Horas antes de que el Congreso de los Diputados inicie el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el presidente publicó varios mensajes en su perfil oficial de la red Twitter.

"Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos Presupuestos sociales", indica, para agregar que "ambos quieren lo mismo: una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma".

Tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos #PGE sociales. Ambos quieren lo mismo: una #Cataluña enfrentada a sí misma y una #España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrero de 2019

Por el contrario, el jefe del Ejecutivo asegura que ellos trabajan "por una Cataluña en convivencia para una España unida". "Dentro de la Constitución, el PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una mesa de partidos catalanes en el Parlament", pero "las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo", denuncia.

Dentro de la Constitución, el @PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una Mesa de partidos catalanes en el Parlament. Las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrero de 2019

Por último, Sánchez insiste en que la moción de censura que le aupó al Ejecutivo "supuso un cambio de época: si queremos conquistar el futuro como país, la España cabal, moderada y progresista debe dar un paso adelante. Dará un paso adelante", concluye.

En la legislación española está establecido que el tribunal juzgador no puede estar compuesto por jueces que hayan participado en la tramitación de alguna de las partes del proceso, y aunque la admisión a trámite no entra a analizar el fondo de la cuestión, las defensas consideran que su posición en ese momento 'contamina' a Marchena.

Está también en el aire el lugar que ocuparán en la sala de vistas los 12 acusados. A raíz de una petición formulada por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para poder estar junto a su abogado durante el juicio, el tribunal accedió a que se pudieran sentar en el estrado y no en el banquillo, situado en el centro de la sala.

Pero esta inusual decisión no satisface a todos los acusados. Los exdirigente del PDECat consideran que sentarse detrás de los abogados no les permitirá consultar con ellos durante la vista y sólo se plantean aceptar si pueden colocarse junto a los letrados que les representan. Si no lo consiguen, probablemente, optarán por situarse en el banquillo.

Las defensas reconocen que hay pocas probabilidades de que se anule el juicio y por ello tienen preparadas otras peticiones. Entre ellas, una de las más destacadas porque podría suponer la suspensión temporal de la vista, es la que se refiere a las pruebas documentales admitidas por el tribunal y que aún no están en su poder.

Las defensas reclamarán tener acceso a esa documentación antes de que comience el interrogatorio de los acusados. Entienden que esta es una garantía procesal que no puede pasarse por alto. Mientras los acusados de ERC piensan solicitar la suspensión de la vista hasta la llegada de las citadas pruebas, los del PDECat dejarán al juicio del tribunal la decisión, aunque siempre denunciando que se incurriría en indefensión.

En concreto se trata de 54 pruebas documentales aceptadas que aún no han llegado a manos del tribunal y que, por tanto, no han podido ser estudiadas. Es posible que no estén a disposición de las partes este martes y, en cualquier caso, consideran que no tienen tiempo suficiente para estudiarlas antes de los interrogatorios.

El tribunal se pronunció sobre este asunto la pasada semana, negandose a suspender el inicio del juicio. Los magistrados explicaban que “hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada”, que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas también solicitarán la incorporación de una serie de pruebas que han sido rechazadas en el auto de admisión de prueba dictada la semana anterior. Insistirán en la pertinencia de ciertas testificales, entre ellas la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se ofreció a testificar por videoconferencia. El tribunal considera que no es pertinente esa declaración puesto que Puigdemont se encuentran huido de la justicia.

También insistirán que testifique el expresidente del Parlament Joan Rigol para que detalle su tarea de mediador con los partidos PSOE y PP para negociar la organización y celebración de un referéndum el 9 de noviembre de 2014. El tribunal lo rechazó porque en este juicio no se dirimen hechos relacionados con el 9-N.

Además, la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pidió la declaración del senador del PP Ignacio Cosidó, para que explique qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del Tribunal de enjuiciamiento, Manuel Marchena, en las decisiones de configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los pactos políticos llevados a cabo al respecto, así como para que relate qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado “a fin de acreditar elementos sobre los que se fundamentan cuestiones previas por vulneración del derecho al juez imparcial”.

En ese sentido, las defensas pondrán en duda la imparcialidad del juez instructor, Pablo Llarena, y pedirán “determinar la existencia de vicios en el procedimiento con incidencia en la imparcialidad del órgano de instrucción y de enjuiciamiento así como para fundamentar alegaciones de vulneración del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías”.

