España tiene abiertos en la actualidad 100 procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea, de los que 30 son por no trasposición de directivas, según ha señalado el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
Son tres más de los incluidos en el recuento que hizo en julio la propia Comisión Europea, en el que España se situó como país con más procedimientos abiertos: un total de 97 dosieres contra España por infracción de las normativas comunitarias (13) o por una transposición tardía (36) o incorrecta (48) de la legislación acordada a Veintisiete.
Estos procedimientos son la herramienta que utiliza el Ejecutivo comunitario para asegurar que los Estados miembro aplican la legislación europea, un proceso que arranca con la apertura de expedientes pero que puede concluir en sanciones contra los países incumplidores si el caso llega sin entendimiento al Tribunal de Justicia de la UE y éste da la razón a Bruselas.
Consciente de este problema, el pasado febrero el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa un Informe sobre la mejora del proceso de incorporación del Derecho de la Unión Europea. A raíz de ese informe, se ha constituido un grupo de trabajo, a propuesta de los Ministerios de Presidencia y Exteriores, para estudiar medidas que contribuyan a mejorar la posición de España en este ámbito.
Pese a los malos resultados globales de España en el ránking europeo, el país se sitúa en mitad de la tabla cuando se observan únicamente los procedimientos abiertos durante 2019, una clasificación en la que tiene una decena de países con más casos lanzados a lo largo del pasado año. De manera general, la Comisión abrió un 20% más de expedientes con respecto al año precedente.
Aquí, España, con 31 nuevos expedientes sancionadores, se encuentra por detrás de países como Chipre (43), Grecia (39), Bulgaria (39), Rumanía e Irlanda (ambos con 38 nuevos procedimientos).
De esos 31 procedimientos abiertos en 2019, 10 de ellos lo fueron por no trasponer directivas o no hacerlo correctamente. De los 31, 10 han sido ya archivados, continúa detallando el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del diputado Jon Iñarritu.
El Gobierno, insiste, no obstante, en que en los últimos años se han adoptado varias medidas para intentar mejorar los plazos de trasposición de normas europeas, como el Plan de Mejora de Transposición de Directivas de la Unión Europea de 2013 o el Plan de Acción de Transposición de Directivas en riesgo de multa de 2018, antes del Informe y el grupo de trabajo impulsados en 2020.
