La representante legal de la que fuera presidenta del Parlament que tramitó las leyes de desconexión para Cataluña, defendió que ha existido vulneración del principio de legalidad al “imputar tipos penales (rebelión y sedición) que no se deben imputar a estos hechos”. En concreto, indicó que en 2005 “se destipificó el delito de convocar un referéndum” y en 1995 “se introdujo la violencia expresamente en el delito de rebelión” añadiendo que, de suceder, “llevará la aplicación del estado de sitio”.

Pero más allá de la esta regulación, la letrada insistió en que “mi cliente no organizó el referéndum” y se mostró convencida de que en este proceso se está ejerciendo el Derecho penal del enemigo: "Se considera que los acusados han pateado la Constitución, por lo que no se respeta el principio de legalidad y se produce la quiebra de garantías".

En ese sentido, denunció la “mutilación” de los tuits publicados por Forcadell y que son recogidos en diversos atestados de la Guardia Civil que obran en la causa del Tribunal Supremo y que han sido "copiados literalmente" por las acusaciones. Arderiu insistió en que en esos informes hay "tuits y declaraciones mutilados” y cuando, por ejemplo, “aparece la palabra 'pacífico', no se considera relevante para introducirla en el atestado".

Además, la letrada argumentó la “inviolabilidad” de sus funciones como parlamentaria bajo cuyo paraguas protector se encuentran los debates y votaciones que como miembro de la Mesa propició o en aquellos que participó.

Por tanto, considera que la causa del `procés´ vulnera el principio de "inviolabilidad parlamentaria", y la atribuye una responsabilidad penal cuando Forcadell se limitó a dar trámite a propuestas de los grupos independentistas en la Cámara.

La abogada también se quejó de que hay documentos en catalán que no se han traducido al castellano. En ese sentido, aseveró que "o bien el tribunal los entiende perfectamente o existe indefensión".

Arderiu, en suma, cree que su cliente es víctima de un "derecho penal de autor" que la va a juzgar “por quien es o por sus supuestas convicciones políticas", a la vista que por conductas idénticas del resto de miembros de la Mesa del Parlament, todos ellos van a ser juzgados únicamente por desobediencia, mientras que a ella la Fiscalía le imputa un delito de rebelión.

Rivera defendió la enmienda de totalidad de Ciudadanos al proyecto del Gobierno, por considerar que los Presupuestos son "malos" para la economía española y para el bolsillo de la clase media trabajadora, a la que da un "sablazo" en forma de subida de impuestos. Con una situación macroeconómica que "no es buena" y los peores datos de paro en un mes de enero desde hace cinco años, esas cuentas "frenan la creación" de empleo y ponen en riesgo la recuperación.

Los Presupuestos tienen "un warning" de Europa, alertó, y la Comisión Europea, el Banco de España y la Airef consideran que son un "engaño" a los ciudadanos. "Carecen de credibilidad", aseguró, y por ello la segunda partida más voluminosa es para afrontar el coste financiero de la deuda. Con ese escenario, además, es "mala idea" subir los impuestos y los costes de contratación.

Denunció que la "batuta" de la política económica está en manos de Podemos y la política nacional depende de los independentistas, a los que Ciudadanos no quiere dar "aire ni flotador". Aseguró, en ese punto, que Sánchez solo busca "gasolina" para aguntar unos meses más en La Moncloa, y le recordó sus propias palabras sobre que gobernar "no consiste solo en vivir en La Moncloa". "No es ir en avión o en helicóptero", le dijo, sino tejer mayorías y consensos para hacer reformas con un proyecto de España.

Rivera acusó a Sánchez de cometer un "fraude" al no convocar elecciones, como prometió cuando presentó la moción de censura. Usted tiene el manual de resistencia", dijo, en referencia al libro del presidente del Gobierno, "pero los españoles tienen el manual de paciencia. Si el Congreso tumba los Presupuestos, aseguró, será "el testamento político" de Sánchez, el último documento del sanchismo y de su "gobierno Frankenstein".

Justo el día que ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes independentistas catalanes, Rivera quiso expresar su "apoyo inquebrantable" a los jueces y fiscales que sufren "el acoso y derribo de los nacionalistas", y aseguró que si él llega a ser presidente del Gobierno "no concederemos indultos si hay condena a los golpistas", porque es una "estafa" a la Justicia y a los españoles.