Fuentes policiales informaron a Servimedia de que el centenar de agentes se dedicará a proteger el lugar donde se celebrará el juicio del ‘procés’. Al mismo tiempo, las fuentes consultadas indicaron que para el juicio también se reforzará la seguridad de los jueces y fiscales que participarán en el proceso.

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´ en el juicio que comienza este martes en el Tribunal Supremo. La Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados, entre los que están también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Si como todo indica el Congreso rechaza las cuentas que presentará el Ejecutivo, fuentes gubernamentales y socialistas indicaron a Servimedia que el presidente decidirá este "miércoles" cuándo serán las generales. Pero en tal caso, desde el Gabinete que dirige Pedro Sánchez apuntaron a esta agencia que “no hay elecciones” para el 14 de abril. Precisamente, la publicación de esa fecha generó cierto revuelo y levantó las alarmas en presidentes y líderes territoriales del partido.

Alguno lo veía como “un tiempo para los psiquiatras” por la velocidad de los acontecimientos y por el empleo de amagar de manera “muy fuerte” con elecciones dentro de poco y antes de las autonómicas del 26 de mayo, solo por enviar un “mensaje” a los partidos independentistas para que apoyen los Presupuestos.

La sorpresa de que abiertamente se diera cita para las generales saltó antes de que la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, compareciera en Ferraz “reventando” el mensaje contra la manifestación del PP, Ciudadanos y Vox que quería lanzar, según reconocieron fuentes socialistas.

Así, desde la dirección socialista insistían en que “primero hay que decidir si vamos a elecciones” que según aseguraban a Servimedia, “no hay nada decidido” y dependerá del debate presupuestario. Pero en todo caso veían “muy precipitado” hablar de fechas porque todavía no habían llegado a esa pantalla.

Esta situación desveló, según fuentes de Ferraz, que la puesta en circulación de fechas para las generales se ha lanzado desde Moncloa sin tener en cuenta la estrategia del partido y recuerdan que el PSOE es el “instrumento” para continuar al frente del Ejecutivo. “El Gobierno pasa, el partido lleva 140 años”, recuerdan.

Si bien, desde el Gabinete de Sánchez insisten en que el presidente es quien está al frente de la estrategia y que sólo él decide la fecha de las elecciones, ahora más aun pues lleva el “todo control” de la situación tras el portazo de las negociaciones con los partidos independentistas.

El presidente siempre ha tenido marcado el debate sobre las enmiendas a la totalidad como el trance que marcará el futuro su legislatura. Así, fuentes gubernamentales indicaban ya en diciembre que para el Gobierno era “importante” presentar los Presupuestos, pero “más aún salvar” el debate de las enmiendas a la totalidad para "evitar la imagen" de que el Congreso devuelve el proyecto. Algo así podría abocar a Sánchez a convocar elecciones generales, pero por si acaso en La Moncloa tenían y tienen ya preparado como argumento que “son los demás los que no les dejan implantar las medidas sociales” anunciadas, lo cual usarían también como mensaje electoral. Pero seguian con la estrategia de "partido a partido", a la espera de ver el transcurrir de los acontecimientos.

El PSOE está desde principios de año en clave “electoral”, no tanto por la cita ya prevista del 26 de mayo con elecciones municipales, autonómicas y europeas, sino porque en ellas se examina “la papeleta” de Sánchez, esté o no sobre la mesa. De hecho, el presidente está desarrollando una intensa agenda con actos casi todos los sábados y domingos de 2019 para palpar el ambiente en los territorios y movilizar las estructuras. Este sábado se prepara un acto en Sevilla y el domingo en Mérida.

Torra y Torrent encabezaron este martes la protesta, acompañados de otros políticos como los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián. “Decidir no es delito”, rezaba la pancarta que portaban en las inmediaciones del Tribunal Supremo, rodeados de un amplio dispositivo de seguridad, que no permitió acceder a los manifestamtes a la plaza de la Villa de París, frente al Alto Tribunal.

Tras participar en la concentación, Torra fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Este saludo protocolario es habitual con las autoridades públicas españolas que acuden al Palacio de Justicia en visita no institucional.

En el acto, que ha tenido lugar en el despacho oficial del presidente del Supremo (rotonda), también han estado presentes el vicepresidente del Alto Tribunal, el conseller de Territorio la Generalitat, Damià Calvet, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.

Por su parte, Torrent no podrá estar presentes en la sala de vistas porque está citado como testigo en la causa. Solo tras su declaración podrá entrar a presenciar el juicio.

