Así lo refleja el segundo control del 'Observatorio de precios navideños' que elabora la OCU a partir de las referencias de una selección de 15 de estos productos en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla.

Con respecto a los precios de finales de noviembre, los recogidos justo después del puente de diciembre, OCU advierte que de los 15 productos analizados ha habido tantos descensos (7), como aumentos (7), y un producto, los langostinos, que no ha variado su precio. Entre las subidas, aparecen también la pularda (6,3%) las almejas (4,6%) la lubina (3,9%) y la ternera (1,3%).

Por el contrario, las mayores bajadas de precios se han dado en ostras y percebes, que empezaron la Navidad con incrementos de precios muy elevados, que se han ido moderando a medida que han empezado a ser más frecuente su presencia. Las angulas han bajado un 30,3%, y los percebes (16,8%). Aun así, mantienen precios muy elevados y al alcance de muy pocos.

El resto de las bajadas son mucho más moderadas y se centran en las carnes y los productos vegetales. El jamón ibérico (-3%) La lombarda (-2,9%) el cordero lechal (-2,3%) el pavo (-1,7%) y la piña (-1,2%).

Aun así, si se comparan los precios con los obtenidos en años anteriores se sigue observando que los precios de los productos de alimentación típicamente navideños son mucho más caros que otros años.

En cuanto a lo que queda de diciembre, OCU prevé que esta semana habrá nuevas subidas, más acusadas en los días cercanos a las fiestas navideñas, por lo que advierte que aquellos consumidores que quieran ahorrar en las comidas de navidad deberán optar por productos alternativos o pagar unos precios más elevados.

El registro de la NASA, hecho público este lunes y al que tuvo acceso Servimedia, indica que la temperatura de la superficie terrestre y oceánica del planeta de noviembre de 2018 superó en 0,77ºC la media del periodo de referencia de ese mes entre 1951 y 1980.

Se trata del quinto registro de noviembre más alto en 139 años, sólo por detrás del de 2015 (+1,02ºC), el de 2016 (+0,90), el de 2017 (+0,85) y el de 2013 (+0,78), y empatado con el de 2010 (+0,77).

En el mapa de la NASA se observa que los principales aumentos térmicos en noviembre se produjeron en una zona que abarca Alaska, el este de Rusia y la parte del Ártico que separa ambas zonas (mar de Chukchi), donde los termómetros marcaron entre 4,0 y 5,8ºC más de lo normal, así como en resto de la región ártica, Escandinavia y el este de Asia (de 2 a 4ºC más).

Por el contrario, noviembre resultó ser más frío de lo habitual en toda América del Norte salvo Alaska y el oeste de Canadá (sobre todo en el este de esta región americana, donde en algunas zonas hizo entre 2 y 4ºC menos de lo habitual), así como en el centro de la Antártida (donde hubo 1ºC menos que de constumbre).

En cuanto a España, el pasado noviembre fue normal en temperaturas porque el valor medio se quedó en 11,3ºC, lo que supone 0,3ºC más de lo habitual teniendo en cuenta como periodo de referencia el que va de 1981 y 2010. Se trata del 17º noviembre más cálido desde 1965 y el octavo más caluroso desde el inicio del siglo XXI, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA recopila datos mundiales de temperatura gracias a unas 6.300 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el planeta e instrumentos en buques y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar, así como estaciones de investigación situadas en la Antártida. El registro histórico comienza en 1880 porque las observaciones anteriores no cubrieron suficientemente el planeta, sino sólo una parte de él.

Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull firman la carta, de la que han trasladado copia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa carta, piden la atención de las autoridades comunitarias "por una situación que entendemos muy grave, que sucede en el Reino de España y que afecta directamente a las reglas, los principios y los valores fundacionales de la Unión Europea".

Explican que son nueve personas (la expresidente del Parlamento de Cataluña, 6 exmiembros del Gobierno de Cataluña y 2 líderes de la sociedad civil) "que estamos en prisión sin juicio, algunos desde hace más de un año" acusados de rebelión "por haber promovido un referéndum pacífico en Cataluña el 1 de octubre del año pasado.

"Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho de representación política, y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías", explican.

Una de las consecuencias más graves de esa situación, prosiguen, es "el bloqueo que nos impone el Tribunal Constitucional español y que nos impide acceder a la Justicia Europea. Lo hace mediante dilaciones indebidas en la resolución de nuestros recursos de amparo", precisan, ya que la legislación y la doctrina establecen un periodo máximo de treinta días para resolver los recursos contra las órdenes de prisión provisional y, aunque el primer recurso de amparo se presentó el 22 de noviembre de 2017, no se ha contestado a ninguno de ellos.

Explican los firmantes que esa situación "injusta" les ha llevado a iniciar una huelga de hambre para denunciar ese bloqueo al acceso a la Justicia Europea, y que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen depositadas "nuestras esperanzas de Justicia y de protección de nuestros derechos fundamentales".

Denuncian la politización de los máximos órganos judiciales y del propio Tribunal Constitucional, un "problema conocido" que ha merecido las recomendaciones del Consejo de Europa a través del grupo Greco. Con la huelga de hambre, "una de las pocas acciones políticas de denuncia que pacíficamente se pueden llevar a cabo desde una cárcel, nos sentimos directamente defensores de las reglas y de los principios y valores fundacionales de la Unión Europea".

Aseguran que la carta pretende poner a esas autoridades "al tanto de una situación que en la Europa del siglo XXI creemos sinceramente que no debería producirse en ningún caso". "Conscientes de donde están los límites de la división de poderes, pensamos que esta denuncia no caerá en saco roto, seguro entre aquellos que hacen de los derechos fundamentales una divisa de su compromiso político e incluso ético", concluyen.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando se iniciaron las gestiones para localizar a un ciudadano serbio que había intentado violar a una mujer en la ciudad alemana de Stolberg. Las investigaciones mostraron que, tras cruzar Bélgica y Francia durante su huida, podría encontrarse en Barcelona.

El permanente contacto entre los investigadores alemanes y la Policía Nacional permitió averiguar que el sospechoso podría encontrarse en la cafetería de un céntrico hotel de la ciudad condal. Los agentes se desplazaron de forma inmediata hasta el lugar y detectaron la presencia del individuo en las inmediaciones del hotel, por lo que procedieron a su detención.

Se trata de un ciudadano serbio nacido en 1980 y al que no le constaba ningún antecedente policial en España. Tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega por el suceso de Stolberg, en el que trató de violar a una mujer en el momento en el que accedía a su vivienda. Previamente la había perseguido, empujado violentamente y amenazado de muerte si gritaba y consiguió huir del lugar cuando un vecino acudió en su ayuda.

El detenido es un peligroso agresor sexual que, entre 2016 y agosto de 2018, permaneció en una prisión austriaca por otras dos violaciones. Tras ser repatriado a Serbia, se fugó a Alemania, donde se mantuvo hasta el intento de violación por el que ha sido arrestado.

DOS ASESINATOS

En la tarde de ese mismo día, la Policía Nacional detuvo a un segundo fugitivo. En esta ocasión se trataba de un ciudadano británico que se encontraba alojado en un camping de la localidad alicantina de Benidorm. Tenía una Orden de Detención Europea por una agresión en la que un hombre acabó gravemente herido. Los hechos ocurrieron durante la noche del 11 de julio de 2018 en la ciudad inglesa de Stainforth.

Nueve personas, algunas de ellas armadas con cuchillos, atacaron el establecimiento en el que se encontraba el hombre que resultó herido. Las cámaras de seguridad permitieron la identificación del detenido a quien no le constaban antecedentes policiales en España.

En el día posterior a estas dos detenciones, la Policía Nacional procedió en Madrid a la detención de un ciudadano venezolano que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención por delito de asesinato. El hecho delictivo se produjo en marzo de este año, cuando el detenido y otras personas acabaron presuntamente con la vida de un supervisor de la Policía Nacional Bolivariana y la de su pareja, a quienes dispararon en varias ocasiones en la ciudad de Caracas. Este tercer detenido tampoco tenía antecedentes policiales en España.