"¿QUÉ ESTÓMAGO TIENE?"

Le preguntó a continuación a Sánchez "qué estómago tiene" y si tiene sangre u horchata en las venas, para seguir negociando con los independentistas después de que le presentaran el documento de "los 21 puntos de la vergüenza, de la infamia".

Reprochó a continuación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de asumir "el marco mental" de los separatistas y de asumir un conflicto cuando "conflicto es tener que ir escoltado para defender la Constitución y que te pinten las persianas de tu casa como a los judíos". "No vale equidistancia entre quienes dieron un golpe de Estado y los demócratas", alertó, y si siguen "llamando facha a todo el que lleva una bandera de su país" seguirán repitiendo los resultados electorales de Andalucía.

"Se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas", dijo Rivera al Gobierno, para dirigirse después a Sánchez para espetarle: "Usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones: dignidad".

Rivera se mostró convencido de que en la votación de este miércoles en el Congreso no están en juego solo los Presupuestos sino el intento de Sánchez de fraguar una "mayoría futura" junto a populistas y nacionalistas, y por ello llamó a "seguir presionando" para la convocatoria de elecciones.

Hay que superar el 'sanchismo', dijo, pero también el bipartidismo que siguen encarnando el PSOE y el PP, cuya confrontación es una "ficción" porque siguen negociando para "pastelear" y hablando del pasado, de cuestiones como Franco o el aborto. "Son muy cansinos", aseguró, y hay muchos ciudadanos que desean elecciones no para construir una nueva trinchera a la izquierda o a la derecha sino para "disolverlas definitivamente".

El letrado denunció la vulneración del derecho fundamental de reunión y de la libertad de expresión y contrapuso la defensa de estos derechos fundamentales, reconocidos por todas las legislaciones democráticas, a la preservación de la unidad territorial que, dijo, en ningún caso es un derecho fundamental. “No existe ningún derecho a la integridad territorial”, sentenció antes de preguntarse si “hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales por la unidad territorial”.

El abogado insistió en que los hechos por los que se acusa a Jordi Cuixart se derivan del “ejercicio de derechos fundamentales” y en ese sentido ha preguntado: "¿Buscar la adhesión a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo? Nosotros creemos que no".

No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. (...) Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a convocar manifestaciones pacíficas", dijo Salellas, mientras que "50 páginas del escrito de acusación del fiscal se dedican a hablar de actos de manifestaciones pacíficas".

Por todo ello, el abogado solicitó "expulsar de los escritos de acusación elementos vulneradores de derechos fundamentales" porque "empezar un juicio en el que el único debate es el ejercicio de derechos fundamentales puede constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o contra los derechos fundamentales”. Con esas actitudes, señaló, “se desincentiva a la ciudadanía a ejercerlos y se vacía el sistema democrático".

Además, el letrado que representa al presidente de Òmnium Cultural impugnó la acusación de la Abogacía del Estado contra su cliente, que no está acusado de malversación, y pidió expresamente al tribunal que restrinja esa acusación "estrictamente a los delitos por los que es perjudicada o víctima", es decir, la malversación y no se extienda al delito de sedición que también imputa a Cuixart.

El abogado destacó asimismo el perjuicio que puede producir a su defendido el ser juzgado en el Tribunal Supremo sin haber sido nunca aforado y, por tanto, dejar cercenado su derecho a una segunda instancia.

Como otros abogados, que se han dirigido al tribunal antes que él, resaltó la importancia de disponer de la prueba documental antes del inicio de las declaraciones para no incurrir en indefensión. El letrado aseguró que no está interesado en que se suspenda o aplace el juicio, por lo que sugirió una “solución” consistente en reservar la posibilidad de incorporar nueva prueba cuando se conozcan todos los documentos o la de pedir la suspensión de una prueba testifical si no hubiera llegado la documental completa.

El defensor de Cuixart concluyó que "este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española y no debe empezar. Si empieza entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos".

Lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para responder al líder del PP, a quien acusó de estar “paralizando las instituciones y poniendo palos en las ruedas”, porque “lo que quiere es agitar a España y vivir a lomos de la confrontación por el interés electoral”, además de advertirle que “cuanto más se arrima a Vox, más votos le arrima a Vox”.