Al mismo tiempo, otro grupo reducido de personas, que portaban banderas de España, se manifestaban, en la calle Génova esquina con calle Marqués de la Ensenada, por la "unidad de España".

El grueso de los testigos lo integra la lista de 256 solicitados por la Fiscalía, incluyendo a los cinco exmiembros del Ejecutivo central, del catalán y del vasco. Para Rajoy, será su segunda declaración como testigo ante un tribunal. La primera se produjo el 27 de julio de 2017 con motivo del juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la primera etapa de la 'trama Gürtel', entre los años 1999 y 2005.

Durante la vista también deberá comparecer al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. En el momento en que se produjeron los hechos que se someten a juicio, Aragonés era secretario de Economía y mano derecha de Oriol Junqueras en el Ejecutivo catalán.

MOSSOS D'ESQUADRA

También están llamados a testificar el exalcalde de Barcelona Xavier Trías, el que fuera Mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, estos dos últimos procesados por rebelión y sedición, respectivamente, en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y por el asedio a la sede de la Consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre. También será citado el exjefe de los Mossos que sustituyó a Trapero, Ferrán López.

Igualmente, están llamados a declarar el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y los diputados Gabriel Rufián y Joan Tardá, todos ellos pertenecientes a ERC. El tribunal también aceptó llamar a la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al exdelegado de Gobierno en Cataluña Enric Milló.

En esa larga lista de testigos también figura un nutrido grupo de diputados del Parlament en el momento de la Declaración de Independencia de Cataluña (DUI). Entre ellos destacan el músico Lluis Llach, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domenech o el magistrado que colaboró en la elaboración de una Constitución para Cataluña, Santiago Vidal, que acabó siendo suspendido de funciones por el CGPJ. Además, el tribunal escuchara el testimonio de los cuatro exconsejeros de Puigdemont que dimitieron el pasado mes de julio y los exmiembros de la Mesa de Parlament procesados por el juez Pablo Llarena y que finalmente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), con excepción de Ramona Barrufet.

Además de decenas de policías, guardias civiles y ciudadanos que sufrieron heridas durante esos días, declarará como testigo la letrada judicial del juzgado número 13 de Barcelona Montserrat Toro, que se vio obligada a salir de la Consejería de Economía a la que acudió con el mandato judicial de hacer un registro por los tejados del edificio tras más de 20 horas de asedio y la imposibilidad de abandonarlo por la puerta como consecuencia de las protestas ciudadanas que se produjeron el 20 de septiembre de 2017.

El tribunal escuchará también al secretario general de la UGT, José María Álvarez Suárez, al que fuera número dos del exvidepresidente de la Gneralitat Josep María Jové, al exsecretario de Hacienda catalán Josep Lluís Salvado y a los observadores internacionales que asistieron a la jornada del 1-O.

TESTIGOS RECHAZADOS

La Sala Segunda del Tribunal rechazó solamente el testimonio de 40 de los propuestos por las defensas, un 6,7% de todos los solicitados. Entre los excluidos está el Rey, que había sido propuesto por Jordi Sànchez, “porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, “al no admitir nuestro sistema el 'testigo por sustitución'”.

También han sido rechazadas las 18 propuestas testificales del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que incluían a los relatores de Naciones Unidas Jody Williams y Ahmed Galai, a premios Nobel de la Paz; al lingüista Noam Chomsky o el historiador Paul Preston, dos de las personalidades internacionales que habían firmado el manifiesto `Let Catalans Vote´.

Tampoco declararán el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente catalán Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía y huidos de España, porque es incompatible con su condición de procesados.

En una decisión sin precedentes, el Supremo acepta que los acusados que lo soliciten puedan tener comunicación directa con sus letrados. "Ninguna objeción por parte de la Sala para que la distribución de espacios tenga en cuenta el deseo de proximidad y contacto físico entre el letrado y los procesados", señalaba en su último auto el tribunal.

En la práctica, significa que los acusados podrán sentarse detrás de sus letrados, aunque prestarán declaración y harán uso del derecho la última palabra desde el banquillo, situado en el centro del salón.

CUESTIONES PREVIAS

El juicio dará comienzo con las llamadas `cuestiones previas´. Las partes pueden intervenir para exponer ante el tribunal lo que estimen oportuno acerca de cuestiones como la vulneración de algún derecho fundamental o las causas de suspensión del juicio oral. El tribunal puede resolverlas en el acto o diferir la decisión para hacerlo en la sentencia que se dicte.