El magistrado toma esta decisión por si la actuación del expresidente pudieran constituir los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración, “sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares objeto de la presente pieza separada 5 que no hubieran prescrito”.

En un auto, De la Mata acuerda esta diligencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la reapertura de esta pieza por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a raíz de las declaraciones de Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio del 'caso Gürtel' que se celebró en el Juzgado Central de lo Penal por la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana.

El instructor señala que “lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps Ortiz con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada”.

Agrega que resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las autoridades superiores jerárquicamente a la acusada Dora Ibars y “que pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de FITUR 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro”.

En su resolución, De la Mata acuerda también tomar declaración como investigados a Salvadora Ibars, a Álvaro Pérez `El Bigotes´, a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a Cándido Herrero y, como testigos, a otras siete personas, entre ellas Ricardo Costa. Estas citaciones tampoco tienen fecha por el momento y se señalara en función de las disponibilidades de agenda del órgano judicial, explica la resolución.

PETICIÓN DE FISCALÍA

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez el pasado día 14 la citación como imputado al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación pública con la empresa Orange Market, vinculada a la 'trama Gürtel'.

Anticorrupción urgía al magistrado para que procediera a la citación de Camps antes de que finalice el año en curso para evitar una posible prescripción de los delitos que atribuye al expresidente valenciano, que ya se ha librado de imputaciones anteriores precisamente por prescripción.

Los delitos que el ministerio público atribuye a Camps están siendo investigados dentro de la pieza cinco de la macrocausa que trata de aclarar la actividad de las empresas de Francisco Correa y su relación con la financiación irregular del PP nacional y valenciano.

El pasado 27 de septiembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market para averiguar quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

La Sala admitía así la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción de reenviar al juez instructor del 'caso Gürtel', José de la Mata, esta pieza sobre las contrataciones de la Generalitat con 'Gürtel' y que estaba pendiente de ser señalada para juicio.

El ministerio público hizo esta petición basándose en las revelaciones que hizo Costa en el juicio. A tenor de lo que dijo, Dolors Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, podría haber recibido indicaciones para contratar a empresas del Grupo Correa entre los años 2004 y 2009. De ser así podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

Ibars dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, en manos de Camps, y el presunto delito estaría a punto de prescribir. Para evitarlo, la Fiscalía pide que se le impute antes de final de año, una petición que podría atender el juez.

En el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, Ricardo Costa aseguró que contrató elementos para actos de campaña a los que asistió el expresidente Mariano Rajoy por valor de 120.000 euros, que pagaron varios empresarios. Costa fue condenado en ese juicio a cuatro años de prisión.

Tras la reapertura de la investigación, Camps compareció ante los periodistas para asegurar que es “el hombre más investigado, analizado, perseguido, bajo lupa, microscopio; se me ha intentado ligar a cualquier tipo de cosas y nadie ha encontrado nada porque nunca nada ocurrió”.

El expresident de la Generalitat insistió en que no dio “ninguna instrucción” para adjudicar contratos a la 'trama Gürtel'. Ya en su comparecencia de abril ante la comisión que investiga los sobrecostes y la deuda millonaria de Feria Valencia, Camps dijo que no conocía a Orange Market “para nada” y que nunca puso en contacto a sus responsables “con nadie; bastante tenía con ser presidente de la Generalitat".

Ambas sentencias, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, señalan que la alegada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley “es prematura dado el momento procesal en el que se ha planteado, ya que permanece abierto un cauce procesal legalmente pertinente en el que dilucidar dicha cuestión en la vía judicial”.

Dicho cauce es “el planteamiento de un artículo de previo y especial pronunciamiento que solicitara la declinatoria de jurisdicción que fundamenta el motivo de amparo”. Por tanto, será en este momento cuando el Tribunal de enjuiciamiento con todos los elementos de juicio que arroje la instrucción y a la vista del contenido de las acusaciones que se hayan formulado, "puede resolver la cuestión planteada”. A partir de dicha decisión podrá ser evaluada su resolución desde el contenido del derecho al juez legal predeterminado por la ley consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución española.

