque para dar respuesta sobre todo a las personas y familias que más vulnerables». A estos datos añade que, de las 80.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad Valenciana, solamente se han resuelto 611.
De acuerdo con el PP, la investigación de oficio abierta por el Síndic de Greuges, según se recoge en un requerimiento de información que hizo al Ayuntamiento el pasado 6 de agosto, «se produce ante la acumulación de quejas por los retrasos en la tramitación de la dependencia y de la RVI».
También según añade, a raíz de las noticias publicadas sobre familias en situaciones de «extrema vulnerabilidad económica» que tienen que esperar hasta el 23 de diciembre de 2020 a que se les valore, y personas de más de 98 años que han tenido que esperar 22 meses para que los Servicios Sociales del Ayuntamiento los valoraran.
El Síndic de Greuges pide al Ayuntamiento que en un plazo de 15 días le remita una «exhaustiva de información» sobre el estado actual de tramitación en que se encuentran los expedientes de valoración de la dependencia y RVI.
Entre esta información, el Síndic pide una descripción precisa de la organización general y dotación de los Servicios Sociales, el protocolo que regula la atención a los ciudadanos, el número de solicitudes pendientes o el tiempo medio de espera para la primera visita.
Al respecto, Catalá ha señalado que «en la situación actual de crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, la atención social a las personas más vulnerables, debería ser una prioridad de todos los gobiernos, tanto municipales como autonómicos y el del Estado».
Sin embargo, según lamenta, «lamentablemente vemos que no es así, y que el Síndic de Greuges se ve abocado a abrir una investigación de oficio ante los datos tan preocupantes sobre el bloqueo en la tramitación de la dependencia y la RVI».