“Sólo ha habido que dejarlo hablar durante 30 minutos sobre qué idea tiene de país y qué opina sobre estos Presupuestos para que tengamos razones de más para que continúen su tramitación”, inició la ministra en su réplica a Casado, sobre quien indicó que “gran parte de lo que ha dicho es mentira”.

En este sentido, acusó al PP de montar “un relato sobre este país que se basa en la crispación, en la mentira y en cuanto peor mejor” y aseguró que Casado “ha intentado utilizar este debate para ajustar cuentas con el Gobierno y con todos los que no piensan como él”. Por ello, Montero mostró su preocupación por “el cariz autoritario” de Casado cuando habla “de golpismo, de ilegitimidad y permanentemente de que solo los que piensan como usted están en la Constitución”. “Al señor Casado sólo hay que dejarle hablar para que a uno le dé susto por el lenguaje que usa y el tono en el que se expresa”, agregó.

“Están mirando todos los días a los balcones y a las banderas, mientras este Gobierno intenta hacerse cargo del estado de ánimo de los hogares y resolver sus problemas”, afirmó Montero desde la tribuna, añadiendo que el PP “dice no a la subida del SMI, a la subida de las pensiones, a la flexibilización del objetivo de déficit porque creen que el gasto público es un despilfarro, a revertir los recortes en educación y a la subida de las becas, a la retirada del copago farmacéutico, a la subida del Impuesto de Sociedades y la bajada a las pyme y a la bajada del IVA en productos de higiene femenina”. Además, en respuesta a la referencia realizada por Casado al “milagro económico” que en su opinión consiguió el PP, la ministra espetó a Casado que “el milagro económico del PP está en la cárcel”, en referencia al ministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato.

CATALUÑA

Asimismo, criticó el bloqueo del PP y Ciudadanos a distintas medidas que cuentan con el apoyo de la mayoría parlamentaria como la reforma de la Ley de Estabilidad o del Estatuto de Trabajadores, y preguntó al líder del PP si “merece la pena enfrentar a España con Cataluña por un puñado de votos”. En este sentido, preguntó a Casado cuál es su alternativa para Cataluña, al apuntar que el líder del PP no había dicho “ni una palabra” constructiva sobre esta cuestión, añadiendo que “la propuesta del PP para Cataluña se resume en una palabra: nada”.

En la misma línea, Montero denunció que al PP “no le interesa defender la ley, sino la confrontación y la mentira para llegar la Moncloa”, y señaló a Casado que “quien no defiende el Estado de las Autonomías y el Estado del bienestar no puede defender España, porque España se rompe cuando se enfrenta a las autonomías, no cuando se dialoga”.

Montero también acusó a los populares de “aprovechar el desafío independentista para trasladar una serie de mentiras”, para a continuación preguntar “quién gobernaba en Moncloa cuando se produjo el referéndum del 1 de octubre, cuando se declaró la declaración unilateral de independencia o cuando Puigdemont huyó”. “¿Se imaginan la que hubiera montado el señor Casado si hubiera estado el PSOE en el Gobierno?”, apuntó la ministra, para concluir que “la única salida al desafío independentista es el diálogo y este es imposible si tanto el PP se niega a dialogar como si los independentistas piden cosas imposibles”.

Por último, la titular de Hacienda afirmó que “cuando un Gobierno llega al poder tiene la obligación de resolver los problemas de la gente” y que esto “es lo único que intenta el Gobierno”, por lo que “de un partido de gobierno como el PP se espera un mínimo de lealtad, no con el Gobierno, sino con el Estado y el Estado de Derecho”.

Las enfermedades vinculadas a la inseguridad alimentaria sobrecargan los sistemas sanitarios y perjudican a las economías, el comercio y el turismo, destacó la OMS, quien también calculó que el impacto de los alimentos inseguros cuesta a las economías de ingresos bajos y medianos alrededor de 95.000 millones de dólares en pérdida de productividad cada año.

Por ello, las organizaciones participantes en la Conferencia fijaron como objetivo principal conseguir que los alimentos sean inocuos "en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución, la preparación y el consumo". "Sin alimentos seguros, no es posible lograr la seguridad alimentaria", destacó Moussa Faki Mahamat, presidenta de la Comisión de la Unión Africana.