En la demanda de amparo las recurrentes, acusadas de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a un Tribunal independiente e imparcial y prefijado por la ley (artículo 24.2); a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y a un recurso efectivo (artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

La sentencia, que analiza de un modo meticuloso la doctrina constitucional en los amparos, extrae una regla general que aboga por la inadmisibilidad de las pretensiones de amparo planteadas en procesos penales no concluidos. No obstante, dicha regla presenta excepciones en la jurisprudencia cuando las resoluciones judiciales afectan a derechos fundamentales de carácter sustantivo, como la libertad; cuando se denuncia la vulneración de derechos fundamentales procesales y en los casos de revocación de sentencias penales absolutorias que habilitan la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento.

En este contexto, el Tribunal examina si los motivos de amparo alegados por las recurrentes se encuentran entre los supuestos excepcionales aún antes de haber finalizado la causa penal en la que se plantean.

Así, respecto a la vulneración de imparcialidad de la Sala Penal del Supremo, la sentencia apunta que no se ha agotado la vía judicial porque “el cauce procesal adecuado para dirimir las dudas de imparcialidad judicial es el incidente de recusación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En cuanto a la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pues consideran que la competencia por razón de aforamiento es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no del Supremo, la resolución judicial señala que “las recurrentes (una declarada en rebeldía y la otra acusada) tienen todavía la oportunidad procesal de plantear al Tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo pronunciamiento, la declinatoria de jurisdicción que fundamenta su queja”.

En este sentido, la sentencia subraya que en este caso lo que ocurre es que, “al tratarse de una causa penal que se sigue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no es posible utilizar el cauce ordinario de la cuestión de competencia, no sólo porque no exista superior jerárquico común, sino porque el art. 21 LECrim impide a cualquier juez, Tribunal o parte promover cuestión de competencia contra el Tribunal Supremo”.

Por tanto, “para cuestionar la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha de acudirse, como cauce procesal idóneo para decidir la competencia penal, a la declinatoria de jurisdicción, que ha de plantearse ante el Tribunal de enjuiciamiento”.

El 35% de total de las carreteras de Aragón presenta tramos de riesgo elevado, seguida por Cataluña, con el 16%, y de Asturias, con el 15,6%. En cuanto a kilómetros de riesgo elevado, Aragón también sería la comunidad autónoma con mayor número, con un total de 780,6, seguida de Castilla y León, con 747,3, y Castilla-La Mancha, con 430,9.

El estudio también desvela que los ocho primeros kilómetros de la N-642 en Lugo componen el tramo más peligroso de toda España, seguidos de 12 kilómetros en la carretera N-230 en Lleida (entre el PK 133,4 y el PK 145,5), que además repite por tercer año consecutivo como tramo de riesgo elevado, y de los más de 60 kilómetros de la N-260 en Girona (del PK 117,3 hasta el PK 179,5), y que de cada 10 accidentes mortales y graves que suceden en las carreteras españolas, aproximadamente dos corresponden a usuarios de ciclomotores y motocicletas.

Asimismo, tres tramos de riesgo alto en Lleida, Girona y Pontevedra repiten por tercer año consecutivo en el citado informe, al igual que el número de los accidentes de ciclomotores y motocicletas registrados en estos tramos, que han aumentado anualmente, representando un 23% del total.

El informe muestra un alto nivel de peligrosidad en más de 3.000 kilómetros, lo que supone un 12,1% sobre el total. Este dato mejora las cifras del EuroRAP 2017, cuando el porcentaje de riesgo se situaba en el 14,44% de la RCE.

Al analizar cómo se distribuyen los sectores de carreteras de la RCE en función del Índice de Riesgo, se observa que un 73,86% de los tramos presentan un riesgo bajo o medio-bajo, el 14,01% presenta un riesgo medio, y un 12,1% de los tramos presentan un riesgo alto o medio-alto, sumando 3.018 kms de la Red de Carreteras del Estado con riesgo elevado, una cifra inferior a la registrada el pasado año.