A partir de ese momento comenzarán las declaraciones de los acusados. En principio, el tribunal ha fijado los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 como las sesiones destinadas a esta tarea. Se comenzará a las 10.00 horas y tras un receso para comer se continuará por la tarde. Los acusados pueden acogerse a su derecho a no declarar o pueden rehusar responder a alguna o a todas las preguntas que se les formulen. No tiene obligación de decir la verdad en el juicio.

En los interrogatorios, primero pregunta el Ministerio Fiscal, a continuación los abogados que representan a las acusaciones, en este caso la Abogacía del Estado y Vox como acusación popular, y en último lugar pregunta el abogado del propio acusado.

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS

Finalizada esta fase, comenzarán a declarar los testigos, en este juicio son cerca de 600. Ellos sí tienen obligación de responder a todas las preguntas que se les hagan, salvo que concurra alguna causa legal que les permita no contestar, lo que le podría suceder al exjefe de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero, que está procesado por sedición en la Audiencia Nacional y podría verse perjudicado.

Los testigos están obligados a decir la verdad en sus respuestas y cometerían un delito de falso testimonio de no atenerse a esta regla. Se comenzará por los 256 testigos propuestos por la Fiscalía, a continuación prestarán declaración los propuestos por las acusaciones y, finalmente, los de las defensas. En principio serán llamados por el orden en que figuren en la propuesta de las partes, salvo que el presidente de la Sala lo altere para el mejor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad.

Después de los testigos, prestarán declaración los peritos. Un perito es un experto que aporta su conocimiento sobre una cuestión al tribunal. Pasan primero los propuestos por la Fiscalía, después los de las acusaciones y, finalmente, los de las defensas.

CONCLUSIONES DEFINITIVAS

Después de la práctica de la prueba, las partes emitirán sus conclusiones definitivas. En ellas explicarán al tribunal los hechos que consideran que se han cometido, cuales son los delitos que consideran aplicables y qué penas deben imponerse por ellos.

En esta fase cabe que las partes se limiten a decir que consideran definitivas las conclusiones provisionales presentadas antes del inicio de juicio, que deban ser modificadas y en otro escrito formulen las nuevas conclusiones o que las partes presenten calificaciones alternativas entre sí.

Después de las conclusiones, las partes tienen la palabra para exponer oralmente sus argumentos ante el tribunal y explicar el que creen que es el resultado del juicio sobre los hechos declarados probados y su calificación jurídica. Como en procedimientos anteriores comienza la Fiscalía y terminan las defensas.

ÚLTIMA PALABRA

Los acusados tienen derecho a decir al final del juicio lo que consideren conveniente. Es un derecho del acusado, no de su abogado, que se dirige personalmente al tribunal. Por eso, el presidente de la Sala preguntará a los acusados si tienen algo que manifestar al tribunal y si contestan afirmativamente se les concederá la palabra.

Finalmente, después del trámite de última palabra, el juicio se declarará concluido y visto para sentencia.

Pedro Sánchez señaló en un mensaje en Twitter: "Hace 140 años, Pablo Iglesias fundó el PSOE para defender desde la política la libertad, la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Su memoria guía hoy el trabajo de miles de socialistas. Seguiremos luchando cada día por nuestros valores. Son más necesarios que nunca".

Por su parte, la exministra y presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, utilizó la misma red social para decir que se trata de "un acto de cobardía y odio que es exactamente lo contrario a los valores que defendemos. Me duele como socialista y como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, y me indigna como demócrata. Libertad, igualdad, justicia social, progreso: por eso vamos a seguir trabajando".

A Rufián se le preguntó, a su llegada a la comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela, sobre la fecha del 14 de abril que fuentes de Moncloa habrían supuestamente deslizado para las elecciones generales, y, tras bromear que “es un buen día”, en alusión a que es cuando se proclamó la Segunda República, contestó desde la interpretación que se le ha dado de amenaza a los independentistas en caso de que tumben los Presupuestos el miércoles.

“A ERC no se le chantajea”, advirtió, añadiendo que, si Sánchez las quiere convocar elecciones, “ERC pide día y pide hora”. Seguidamente, dio a entender que su formación mantiene la enmienda a la totalidad que ha presentado a las cuentas porque, denunció, “el Gobierno no ha modificado un ápice las dos condiciones de bastante sentido común” que han puesto los independentistas para retirar sus enmiendas: “que se alejara de la deriva represiva y una mesa con todos los partidos posible, el PP y Ciudadanos también”.