"La comida debe ser una fuente de nutrición y disfrute, no una causa de enfermedad o muerte", subrayó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Los alimentos inseguros son responsables de cientos de miles de muertes cada año, pero no han recibido la atención política que merecen. Asegurar que las personas tengan acceso a alimentos seguros requiere una inversión sostenida en regulaciones, laboratorios, vigilancia y monitoreo más estrictos. En nuestro mundo globalizado, la seguridad alimentaria es un problema de todos".

“Esta conferencia es una gran oportunidad para que la comunidad internacional fortalezca los compromisos políticos y participe en acciones clave. Salvaguardar nuestra comida es una responsabilidad compartida. Todos debemos jugar nuestro papel. Debemos trabajar juntos para ampliar la seguridad alimentaria en las agendas políticas nacionales e internacionales", manifestó el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

Así lo manifestó Riba cuando estaba interviniendo Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart. Riba solicitó al Tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena permiso para que Mundó pudiese salir de la sala de vistas durante unos minutos para acudir al servicio.

Marchena concedió la petición, indicando que no era necesario parar la intervención de Salellas. Es la primera vez, desde que empezara la sesión este martes a las diez de la mañana que uno de los procesados solicita permiso para ausentarse de la sala.

Argumentó su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, con la presentación de enmienda a la totalidad, diciendo que son “nefastos” para el futuro económico del país y el interés general de los españoles.

Defendió que “hoy el Poder Judicial actúa” en España, ante el inicio del juicio a los líderes secesionistas catalanes, y señaló que lo que falta en España es “un buen Gobierno”. Por ello, recomendó a Sánchez “no alargar más su energía” y convocar “cuanto antes” comicios.

En el caso de que el Congreso de los Diputados rechace mañana el proyecto presupuestario del PSOE, dijo que le estará lanzando la “reclamación una vez más” de elecciones generales de manera anticipada. “España se le queda demasiado grande”, señaló.

Según fuentes del Alto Tribunal, se produjeron “algunas incidencias al inicio de la sesión” a causa del envío de peticiones “maliciosas”, que llegaron a saturar puntualmente la infraestructura. El problema quedó solucionado antes de las 11.00 horas y la transmisión se desarrolla desde ese momento con normalidad.

Este tipo de incidentes se basan en el uso de programas de software diseñados para generar de forma automática virus, troyanos u otro tipo de 'malware' para llevar a cabo ataques de denegación de servicio. De esta manera, los programas envían numerosas solicitudes al ordenador de la víctima y, si el ordenador no dispone de recursos suficientes para procesarlas, se produce una denegación de servicio.

Pina insistió en la falta de imparcialidad de un tribunal que, por momentos, se ha presentado ante la opinión pública como garante de la unidad de España. "Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales".

Para ilustrar sus sospechas sobre el tribunal, el abogado trajo a colación los mensajes de Whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que se felicitaba de la elección del presidente de la Sala, Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el Supremo, lo que facilitaría controlar por “la puerta de atrás” la sala que debía juzgar a los políticos independentistas

Al inicio de su intervención, Pina consideró que la celebración de este juicio en el Tribunal Supremo supone una vulneración del “derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia penal", que queda cercenada al ser tribunal de casación el que está juzgando la causa. "Pido al tribunal que reconsidere la decisión de no aceptar que el TSJC sea la instancia de juzgue el ' procés'", solicitó de nuevo el abogado aunque esa posibilidad fue desechada en la vista de previo pronunciamiento celebrada en el Supremo.

El abogado rememoró también una expresión de juez instructor de la causa, Pablo Llarena, en un auto en el que aseguraba sentirse víctima del proceso. En concreto, el magistrado se refirió a “la estrategia que sufrimos”. "Cuando un magistrado utiliza la primera persona del plural es razonable que aquellos que reciben esa manifestación duden de su imparcialidad, de que esté en condiciones de poder instruir con la necesaria objetividad el asunto", explicó el abogado.

Pina planteó a lo largo de su intervención como hilo conductor lo que considera una "vulneración del derecho a un juez imparcial". En este sentido, dijo hablar con “pena” y siempre “desde el respeto más profundo a todos y cada uno de los señores y señoras de la sala y del resto de magistrados que han actuado en el procedimiento”.