En cuanto al perfil del tramo de riesgo alto, es una carretera convencional, con calzada única, intersecciones al mismo nivel, con una intensidad media de vehículos diario por debajo de los 20.000, en el que los accidentes se producen principalmente por salida de la vía.

MOTOS

Por otra parte,el informe destaca que la A-7, entre el PK 169,1 y el PK 174,2 a su paso por Málaga, es el tramo más peligroso para los moteros, seguido por el que se ubica en la A-2 en Barcelona (entre el PK 605,1 y el PK 611,6), y los tres primeros kilómetros de la M-14 en Madrid.

A pesar de que en el 21,64% de los accidentes hay implicados vehículos pesados, la accidentalidad de este colectivo se ha reducido respecto al año 2016 en casi 90, hasta alcanzar los 242 en el año 2017.

Por tramos, el correspondiente a la A-1 en Burgos, entre el PK 329,3 y el PK 33,6,7, es el más peligroso de España, seguido de los 11 kilómetros de la A-3 en Madrid, entre el PK 10,5 y el 21,8, y de los siete kilómetros en la AP-2 en Huesca, entre el PK 133,7 y el PK 120,5.

Según informó el Ministerio del Interior a través de un comunicado, durante los últimos cuatro años el detenido desarrolló numerosas acciones presuntamente destinadas a favorecer e impulsar la actividad de Daesh, entre ellas “divulgar y extender la doctrina fundamentalista sunnita, realizar labores de captación directa y remota, favorecer el regreso de los ‘combatientes extranjeros’ a Europa o colaborar con otros yihadistas que aún permanecen en Siria”.

El detenido aprovechaba su cargo como presidente de una reconocida asociación cultural para difundir con mayor facilidad el credo yihadista entre los miembros de la comunidad islámica vasca. Entre sus proyectos estaba crear una escuela para adoctrinar desde la infancia a los niños musulmanes que acudiesen a ella.

Las investigaciones realizadas indican que el detenido adoctrinó a través de redes sociales a una persona que de manera sistemática enviaba material audiovisual al objeto de inocular en ella el pensamiento de hacer la yihad. Además de intentar aislarla de su familia, centró sus esfuerzos en que aprendiese marketing ‘online’ e idiomas para distribuir más eficazmente la propaganda de Daesh.

PERSONALIDAD VIOLENTA

El detenido llegó a amenazar con un arma blanca a agentes de la autoridad gritando “voy a matar policías”. Otra vez agredió a una pareja de policías, hecho por el que fue detenido por atentado contra la autoridad.

“El hecho de que el detenido alardease de su autoformación en la elaboración de artefactos explosivos caseros ha dirigido las acciones de la Policía Nacional a neutralizar esta amenaza”, remarcaron desde Interior.

La investigación, que ha contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y Europol, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Número 2 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El Observatorio Astronómico Nacional señala en un informe sobre el invierno, recogido por Servimedia, que el inicio de la estaciones viene dado, por convenio astronómico, por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el caso del invierno, esta posición se da en el punto de la eclíptica en el que el astro alcanza su posición más austral.

El día en que esto sucede, el Sol alcanza su máxima declinación sur (-23º 27’) y durante varios días su altura máxima al mediodía no cambia. Por eso, a esta circunstancia se le llama también solsticio (‘Sol quieto’) de invierno. En ese instante, en el hemisferio sur se inicia el verano.

El día del solsticio de invierno es el de menos horas de luz solar del año. Alrededor de esta fecha se encuentran el día en que el Sol sale más tarde y aquél en que se pone más pronto. Un hecho circunstancial no relacionado con el inicio de las estaciones se da también en esta época: el día del perihelio, es decir, cuando el Sol y la Tierra están más cercanos entre sí a lo largo del año. Es esta mayor proximidad al astro la causa de que el planeta se mueva más rápidamente a lo largo de su órbita elíptica y, por lo tanto, la duración de esta estación sea la menor.

