Las universidades piden a los partidos una nueva ley y recuperar la financiación anterior a 2008

Crue Universidades Españolas presentó este lunes un decálogo a los partidos políticos ante «el desinterés» mostrado por las formaciones políticas sobre este tema en el que, entre otras peticiones, instan al nuevo Gobierno a que impulse una nueva ley de universidades y a recuperar la financiación anterior al año 2008.

Crue recuerda en un comunicado que en septiembre de 2018 solicitó al Parlamento «la promulgación de una nueva ley universitaria» que incluyera «autonomía real para adaptarse a un entorno global en continuo cambio. Siguiendo la tendencia de los países más avanzados, es necesaria una reforma de la gobernanza que otorgue más flexibilidad y margen de actuación a las universidades para poder especializarse y diferenciarse –garantizando la calidad de sus estudios– si lo consideran necesario».

Asimismo, el decálogo denuncia que la «brecha de financiación es hoy en día mucho mayor que antes de la crisis y, a largo plazo, un suicidio para la sociedad española. Si queremos que las universidades sigan siendo motor de progreso social, debemos considerar la educación como una inversión y no como un gasto que recortar en tiempos de crisis.

Tambien pide Crue el «aumento y estabilización de las plantillas universitarias; la plena reposición de las plantillas y estabilización de las plazas de carácter temporal asociadas a las necesidades estratégicas de la Investigación; aprobar un Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI) que incentive la carrera investigadora», así como «revisar y reformar la oferta y la estructura de grados y másteres en orden a un mayor ajuste con las demandas sociales y del tejido productivo y revisar la evaluación de la docencia para revalorizarla».

Pide esta organización al nuevo Ejecutivo «apoyo decidido a la investigación, transferencia e innovación, defensa de la igualdad de oportunidades y derechos de los estudiantes; aumentar las becas y ayudas a los estudios y reducir los precios de las matrículas públicas».