“El Gobierno no ha hecho absolutamente nada y la pelota está en el tejado de Sánchez”, insistió. Aunque ya no pidió que el Ejecutivo inste a la Fiscalía a retirar sus acusaciones, porque “ya no puede hacer nada hasta las conclusiones del juicio”, Rufián apuntó que “sería muy positivo” que algún representante del Gobierno “diga algo tan lógico, tan de sentido común y tan democrático”, hasta el punto de que no hace falta ser independentista para sostenerlo, como que “es una barbaridad que se detenga a gente en la calle sin orden judicial”. Se refería a las detenciones de 16 independentistas el pasado 16 de enero por cortar las vías del AVE en una manifestación de los CDR. Convencido de que al Ejecutivo “no le gustó” aquello, reclamó que “lo que dice en privado lo diga en público”.

Así lo dijo el exministro en la comisión de investigación del accidente del Alvia de Santiago de Compostela del Congreso de los Diputados.

? VÍDEO | “É evidente que a modificación do proxecto inicial, recortando o ERTMS, tivo consecuencias na seguridade do Alvia”.

José Blanco ante a denuncia de @aKollontai pola redución da seguridade. #ComisiónAlvia?? pic.twitter.com/67vFwjFYiX

— EnMarea (@En_Marea) 11 de febrero de 2019

Blanco indicó que el 23 de junio de 2011 se anunció la fecha de puesta en servicio para el 10 de diciembre de ese año de la alta velocidad a Galicia y “no había perspectiva electoral alguna” porque las elecciones generales se convocaron posteriormente, el 26 de septiembre para celebrarlas en noviembre.

“El calendario electoral no alteró el calendario de la puesta en servicio”, afirmó Blanco, y aseveró que “en ningún caso propuse modificar, alterar, condicionar o cambiar las fechas establecidas en los contratos para la puesta en servicio de la línea, no hubo prisas”.

Por otra parte, el exministro dijo que la línea estaba mal planificada porque se comenzó su ejecución por Santiago de Compostela y por Madrid al mismo tiempo y se establecían distintos anchos de vía en distintos tramos, con ancho ibérico entre A Coruña y Santiago, y ancho internacional entre Santiago y Madrid.

Explicó que “si estamos construyendo una línea para todo un siglo no tiene sentido que en la entrada en Galicia, Lubián, se redujera la velocidad por ahorrar costes, por un tema de impacto medioambiental, y que la línea no fuera uniforme; por eso se hicieron las correcciones que yo hice”.

En este sentido, indicó que la electrificación del tramo Santiago-A Coruña para homogeneizar el conjunto de la línea “será la única modificación del proyecto” que se hizo bajo el mandato de Blanco. Insistió en que la planificación era “anterior a mi llegada al Ministerio que yo no alteré” y que “antes y después de mi llegada a Fomento la línea entre Ourense y Santiago fue objeto de numerosísimos modificados y complementarios, cerca de 40”. También aseguró que “el presupuesto no fue impedimento para las obras de acuerdo a los contratos firmados y a los plazos establecidos en ellos”.

Blanco especificó que la línea entre Madrid y Santiago en la que se produjo el accidente fue inaugurada por él pero la autorización corrió a cargo del director general de Ferrocarriles y que “por intereses comerciales nunca se hubiera hecho esta línea”.

RESPONSABILIDAD DEL MAQUINISTA

En lo que respecta a la seguridad, Blanco explicó que si estuviera activado el sistema Ertms, que se desconectó antes de la curva de Angrois, habría “más probabilidades de que el accidente no se hubiera producido” pero matizó que ésas “no dejan de ser opiniones”.

El exministro apuntó que lo “anormal” es que el tren pasara por la curva a más de 80 kilómetros por hora “habiéndose preparado al maquinista para eso, habiéndose formado”, habiendo un cuadro de velocidades y un sistema de seguridad, y que “si el maquinista hubiera cumplido” con todos los requerimientos, “probablemente no hubiéramos estado en esta situación”.

En esta línea, quiso referirse a unas declaraciones del maquinista para decir que “priorizó la llamada telefónica (recibida previamente al accidente) sobre empezar con el tiempo de frenado”.