El inicio del invierno puede darse, a lo sumo, en cuatro fechas distintas del calendario (del 20 al 23 de diciembre). A lo largo del siglo XXI, esta estación se iniciará en los días 20 a 22 de diciembre (fecha oficial española), con su inicio más tempranero en 2096 y el más tardío en 2003.

Las variaciones de un año a otro se deben al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol (duración conocida como año trópico).

EL DÍA DE MENOR LUZ SOLAR

Si se llama coloquialmente duración del día al tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del Sol en un lugar dado, el próximo viernes va a ser la jornada más corta. Como ejemplo, en Madrid esta duración será de 9 horas y 17 minutos, frente a las 15 horas y 3 minutos que duró el día más largo (que en 2018 fue el 21 de junio).

Hay casi seis horas de diferencia entre el día más corto y el más largo, lo que depende mucho de la latitud del lugar, ya que es nula en el ecuador y extrema (24 horas) entre los círculos polares y los polos. Precisamente, es en la Antártida donde algunos días al año alrededor del 21 de diciembre se da el fenómeno del Sol de medianoche, en que el astro es visible por encima del horizonte durante las 24 horas del día.

Se podría pensar que el día más corto del año será también el día en que el Sol salga más tarde y se ponga más pronto, pero no es así porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular sino elíptica y porque el eje del planeta está inclinado en una dirección que nada tiene que ver con el eje de esa elipse.

Ello también hace que un reloj solar y nuestros relojes, basados en un Sol ficticio, estén desajustados. El día en que el Sol se puso más pronto fue el 8 de diciembre, mientras que el día en que saldrá más tarde será el 5 de enero de 2019.

Por estas fechas se da también el máximo acercamiento anual entre la Tierra y el Sol, un fenómeno conocido como perihelio. En esta ocasión, el máximo acercamiento se dará el próximo 3 de enero, con una distancia de algo más de 147 millones de kilómetros, unos cinco millones menos que en el momento de afelio o de mayor distancia (5 de julio de 2019).

Durante el invierno, el cielo al anochecer estará dominado por Marte, Júpiter y Saturno, y el vespertino por Urano, al que se unirá Venus a mediados de febrero. También se producirán dos eclipses: uno total de Luna la noche del 31 de enero, que será visible en Asia, Australia y Norteamérica, y uno parcial de Sol, que podrá verse en la Antártida y el sur de Sudamérica.

ECLIPSES

Durante el invierno, el cielo al anochecer estará dominado por Marte y al amanecer por Venus, Júpiter y, desde mediados de enero, por Saturno, que será ocultado por la Luna el próximo 2 de febrero.

Entre los días 5 y 6 de enero de 2019 tendrá lugar un eclipse parcial de Sol que será visible en el noreste de Asia y el norte del océano Pacífico. El 21 de enero habrá un eclipse total de Luna que será visible en América, Europa y África, por lo que podrá verse en España.

El 2 de febrero de 2018 tendrá lugar una ocultación de Saturno por la Luna que será parcialmente visible desde la Península Ibérica y Baleares.

Celaá hizo esta afirmación a su llega al encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, que protagoniza esta mañana en la capital el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Antes de asistir a este acto, la portavoz del Gobierno fue preguntada por los preparativos del Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, cuya celebración ha sido cuestionada por dirigentes independentistas y ante la cual han anunciado movilizaciones grupos radicales como los CDR.

Respecto a la organización de esta reunión del Ejecutivo central en la capital catalana, Celaá se refirió a que “están trabajando los dos Gobiernos y todo se hará con normalidad”, en referencia a que el Gabinete de Pedro Sánchez y el de Quim Torra están colaborando para la organización de la convocatoria.

Aparte de la seguridad del Consejo de Ministros, una de las cuestiones que queda por dilucidar antes del viernes es si Sánchez y Torra tendrán un encuentro oficial, en el cual el presidente catalán ha asegurado que quiere hablar de un referéndum de autodeterminación.