Pese a ello, insistió, "es mi obligación denunciar aquello que objetivamente creo que se ha producido, no se lo tomen como una ofensa, es necesario que reflexionemos todos sobre las circunstancias que hacen que los acusados puedan temer respecto a la necesaria imparcialidad" del tribunal.

En concreto, el letrado glosó la actuación del magistrado del Supremo Francisco Monterde, vicepresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y miembro del tribunal que decidió sobre la libertad de sus clientes. Recordó que "la APM ha escrito tuits en la cuenta oficial de Cataluña y Nacional contra los acusados y con comentarios diversos sobre el procedimiento (...) lo único que he conseguido denunciando esto es que me hayan bloqueado" en la red social y ya no pueda ver lo que en ella se comenta sobre sus defendidos.

Pina se refirió a la posible denegación por parte del tribunal de la traducción simultánea del catalán, en favor de una tradución sucesiva, es decir, que cada frase pronunciada por los acusados sería traducida a continuación y no al mismo tiempo, invocando su derecho a expresarse en una de las leguas cooficiales del Estado.

“Mis defendidos hacen esta petición sin ninguna intención perturbadora”, simplemente, dijo, se expresan mejor en su lengua materna. “A mí me pasa también, pero yo voy a hacer un esfuerzo, lo estoy haciendo, lo voy a hacer, pero es que a mí no me piden 16 años de prisión”.

Contrario a la traducción sucesiva, Pina dijo que con este tipo de traducción “se pierde la espontaneidad” y advirtió al tribunal que de no ser tenida en cuenta su solicitud “dejaré denunciado el derecho vulnerado y su discriminación”. Un argumento que podría ser esgrimido en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El abogado de Rull, Turull y Sánchez pidió, además, la “suspensión del juicio por unos días” por no tener a disposición todo el acerbo probatorio admitido por la sala. Se refería a una serie de documentos solicitados a distintas administraciones que, por el momento, no han sido remitidas al tribunal. “No parece razonable empezar el juico sin tener las pruebas documentales. No estoy pidiendo nada del otro jueves”.

“Ellos (los acusados) preferirían un juicio lo más rápido posible, pero lo importante es respetar los derechos”, por lo que abogó por no sacrificar ninguno de esos derechos: “No nos tiene que importar si el día 26 de mayo hay una elecciones o la final de la Champion”, remachó.

Además, el abogado propuso al tribunal la aceptación de una nueva prueba que consiste en incorporar las estadísticas de los servicios de emergencia de la Generalitat que recogen las personas que fueron tratadas como consecuencia de las protestas y las intervenciones policiales.

Además, durante su intervención, reiteró la petición de que el rey Felipe VI y el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont acudan al Supremo a declarar. El abogado dijo que el Rey está exento de declarar pero que eso no quiere decir que "la ley lo prohíba". Sobre Puigdemont, solicitó la declaración del expresidente por viodeoconferencia, "aunque entiendo la incomodidad para el procedimiento". Al finalizar la intervención del letrado, el presidente de la sala acordó un receso de 45 minutos.

En los pasillos del Congreso de los Diputados y al hilo del comienzo del juicio contra los líderes del proceso independentista catalán de octubre de 2017, Rivera lo justificó como el enjuiciamiento de “aquellos que intentaron romper España” y dividieron familias y la sociedad catalana y deseó “que se haga justicia”, precisando que “justicia no es impunidad: es que no se indulta”.

“En vez de lamentarse, lo que tenían que hacer es haberlo pensado antes”, espetó sobre los procesados, antes de añadir: “Me comprometo a que, si soy presidente del Gobierno, no haya indultos ni impunidad para amigos del Gobierno o a cambio de escaños”. El líder de Cs llamó a respetar a los jueces y denunció que “algunos han intentado condicionar, meter presión a los jueces, acosarlos”, por haber instruido la causa en Cataluña.

Sobre el posible adelanto electoral, Rivera dijo que espera que el presidente del Gobierno “convoque elecciones cuanto antes”, porque “lo mejor es acabar con esta agonía”. En su opinión, los Presupuestos “pactados en la cárcel”, según los describió atribuyéndolos a la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al de ERC, Oriol Junqueras, a la cárcel de Lledoners, “ya son malos”, pero empeoran aún más “si eso hace que la legislatura agonice”. Por ello, concluyó, prefiere que “un nuevo Gobierno salido de las urnas haga los Presupuestos”.