Blanco señaló que no se arrepiente de nada “más que de no haber aceptado en su día la comisión de investigación” y aseguró que “no hubo pacto de silencio en ningún caso, en todo caso, lo que ha habido es un silencio que yo mismo me autoimpuse tras el accidente para no generar polémica”.

Asimismo, defendió que no mantuvo conversación alguna durante su mandato con su sustituta en la cartera, Ana Pastor, ni se valió de su condición de eurodiputado para mantener alguna reunión con responsables comunitarios de transporte para “influir o condicionar de algún modo sus visiones o trabajos en relación con el accidente”.

También cargó contra algunos miembros de la comisión porque “había una decisión tomada” y “lo que buscaba algún grupo era cargar al ministro de Fomento un veredicto ya decidido antes de la constitución de esta comisión”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su participación en la reunión del patronato CEI International Affairs que tuvo lugar en la escuela diplomática de Barcelona.

Borrell recordó algunas cuestiones de la actualidad internacional como el 40 aniversario de la revolución islámica de Irán y el desarrollo de sus relaciones con EEUU. También destacó los cambios que se avecinan en las relaciones internacionales con el giro hacia el polo asiático, el papel de actor global que desempeña China y los retos de la política exterior del a UE.

Señaló la necesidad de reformar el mecanismo de toma de decisiones en política exterior con el objetivo de superar el criterio de unanimidad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación es uno de los miembros fundadores de esta institución con sede en Barcelona que desde 1987 lleva a cabo una importante labor divulgativa y formativa en materia de relaciones internacionales y de preparación para el acceso a la carrera diplomática.

El indicador alcanzó los 8.936,40 puntos al cierre de la sesión cambiando el ritmo a una semana, la pasada, que finalizó con retrocesos acumulados del 1,8%. A la cabeza de los avances se situaron las acciones de Caixabank (+2,49%), seguido por Ence (+2,44%), Mediaset (+2,41%), los títulos de Siemens Gamesa (+2,25%) y Viscofán (+2,19%).

Pero descató el buen tono general de las valores bancarios: Bankinter subió un 1,59%, las acciones de Bankia subieron un 1,34%, las del Santander se revalorizaron un 1,21% y las de BBVA un 1,13%.

Tan solo siete de los 35 títulos que integran el Ibex finalizaron la sesión a la baja, con Meliá Hoteles en cabeza, con descensos del 5,75% en su cotización. También cerró con caídas ArcelorMittal (-1,19%), REE (-0,83%), Mapfre (-0,83%), Acciona (-0,39%), Merlín Properties (-0,22%) e Inmobiliria Colonial (-0,11%). Entre los grandes del selectivo español también destacaron las subidas de Telefónica (+0,57), Iberdrola (+0,75%), Naturgy (+0,38%) o Repsol (+0,17%).

Por su parte, la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 114 puntos.

Fuentes policiales informaron a Servimedia de que el centenar de agentes se dedicará a proteger el lugar donde se celebrará el juicio del ‘procés’, en cuyas inmediaciones hay convocadas para este martes varias protestas ciudadanas que no tienen relación con el proceso a los independentistas catalanes.

Al mismo tiempo, las fuentes consultadas indicaron que para el juicio también se reforzará la seguridad de los jueces y fiscales que participarán en el proceso. Esto incluye a los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que compondrán el tribunal del juicio, así como los fiscales que intervendrán.

Otra parte del dispositivo contempla la coordinación con la Policía Local correspondiente a la zona de la sede de la Audiencia en San Fernando, con la que las Fuerzas de Seguridad colaborarán para garantizar la normal celebración del juicio.

CON PRESENCIA DE TORRA

En este sentido, frente a la sede de la Audiencia están anunciadas para mañana diversas protestas ciudadanas, cuyos manifestantes se situarán en la amplia rotonda que se encuentra frente al edificio judicial.

La sala de vistas está ubicada en una zona donde existen naves industriales y sedes de empresas, por lo que las Fuerzas de Seguridad deberán garantizar que los acusados del ‘procés’ lleguen con normalidad a la sede del juicio desde los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid donde esperan el inicio de la vista oral.

En este sentido, desde la prisión de Madrid V (Soto del Real) serán llevados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Asimismo, desde la cárcel Madrid I-Mujeres (Alcalá de Henares) serán trasladadas Dolors Bassa y Carme Forcadell.

