La Audiencia de Madrid juzga desde este miércoles a un guardia civil destinado en la unidad de Intervención de Armas de Móstoles, donde los particulares depositaban armas para destruirlas, servir como chatarra o transferirlas a terceras personas. El acusado, sin embargo, se quedó con las que estaban destinadas a convertirse en chatarra para entregárselas a otros particulares de forma gratuita o a cambio de dinero.
La Fiscalía, que le imputa un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de depósito de armas de guerra y cartuchería y solicita cinco años de prisión para José Florido Algar, recuerda que el acusado desde marzo de 2008 y ”actuando con intención de obtener un ilícito beneficio patrimonial” se dedicó a vender o regalar escopetas, rifles, pistolas o carabinas.
A raíz de la entrada y registro en la vivienda de Florido se hallaron ocho armas de fuego sin documentación alguna que justificaran su tenencia, otras 15 que sí estaban a nombre del acusado y 13.116 cartuchos metálicos de distintos calibres, así como medio kilo de pólvora negra.
