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Investigados por el caso AECID justifican ante el juez su actuación administrativa

Dos de los quince investigados por el caso AECID han declarado este viernes en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para justificar las actuaciones administrativas en las que intervinieron, negando haber cometido irregularidades en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y los otros catorce investigados estaban citados para comparecer ante la titular de este juzgado, Belén Sánchez, a partir de las 10.00 horas de este 6 de noviembre por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, solo han podido declarar Francisco Jesús Moza Zapatero, ex director de la AECID, y Begoña Cristeto Blasco, ex secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por lo que los demás investigados han quedado citados para el 13 de noviembre, según ha podido saber Europa Press.

El caso parte de una denuncia realizada por la Intervención General del Estado, que aprecia supuestas irregularidades en una serie de actuaciones administrativas, y que llega a la Fiscalía Anticorrupción hasta acabar en el juzgado de Sánchez.

Moza y Cristeto han hecho un repaso minucioso de las actuaciones administrativas en las que intervinieron, lo que ha agotado el tiempo para los demás investigados, de acuerdo con fuentes presentes en la declaración.

La querella, presentada el pasado 21 de julio, incluye también al embajador en México, Juan Antonio López Dóriga; Jesús Juan González Navarro, quien fuera jefe del Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información de la AECID; Francisco Salazar Palma, actual presidente de CESCE, empresa de capital mixto dedicada al crédito a la exportación; y Guillermo Horche López, ex subdirector del ICEX; así como a varios empresarios.

En el caso de Valdés, fuentes ministeriales señalaron a Europa Press en su momento que el secretario de Estado de Turismo se ponía a disposición de la justicia para colaborar en la investigación y que daría cumplida información de todo lo que se le requiriera. No obstante, las mismas fuentes recalcaron que, como jefe de departamento en los tiempos que se investigan, no firmó ninguno de los actos administrativos que son parte de la causa.

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