Al mismo tiempo, a la primera sesión del juicio del ‘procés’ está previsto que acuda el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que exigirá cooperación añadida de las Fuerzas de Seguridad del Estado con el equipo de los Mossos d’Esquadra que vela por la integridad de este presidente autonómico.

Iglesias publicó en Twitter un 'hilo' sobre el supuesto adelanto electoral para abril con el que se ha especulado hoy si los grupos independentistas tumban en el Congreso de los Diputados el miércoles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, en el que hizo varias consideraciones.

Aún hay tiempo para llegar a acuerdos y seguiremos trabajando, pero debemos ser realistas.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

En primer lugar, reiteró que, si los Presupuestos no salen adelante, el Gobierno se verá "obligado a adelantar elecciones y hacerlas incluso antes del 26 de mayo", motivo por el que la dirección del partido convocó las primarias preceptivas. Además, constató que "aún hay tiempo para llegar a acuerdos" y prometió seguir trabajando para ello, pero asumió: "Debemos ser realistas".

Por otra parte, reivindicó la paternidad de la idea de la mesa de partidos entre los partidos que sacaron adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, "no sólo para hablar de los presupuestos, sino para construir un horizonte de país desde el diálogo y el respeto a las diferencias (valores republicanos)".

2. Entonces ya propusimos al Gobierno organizar una mesa de los partidos que hicimos posible la moción de censura no sólo para hablar de los presupuestos, sino para construir un horizonte de país desde el diálogo y el respeto a las diferencias (valores republicanos).

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

En caso de elecciones, Iglesias dibujó tres posibles opciones de gobierno. Por un lado, el "bloque de partidos reaccionario" con PP, Ciudadanos y Vox, cuyo proyecto sería "uberización de la economía y mano dura para reprimir los conflictos derivados de la plurinacionalidad.

4. La foto del bloque de partidos reaccionario la vimos ayer: Casado, Rivera y Abascal con la Brunete mediática descargando toda la artillería. Su proyecto: uberización de la economía y mano dura para reprimir los conflictos derivados de la plurinacionalidad.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

Por otro, el "posible bloque progresista" con PP y Unidos Podemos, con "un horizonte de protección social como modelo para la Europa del sur" y cuyo acuerdo de Presupuestos "disgustó mucho a los jefes del Ibex y sus medios.

El tercer bloque, que "esas élites preferirían", sería uno de "'gran centro' con PSOE y Ciudadanos y una nueva fuerza progresista que lo facilitara desde fuera", ante el que Iglesias objeta: "Sospecho que ese modelo (preferido también por los barones conservadores del PSOE) no tendrá la fuerza electoral suficiente para darse".

6. Esas élites preferirían un tercer bloque de “gran centro” con PSOE y Ciudadanos y una nueva fuerza progresista que lo facilitara desde fuera. Sospecho que ese modelo (preferido también por los barones conservadores del PSOE) no tendrá la fuerza electoral suficiente para darse.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

Ante la posible perspectiva electoral, el líder de Podemos avisa de que, incluso "si se vuelven a dar las condiciones para que el bloque de la moción negocie una investidura y un gobierno, habrá que asumir los mismos retos: recuperación del Estado del bienestar (que sería un mensaje a la UE) y reconocimiento de la plurinacionalidad y el diálogo".

8. Si se vuelven a dar las condiciones para que el bloque de la moción negocie una investidura y un gobierno, habrá que asumir los mismos retos: recuperación del Estado del bienestar (que sería un mensaje a la UE) y reconocimiento de la plurinacionalidad y el diálogo.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

Como conclusión, tanto de su análisis de la situación como de ese hipotético horizonte que repitiera la mayoría parlamentaria actual, Iglesias observa: "La política de gestos puede ser eficaz en el corto plazo pero no es una política de gobierno. Los movimientos macronistas, de tinte más conservador o más progresista, aportan adrenalina a la agenda mediática, pero ningún horizonte de país, seguridad o certezas".

9. La política de gestos puede ser eficaz en el corto plazo pero no es una política de gobierno. Los movimientos macronistas de tinte más conservador o más progresista, aportan adrenalina a la agenda mediática, pero ningún horizonte de país, seguridad o certezas.

— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de febrero de 2019

Así lo explicó en los pasillos del Congreso de los Diputados el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, después de que el PSOE acusara al PP y a su formación de obstaculizar la tramitación de la proposición de ley de despenalización de la eutanasia, coincidiendo con la entrega de 280.000 firmas en la Cámara pidiendo esa misma medida.