Los policías impidieron a Rufián superar este perímetro porque se comprobó que no estaba entre los acreditados para asistir al juicio. En todo caso, las fuentes consultadas indicaron que el diputado de ERC podría haber franqueado este primer cordón si se hubiera identificado como parlamentario del Congreso, aunque, de haberlo hecho, tampoco podría haber entrado en el Supremo, ya que no se había acreditado para la sesión inaugural del juicio del ‘procés’.

En este sentido, entrevistado por TVE, Rufián sostuvo que los agentes no le habían dado ninguna explicación para impedirle el paso. “La respuesta es ‘no pasa nadie’. Es un escándalo”. Asimismo, desde la calle Génova, en las inmediaciones del Supremo, el diputado catalán dijo a los periodistas que "si fuéramos Vox nos dejarían pasar".

Según explicó, él y otros simpatizantes independentistas trataron de acceder a la Plaza de la Villa de París para atender a los medios de comunicación, pero no les dejaron pasar. Añadió que emplearon una hora en intentar acceder al Supremo, algo que no consiguieron.

Así lo aseguró en el Pleno del Congreso de los Diputados durante su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para defender el proyecto de cuentas públicas, en cuyo inicio se centró especialmente en referirse a las dos formaciones independentistas catalanas, que han presentado enmienda a la totalidad para rechazar el proyecto de cuentas públicas. La ministra criticó la “ensoñación” de estos partidos sobre “que el Gobierno iba a aceptar lo inaceptable a cambio de su apoyo”.

“Se equivocaron”, afirmó, añadiendo a continuación que sus exigencias son “radicalmente incompatibles” con el objetivo del Ejecutivo y que “es imposible que adoptemos medidas o actitudes ajenas a las competencias constitucionales o que atenten contra la división de poderes y los principios y valores fundamentales del orden constitucional”. En este sentido, Montero indicó que el Gobierno socialista “siempre ha apostado por la vía del diálogo político dentro del marco de la Constitución” y que “ese ha sido siempre el límite”.

Por otro lado, Montero señaló que “me hubiera gustado que este debate no se hubiera producido en la semana de inicio del juicio del 'procés'”, al considerar que “ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos, dificultando en extremo el debate serio y reflexivo que se necesita en el debate sobre los Presupuestos que este país necesita”. En cualquier caso, la titular de Hacienda destacó el papel de la justicia “como poder independiente que organiza su actividad en los plazos que considera mejor”.

Además, la ministra también denunció el interés electoralista y la “irresponsabilidad de PP y Ciudadanos” y que, ante la mayoría parlamentaria que suman las formaciones que han presentado enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, “todo indica que el independentismo votará en contra de unos PGE sociales buenos para Cataluña y la derecha en contra de unos PGE sociales buenos para España”. “Viven más en la confrontación que en las soluciones”, les echó en cara a las cuatro formaciones.

Montero reivindicó el espíritu del consenso y del diálogo como guía para avanzar como sociedad 40 años después de la aprobación de la Constitución, y criticó por ello a quienes elogian al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez "pero se muestran en las antípodas con su comportamiento" y vierten "la misma catarata de insultos y descalificaciones" que él sufrió pero ahora contra Pedro Sánchez.

Juzgó "lamentable" que algunos partidos se intenten erigir como "propietarios" de la Constitución, que solo pertenece a los ciudadanos. "No tienen derecho a utilizarla ni a manosearla como arma arrojadiza para generar enfrentamiento y división", les dijo. En ese sentido, alertó de que algunas posiciones "no se sostienen", como acusar de ilegitimidad a un gobierno elegido por un proceso plenamente constitucional, como es la moción de censura.

Llamó por ello a la responsabilidad y aseguró que el Gobierno se siente obligado a tratar de "revertir esta situación, rebajar la tensión y reconstruir puentes", como considera que le compete a todas las formaciones políticas, ya que "la mayoría de españoles quiere rebajar la crispación y encontrar una solución pacífica y dialogada" a la situación en Cataluña.