Recordó que la proposición de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida lleva dos años tramitándose en el Congreso de los Diputados, y con ella se pretende asegurar una etapa final de la vida sin sufrimiento, con respeto a la voluntad del paciente para retirarle el tratamiento o el soporte vital, y para morir acompañado si así lo desea.

En su opinión, esas garantías son "imprescindibles" antes de abordar el debate sobre la eutanasia, porque si no hay garantías de ejercicio de todos esos derechos en el tramo final de la vida no puede ocurrir que lo único que se ofrece a esos pacientes sea "el suicidio".

Considera necesario que se asegure ese régimen común también en cuanto a las sanciones por incumplimiento en todo el territorio nacional, por el mismo motivo por el que un robo con fuerza no se podría castigar con una multa en unas comunidades autónomas y con quince años de prisión en otras.

Denunció, en ese sentido, que el PSOE no quiere "comprometerse" con la igualdad de todos los españoles en ese proceso final de la vida, al igual que los nacionalistas, guiados por la máxima de que unos y otros "tenemos que ser diferentes hasta para morir", algo que "no tiene ningún sentido". A Ciudadanos, sentenció, nadie le va a dar lecciones de empatía hacia quienes sufren, porque después de cuarenta años de democracia ha sido el primer partido en presentar una iniciativa legislativa con ese objetivo.

“Cuando las banderas las ha utilizado otro partido por otra causa que no era la defensa de los derechos LGTB, tampoco nos ha parecido bien”, manifestó la presidenta de la Felgtb, Uge Sangil, en declaraciones a Servimedia.

Y es que “es la bandera que representa la diversidad, la bandera que representa la conquista de derechos y marchan con ella junto a quienes nos siguen insultando o que quieren derogar nuestras leyes”, denunció esta activista LGTB.

No obstante, añadió que “cada persona, al margen de su orientación, puede manifestarse donde crea que debe de estar”, pero destacó que sin implicar al colectivo y, menos, yendo con “quienes quieren cercenar nuestros derechos”.

No obstante, desde la asociación LGTB Arcópoli, su coordinador, Yago Blando, hizo hincapié en que la bandera LGTB no es patrimonio sólo de algunos. “Nosotros no vamos a decir en qué momento pueden usar la bandera LGTB; el poder usarla entra dentro de la libertad de cada uno”, defendió este activista en declaraciones a Servimedia.

Otros activistas LGTB se han manifestado también sobre esta cuestión, como el expresidente de la Felgtb Toni Poveda, que afeó que la bandera arcoíris la portaron “para dar color a la España en blanco y negro a la que apoyan”, o su sucesor Jesús Generelo, que tildó de “muy triste” que “personas LGTB se fotografíen y apoyen en su carrera al poder a políticos que les quitarán sus derechos más fundamentales”.

El estudio 'Di@bet.es', diseñado y promovido desde el Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ciberdem), ha contado con la participación de investigadores y centros sanitarios de toda España. La fase transversal del estudio se realizó entre los años 2008-2010 y contó con la participación de más de 5.000 voluntarios de toda España mayores de 18 años.

El trabajo, coordinado por la doctora Gemma Rojo Martínez, jefa de grupo en Ciberdem e investigadora del Hospital Regional de Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), ha determinado la incidencia de diabetes en España con los sujetos incluidos en el estudio original tras ocho años de seguimiento.

Esta investigación ha permitido, no solo destacar la asociación entre el consumo de productos lácteos y el mejor perfil metabólico en la población española adulta, sino también poner de manifiesto que las mujeres consumen más leche, queso o yogures que los hombres, mientras que éstos toman más lácteos azucarados como batidos o helados", apuntó la doctora Rojo.

Aunque las grasas que contienen los lácteos son mayoritariamente saturadas, actualmente está en discusión su papel respecto a su asociación con las enfermedades crónicas, incluyendo cardiovasculares, diabetes, hipertensión y obesidad", explicó Gabriel Olveira, director de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga. "Los resultados de esta estudio -junto a otros realizados en otros países y también con seguimientos prospectivos- apuntan que, en población sana, la ingesta de 2-4 raciones de lácteos entra dentro de un patrón saludable de alimentación, incluso aunque no sean desnatados, aunque deben ser preferentemente no azucarados. Para personas con sobrepeso, obesidad o elevación de lípidos sí se recomendaría tomarlos en su versión semidesnatada o desnatada", subrayó.